Luego de 16 años, los municipios rinden cuentas a la DGE por fondos para infraestructura educativa

La Dirección General de Escuelas (DGE), en conjunto con el ministerio de Hacienda, avanzaron este año con los municipios para que regularicen y rindan cuentas de los fondos que llegan todos los años de Nación a la provincia, que se coparticipan y que tienen como destino específico la educación.

Hasta el momento son 8 los departamentos que han firmado convenios para diversos tipos de obras, y el Gobierno aguarda a los 10 restantes para terminar de blanquear los destinos específicos que tienen esos fondos que recibe Mendoza desde hace 16 años, que los coparticipó desde el comienzo y que los departamentos, si bien invierten todos los años en educación, nunca rindieron cuentas de esos recursos a la DGE ni a Hacienda.

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Según datos del ministerio de Hacienda, en este primer semestre del 2022, Mendoza coparticipó $2.696 millones a las 18 comunas, según la ley de Financiamiento Educativo 20.075, que se sancionó en 2006 durante la gestión de Néstor Kirchner y que destina recursos de Nación a las provincias con la finalidad de incrementar la inversión educativa.

En diálogo con José Thomas, director general de Escuelas, los fondos que han recibido durante años los municipios “no se rendían ni estaban discriminados”, por lo que este año se estableció un camino para mantener en regla la situación dentro del Gobierno y con los intendentes, para regularizar la situación.

“Algunos no sabían ni cuánto debían invertir en educación porque tampoco estaba explicitado en el dinero que recibían, estamos hablando de recursos que tienen desde siempre un destino específico, y hemos notado avances importantes”, manifestó el titular de la DGE.

Thomas evitó entrar en polémica con los municipios, ya que incluso años atrás el dinero que entraba por coparticipación no tenía el detalle de cuánto provenía de la ley de Financiamiento Educativo.

Recordemos que los convenios solicitados por la Provincia, generaron cierto enojo en los municipios, quienes sostenían que “desde siempre” invierten en educación más allá que no sea su ámbito, y que, en este caso, podría ser “más responsabilidad con el mismo dinero”.

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Lo cierto es que se propiciaron reuniones con los 18 departamentos “para que se establezcan parámetros de inversión según lo que necesita la DGE, y lo que mejor puede hacer cada comuna”, comentó el funcionario.

Según la ley de Presupuesto 2022 en su artículo 54, del dinero total que llega para educación a las comunas, un 30% debe ir destinado a “mejorar la inversión en educación, ciencia y tecnología, priorizando la habitabilidad de los establecimientos, equipamiento y conectividad”.

Convenios

“Es muy importante el mecanismo. El intendente tiene libertad para decidir en qué utiliza la plata dentro de una línea política educativa provincial”, marcó Thomas, quien añadió que aguarda terminar de definir convenios con los 5 departamentos que faltan, que son San Rafael, Luján, Las Heras, Lavalle y Tunuyán.

Además, insistió que las 18 comunas invierten constantemente en educación, pero no con todas han terminado de establecer esos convenios.

En base a esto, General Alvear, San Carlos, Tupungato, La Paz, Santa Rosa, Godoy Cruz, Rivadavia, Guaymallén, Capital y Junín, ya están invirtiendo la plata en diversas líneas de mantenimiento de escuelas.

En Alvear, sumado con San Martín, Maipú y Junín, también avanzarán en la edificación de nuevos establecimientos educativos. En tanto, Godoy Cruz, Junín y Rivadavia también firmaron convenios para mejorar la conectividad en las escuelas; mientras que Malargüe y La Paz priorizarán la construcción de playones deportivos.

De los municipios que más han recibido, están Guaymallén ($344 millones), Las Heras ($293 millones) y Godoy Cruz ($295 millones). En tanto, en el lote de los que menos reciben están Malargüe ($51 millones), Tupungato ($61 millones) y San Carlos ($64 millones).

Los Andes se comunicó con la mayoría de las comunas de la provincia, quienes dejaron en claro que más allá de esos montos específicos, “con recursos propios se están llevando a cabo planes de infraestructura educativa”, como ya se ha comentado en varias oportunidades.

Mendoza y el resto de provincias

Es el artículo 7 de la ley 20.075 la que crea un fondo afectado con parte de los fondos coparticipables y establece una “asignación específica de recursos” para “cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educativa”, que se ha ido prorrogando año a año y que quedó vigente mediante el decreto 88/22 que firmó el presidente Alberto Fernández.

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Mendoza, según sostuvo a Los Andes el titular de Hacienda, Víctor Fayad, fue “la única” que decidió coparticiparlo a los municipios desde el 2006, con el 18,8% del monto total y según la misma escala con la que se coparticipa el resto de recursos.

No obstante, en 2014 la Nación resolvió que ese dinero debía coparticiparse con los municipios, por lo que el resto de las provincias ha tenido discusiones en los últimos años sobre cómo sería dicho reparto, y de hecho varias jurisdicciones establecieron criterios distintos, con montos menores a este 18,8% que establece Mendoza.

Por ejemplo, Córdoba coparticipa “hasta la suma de $4.630 millones” al programa “Financiamiento Municipios y Comunas”, y al menos la mitad de ese monto debe destinarse al cumplimiento de los objetivos previstos en la creación del “Fondo Provincial para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales”.

Buenos Aires, por su lado, reparte el 16,1%, al igual que lo que es la coparticipación, del cual el 50% de los municipios del Conurbano deben invertirlo en infraestructura escolar; mientras que para el resto el porcentaje es del 40%.

En tanto, Santa Fe distribuye entre municipios y comunas con un criterio “idéntico” al de la ley de coparticipación municipal, pero con la “obligación de invertir la totalidad de los montos recibidos en fines educativos y mejora en infraestructura”.

Además, tal como establece el artículo 54 del Presupuesto 2022, entre las obligaciones que tiene la DGE están las de solicitar informes a los Municipios, “exigir que se reflejen en forma separada las partidas transferidas en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo y el destino aplicado a las mismas”, suscribir convenios de inversión educativa y dictar las normas complementarias, aclaratorias y/o interpretativas.

Según Thomas, el balance “es positivo por todos lados porque nos obliga a consensuar políticas educativas y nos ha habilitado otro canal de diálogo con los intendentes”. Pero agregó que el hecho que “la plata que es para educación se invierta para educación, es un primer avance”.

En tanto, para Fayad, este 2022 y el 2023 servirá como “etapa de transición o camino hacia la adecuación de estos gastos. No se trata de ser rigurosos o no, es importante saber y tener garantizado que el dinero que es para educación, se debe invertir en ese ámbito. A fin de año vamos a ver cómo se presenta la rendición de los gastos”.