Los documentos que el Estado ya no podrá exigir
Una de las principales disposiciones establece el principio de “Solo una vez”, por el cual las dependencias provinciales no podrán solicitar información o documentación que ya se encuentre disponible dentro del sistema de interoperabilidad.
Esto significa que, cuando un organismo tenga acceso a determinados datos a través de la plataforma provincial, deberá obtenerlos por esa vía en lugar de exigir nuevamente su presentación al ciudadano.
Sin embargo, esta prohibición comenzará a aplicarse a medida que la información esté efectivamente incorporada al sistema, de acuerdo con el plan de implementación que establezca el Ejecutivo.
El decreto también dispone que los organismos deberán revisar sus procedimientos internos para identificar requisitos que obliguen a presentar documentación en papel o firmas manuscritas cuando exista una alternativa digital legalmente equivalente.
En esos casos, tendrán que impulsar las modificaciones correspondientes. La exigencia de documentación física solamente podrá mantenerse de manera excepcional, con una justificación del organismo y la aprobación de la Dirección de Modernización.
Además, la normativa contempla posibles sanciones administrativas para los agentes públicos que incumplan injustificadamente estas obligaciones, así como para los superiores que omitan supervisar su cumplimiento. En todos los casos deberá garantizarse el debido proceso y el derecho de defensa.
Documentos digitales con la misma validez que los físicos
Otro de los puntos centrales es la regulación del Portadocumento Digital Ciudadano, una herramienta que permitirá acceder a documentación oficial desde Mendoza por Mí.
El sistema podrá incorporar licencias de conducir, certificaciones de identidad, títulos, certificados de estudio y distintas constancias administrativas, entre otros documentos.
Según establece la reglamentación, los organismos dependientes del Poder Ejecutivo deberán aceptar los documentos disponibles en esta herramienta sin exigir sus originales físicos, siempre que se cumplan las condiciones técnicas de autenticidad y verificación.
Para garantizar su validez, la Dirección de Informática implementará mecanismos de control que podrán incluir códigos de verificación, enlaces digitales o consultas directas con los organismos emisores.
A su vez, se regula la Identidad Digital Única (IDU), que funcionará como mecanismo de identificación para acceder a servicios públicos digitales.
La herramienta contará con tres niveles de seguridad —básico, sustancial y alto—, que serán exigidos según la sensibilidad del trámite. Los mecanismos de autenticación podrán incluir contraseñas, doble verificación, datos biométricos o certificados digitales.
Una vez acreditada la identidad con el nivel de seguridad requerido, los organismos provinciales no podrán exigir credenciales adicionales para completar el procedimiento. Su utilización será gratuita para los ciudadanos en sus gestiones ante el sector público provincial.
De todos modos, la identificación digital no reemplazará la firma electrónica o digital cuando la legislación exija la suscripción formal de un documento.
Cómo funcionarán las notificaciones electrónicas
La reglamentación también introduce condiciones específicas para la Casilla Digital de Notificaciones, que funcionará como domicilio electrónico para recibir comunicaciones oficiales vinculadas con procedimientos administrativos.
Uno de los aspectos más relevantes es que las notificaciones se considerarán legalmente efectuadas el día hábil administrativo siguiente a su depósito en la casilla digital del destinatario, independientemente de que la persona abra, lea o descargue el mensaje.
Esto implica que los plazos administrativos podrán comenzar a computarse aunque el ciudadano no haya ingresado a revisar la notificación. El sistema deberá registrar automáticamente la fecha y hora de cada comunicación para garantizar su trazabilidad.
El decreto también aclara que los avisos complementarios enviados por correo electrónico o teléfono celular tendrán carácter informativo. Por lo tanto, la falta de recepción de esas alertas no invalidará una notificación depositada correctamente en la casilla digital.
En caso de fallas generalizadas del sistema, debidamente certificadas por la Dirección de Informática, los plazos administrativos quedarán suspendidos hasta que se restablezca el servicio.
Asimismo, se prevén excepciones temporales para personas que acrediten dificultades extremas de acceso a herramientas digitales o imposibilidades tecnológicas manifiestas.
Los plazos para digitalizar los organismos públicos
El decreto establece una serie de obligaciones y plazos para avanzar con la integración tecnológica de las distintas dependencias provinciales.
En primer lugar, cada organismo del Poder Ejecutivo deberá designar una Autoridad Digital Institucional dentro de los 30 días corridos posteriores a la publicación de la reglamentación.
Este funcionario tendrá a su cargo la coordinación de la estrategia digital, la integración de los sistemas y el cumplimiento de las obligaciones dentro de su jurisdicción.
Por otra parte, la Dirección de Modernización deberá publicar los estándares técnicos de interoperabilidad dentro de los 90 días corridos desde la entrada en vigencia del decreto.
Una vez publicados esos estándares, contará con otros 60 días corridos para elaborar el Plan de Interoperabilidad Provincial, que establecerá las prioridades, etapas y servicios que se incorporarán progresivamente.
Posteriormente, cada organismo deberá presentar su propio plan de integración digital dentro de los 60 días corridos siguientes a la publicación del plan provincial.
El proceso estará supervisado por un Comité de Alto Nivel, presidido por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que se reunirá al menos trimestralmente durante el primer año y semestralmente después.
En cuanto a los municipios, su incorporación al ecosistema digital no será automática. Las comunas podrán adherir mediante convenios específicos con el Ejecutivo provincial, en los que se definirán los compromisos y plazos correspondientes, respetando sus autonomías.
Protección de datos personales y seguridad informática
La reglamentación incorpora pautas específicas para el tratamiento de la información personal que administran los organismos públicos.
Entre las obligaciones se encuentran la protección de los datos almacenados, la limitación de su utilización a finalidades determinadas y la implementación de mecanismos de seguridad para prevenir accesos indebidos.
Los ciudadanos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de datos personales, de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación vigente.
Además, los organismos deberán comunicar los incidentes o vulneraciones de seguridad a la Dirección de Modernización y a la Dirección de Informática en un plazo máximo de 48 horas, conforme al protocolo aprobado.
La normativa también prevé evaluaciones de impacto antes de implementar sistemas que puedan representar riesgos elevados para los derechos de las personas.
En materia de administración de información pública, el decreto establece tres categorías: datos de acceso público, datos públicos con restricciones de acceso y datos reservados o protegidos. Cada dependencia tendrá que identificar responsables para gestionar y proteger la información bajo su administración.