La Cancillería investigará el incumplimiento de la Ley 26.659 en el archipiélago argentino. La medida no solo apunta a las petroleras operando sin autorización en la plataforma continental, sino también a sus accionistas y firmas prestadoras de servicios.
Argentina inició un proceso contra empresas y ejecutivos de petroleras que operan en Malvinas
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El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que la Cancillería de la República Argentina iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, que incluyen tanto a personas humanas como jurídicas, por desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin la autorización del país. La medida fue informada de manera oficial a través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente.
La investigación, dispuesta bajo instrucción directa del presidente de la Nación, buscará determinar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659. De corroborarse la infracción por realizar tareas vinculadas a los hidrocarburos en la plataforma continental argentina, se procederá a aplicar las sanciones correspondientes contempladas por la legislación vigente.
Una de las particularidades más relevantes del anuncio oficial es la amplitud de las actuaciones legales de la Cancillería. El proceso administrativo no se limitará únicamente a las compañías petroleras que operan de forma directa e ilegítima en el archipiélago.
De acuerdo con lo informado por las autoridades nacionales, las sanciones también se extenderán a los accionistas de estas empresas y a las firmas prestadoras de servicios que faciliten y den soporte logístico u operativo para que dichas actividades de extracción puedan llevarse a cabo.
La justificación política y de derecho detrás de esta medida fue expresada de forma tajante por el Gobierno: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión”. Las autoridades añadieron que la ocupación actual en las islas ha profundizado severamente su accionar recientemente, avanzando de manera directa sobre la extracción de recursos naturales pertenecientes al territorio nacional.
Finalmente, el comunicado presidencial firmado por Javier Milei catalogó la iniciativa como “un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación”. El texto concluye con un mensaje hacia la comunidad internacional, ratificando que el país no resignará su soberanía sobre las islas y que quienes pretendan lucrar violándola se enfrentarán a "toda la firmeza de la ley".
