La Justicia argentina ordenó la extradición del exsenador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa, quienes se encuentran detenidos con arresto domiciliario en Paraguay, acusados de integrar una red dedicada al lavado de dinero y de intentar contrabandear más de 200.000 dólares sin declarar.
La decisión fue tomada por el juez Rolado Duarte, tras el pedido de la fiscal adjunta Matilde Moreno, en el marco del proceso de extradición impulsado por las autoridades argentinas. Ambos detenidos fueron arrestados el pasado 4 de diciembre en el Puente de la Amistad, que une Foz do Iguaçú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay), cuando intentaban ingresar al país con una suma millonaria en efectivo sin documentación legal.
El senador Edgardo Kueider quiso cruzar a Paraguay con USD 200.000 sin declarar y lo detuvieron
El senador Edgardo Kueider quiso cruzar a Paraguay con USD 200.000 sin declarar y lo detuvieron
Este martes en la mañana fueron detenidos por la policía de Paraguay para iniciar el proceso de extradición a la Argentina. En el operativo también participó Interpol.
El juez paraguayo detalló que el próximo paso será “la audiencia identificatoria”, instancia clave, ya que allí “se les pregunta si se quieren someter al proceso de extradición simplificada”. Si lo hacen, se avanza “con el procedimiento de entrega” a las autoridades argentinas, agregó Duarte.
La acusación del caso Edgardo Kueider
Según la acusación presentada por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez, Kueider y su asistente fueron “hallados en flagrancia” y estarían vinculados a una organización criminal que operó entre 2017 y la actualidad, con la participación de las firmas BETAIL S.A. y EDEKOM S.A., utilizando mecanismos financieros tradicionales y activos virtuales para blanquear dinero de origen ilícito.
Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa
Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa.
Para los investigadores, los acusados aprovecharon su condición de funcionarios públicos para llevar adelante estas maniobras, incluyendo la adquisición de bienes, muebles e inmuebles para legitimar los fondos.
El caso fue caratulado como lavado de activos doblemente agravado y tentativa de contrabando de divisas. Las audiencias preliminares en Paraguay están previstas para los días 30 y 31 de julio. La pena en caso de sentencia sería hasta 2 años y 6 meses de prisión.