Los abogados de la exmandataria explicaron que los fondos asignados a Lázaro Báez representaban menos del 1% del total de la inversión en obra pública.
Los abogados de Cristina Kirchner presentaron ante la ONU una nueva prueba en la causa Vialidad
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EFE
Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, dieron este martes una conferencia de prensa en la que brindaron detalles sobre la presentación que realizaron en las Naciones Unidas (ONU) respecto a la condena por la causa Vialidad por la que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.
Beraldi fue el primero en hablar y anunció "la incorporación de un elemento nuevo, una nueva prueba que confirma que la sentencia fue absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente".
En esa línea, agregó que "esas tres toneladas de prueba (presentadas por la Fiscalía) fueron desvirtuadas" por lo que las "imputaciones fueron absolutamente falsas". Allí dieron a conocer la nueva evidencia, que según los letrados probaría la inocencia de la ex jefa de Estado.
Precisó que "la fiscalía presentó como testigo en la Causa Cuadernos a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que mostró una planilla de Excel en la que se detallaba cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso" y subrayó: "Nosotros no habíamos podido ver eso antes".
Explicó que al tratarse de "información completa de todo lo que se había invertido en obra pública con ese fideicomiso, pedimos esa información e iniciamos una investigación".
Acerca de lo que hallaron, destacó: "Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de lo fondos que se le había dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%".
Por lo tanto, para Beraldi, "ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez". En este punto agregó que "sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados y que las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento".
A continuación resaltó: "Frente al carácter monumental del hallazgo me puse en contacto con mis dos colegas, ya que era una evidencia que excedía el derecho interno y que debía ser llevada al Comité de las Naciones Unidas".
La presentación busca que a la expresidenta le suspendan la inhabilitación para ejercer cargos públicos y revisar la prisión domiciliaria de 6 años por administración fraudulenta que cumple en su departamento de Constitución.
