A poco más de un mes de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, la Justicia mendocina ya registró nueve imputaciones directamente vinculadas con los cambios introducidos por la nueva normativa.
Los primeros datos oficiales muestran el impacto inicial de la reforma: nueve jóvenes fueron imputados por supuestos incorporados por la nueva legislación.
El balance inicial combina los datos de Justicia, Seguridad y la DRPJ y muestra cómo comenzó a aplicarse el nuevo régimen en Mendoza.
Foto:
Pagina oficial de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
A poco más de un mes de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, la Justicia mendocina ya registró nueve imputaciones directamente vinculadas con los cambios introducidos por la nueva normativa.
En concreto, Cuatro corresponden a adolescentes de 14 y 15 años, incorporados al sistema por la baja de la edad de punibilidad, y otros cinco a jóvenes de 16 y 17 años alcanzados por la ampliación de los supuestos previstos por la ley.
El dato surge de un informe judicial que abarca desde el 5 de septiembre hasta el 2 de octubre, por lo que se trata de un primer corte y la cifra puede aumentar a medida que se incorporen nuevas actuaciones.
En total, durante ese período hubo 19 adolescentes imputados, pero diez de ellos ya podían ser alcanzados por el régimen anterior. Según el propio reporte, el impacto directo de la nueva legislación representó el 47% de las imputaciones registradas.
La Ley Nacional 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y reemplazó el esquema anterior. Uno de los cambios centrales fue la reducción de la edad de punibilidad a 14 años, aunque también se modificaron los supuestos aplicables a adolescentes de 16 y 17.
En Mendoza, la entrada en vigencia encontró a la Provincia todavía en pleno proceso de adecuación normativa. El proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo fue sancionado definitivamente por la Legislatura el 30 de septiembre y posteriormente promulgado como Ley 9735, publicada en el Boletín Oficial el 8 de octubre.
La norma aprobó además el Código Procesal Penal Juvenil provincial y reorganizó la estructura judicial y administrativa vinculada a estos casos.
Uno de los primeros expedientes que mostró el alcance de la reforma ocurrió apenas tres días después de su entrada en vigencia. El 8 de septiembre, Cornejo confirmó públicamente que un adolescente de 14 años había sido aprehendido en Maipú por un robo agravado y que su situación sería tramitada bajo el nuevo régimen.
La causa fue calificada como robo agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en poblado y en banda y aparece incluida dentro del relevamiento judicial del primer mes. El adolescente fue imputado, aunque no quedó privado de la libertad. Según informó la Justicia, actualmente cumple una restricción domiciliaria mientras continúa el proceso.
El caso permite diferenciar la imputación de una medida de encierro, ya que la normativa contempla medidas alternativas y establece que la privación de libertad debe tener carácter excepcional.
Entre el 5 de septiembre y el 2 de octubre, la Justicia registró 19 expedientes con 25 adolescentes involucrados. De ellos, 19 fueron imputados. Por edad, dos tenían 14 años, dos 15, ocho 16 y trece 17. En consecuencia, la mayoría de los jóvenes relevados tenía entre 16 y 17 años: 21 sobre un total de 25.
También existe una concentración territorial. La Primera Circunscripción Judicial reunió 14 de los 25 adolescentes, mientras que la Segunda contabilizó siete y las dos restantes tuvieron dos casos cada una.
Entre los delitos investigados aparecen robos, hurtos, encubrimiento, amenazas agravadas, lesiones, tenencia ilegal de armas y homicidios, entre otras figuras.
El nuevo esquema también comenzó a recibir expedientes provenientes de la Justicia Federal. Hasta el momento, Mendoza recibió dos casos: un adolescente de 15 años y otro de 17, ambos vinculados con causas por tenencia de estupefacientes. Ninguno está privado de la libertad y los dos cumplen medidas de seguimiento territorial.
Ante la posibilidad de nuevas derivaciones, los ministerios de Seguridad y Justicia y de Educación, Cultura, Infancias y DGE trabajan en un convenio con autoridades federales para establecer criterios conjuntos de intervención.
Las conversaciones incluyen a María Gloria André, del Ministerio Público Fiscal Federal, y a Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
El objetivo es definir cómo se tramitarán las causas federales que involucren a menores de edad y cómo se articularán los dispositivos provinciales cuando corresponda aplicar medidas del Régimen Penal Juvenil.
El Ministerio de Seguridad y Justicia elaboró por separado su propio reporte sobre la aplicación inicial del régimen. En este caso, el universo relevado son abordajes policiales, que no equivalen necesariamente a expedientes judiciales ni a imputaciones.
El acumulado informado asciende a 42 intervenciones: 31 en Zona Centro, diez en Zona Sur, una en Valle de Uco y ninguna en Zona Este.
El detalle entregado por la cartera comprende hasta ahora las primeras tres semanas, entre el 5 y el 25 de septiembre, período en el que se individualizaron 29 abordajes. Todavía resta incorporar la cuarta semana. Por ese motivo, los números de Seguridad y Justicia no pueden compararse de manera lineal.
No toda aprehensión termina necesariamente en una causa penal y algunos expedientes podrían no haber sido incorporados todavía al corte judicial que finalizó el 2 de octubre. Durante las primeras tres semanas relevadas, Seguridad contabilizó ocho abordajes en la primera semana, cuatro en la segunda y 17 en la tercera.
La implementación del nuevo régimen también derivó en cambios dentro de la estructura policial. El Ministerio de Seguridad y Justicia creó una Jefatura Provincial de las Unidades de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA) para centralizar su conducción y unificar criterios de intervención.
Las UPANA son los dispositivos a los que pueden ser trasladados transitoriamente los adolescentes luego de una aprehensión, mientras el fiscal define su situación.
El Código provincial establece que el fiscal penal juvenil tiene un plazo máximo de tres horas para decidir si el adolescente permanece en una UPANA o si es reintegrado con un familiar o referente responsable.
Otro de los datos del primer mes es que ningún adolescente de 14 o 15 años ingresó al exCose con una medida judicial de privación de la libertad.
Así lo informó el director de Responsabilidad Penal Juvenil, Daniel Patiño, quien explicó que el organismo ya tiene previsto un sector específico para esa franja etaria en caso de que la Justicia disponga una medida de encierro.
Sí existen menores de 16 años bajo otras modalidades. La Unidad de Medidas Alternativas realiza actualmente seguimiento territorial sobre cinco adolescentes menores de esa edad.
En total, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil mantiene alrededor de 450 casos bajo medidas alternativas y 47 adolescentes privados de la libertad. El centro de internación posee 85 plazas habilitadas.
La Ley 9735 formalizó además una Unidad de Privación de Libertad Juvenil y otra de Medidas Alternativas, destinada a ejecutar programas comunitarios, regímenes abiertos y otros dispositivos.
La implementación quedó también bajo seguimiento de la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura, que recorrió las instalaciones de la DRPJ y consultó por las condiciones de alojamiento, seguridad, educación y reinserción.
Desde la Dirección sostienen que parte de las mejoras comenzaron antes de la sanción de la ley. El centro cuenta actualmente con 120 cámaras de seguridad, detectores de humo y alarmas de movimiento.
Además, se remodelaron comedores, patios y sanitarios en uno de los sectores y continúa la obra del área de recepción, con un avance cercano al 70%. También se incorporaron 54 radios Tetra para los operadores.
Para 2027, la Provincia proyectó nuevas intervenciones, entre ellas la ampliación de la escuela que funciona dentro del establecimiento y la apertura de residencias en el Sur y el Este provincial.
