La Suprema Corte incluyó el Polo Judicial en su proyecto de Presupuesto 2027. La obra todavía deberá superar la instancia del Ejecutivo y la Legislatura.
La obra para concentrar las dependencias judiciales fue incorporada a la pauta 2027 de la Corte. Su ejecución dependerá del Presupuesto provincial.
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Mientras la Justicia de Mendoza avanza con un plan de infraestructura que incluye nuevos edificios en distintas circunscripciones, en General Alvear volvió a tomar fuerza un reclamo histórico: la construcción de un Polo Judicial que concentre las dependencias que actualmente funcionan en distintos puntos de la Ciudad del departamento.
El pedido reapareció durante las últimas semanas en el Concejo Deliberante y en la Legislatura provincial. El planteo cobra relevancia frente al avance de otros proyectos del Poder Judicial, entre ellos el Polo Judicial de Tunuyán, que se encuentra cerca del 90% de ejecución y cuya inauguración está prevista entre octubre y noviembre, además de las obras desarrolladas en la Primera Circunscripción Judicial.
En ese contexto, la Suprema Corte confirmó a Los Andes que incluyó el Polo Judicial de General Alvear dentro de su proyecto de Presupuesto 2027, que ya fue remitido al Ministerio de Hacienda.
La incorporación representa un paso para una obra reclamada desde hace décadas, aunque todavía deberá quedar contemplada en la pauta de gastos que el Ejecutivo provincial envíe a la Legislatura y superar posteriormente el tratamiento de diputados y senadores.
Por el momento tampoco existe un monto definitivo. Desde la Corte explicaron que el proyecto podría sufrir modificaciones, pero señalaron como referencia una inversión cercana a la realizada para el Polo Judicial de Tunuyán, que rondó los $14.000 millones.
Actualmente, las principales dependencias judiciales de General Alvear funcionan en distintos inmuebles, los cuales son alquilados.
El Juzgado Civil, Comercial y Minas está en Paso de los Andes 555 y el Juzgado de Familia, en Intendente Morales 155. También hay oficinas vinculadas al Ministerio Público Fiscal en la Comisaría 14°, en Alvear Oeste y San Rafael, y en el Destacamento Constitución, sobre Edison 600. También está el Juzgado Penal Colegiado N° 2 en calle Olascoaga 203.
El proyecto permitiría concentrar buena parte de esa actividad en un único complejo y trasladarla fuera del radio céntrico. El terreno destinado a la obra está ubicado en Avenida Alvear Oeste al 1300, junto a la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
El diputado radical Carlos Ponce presentó el 24 de agosto un proyecto que posteriormente consiguió media sanción en Diputados. La propuesta solicita que la Suprema Corte evalúe la factibilidad técnica, funcional, institucional y presupuestaria de avanzar con la unificación de las dependencias judiciales.
La iniciativa contempla distintas alternativas: construir un edificio, refuncionalizar o adaptar una propiedad existente o incluso alquilar un inmueble que permita concentrar las oficinas.
Como antecedente, Ponce tomó la Resolución 5753-26 del Concejo Deliberante de General Alvear, aprobada el 13 de agosto. Allí se solicitó a la Corte analizar la viabilidad de la unificación y al Ejecutivo evaluar los recursos necesarios en caso de que el proyecto resultara factible. El Concejo también pidió a los legisladores del Cuarto Distrito que realizaran gestiones para impulsar la iniciativa.
Por su parte, el senador radical Walther Marcolini impulsó una resolución aprobada por la Cámara alta el 1 de septiembre. El texto solicita a la Corte y al Ejecutivo avanzar con las medidas necesarias para construir el edificio sobre el terreno oportunamente donado para ese objetivo y pide contemplar una partida para iniciar los trabajos en el Presupuesto 2027.
La concentración de las dependencias judiciales es una demanda de vieja data en General Alvear. Uno de los antecedentes legislativos documentados se remonta a 2008, aunque el reclamo departamental es anterior.
Ese año, el actual intendente Alejandro Molero, por entonces diputado provincial, presentó un proyecto de ley para construir un edificio judicial. Los fundamentos ya advertían que las dependencias funcionaban en diferentes inmuebles alquilados y señalaban las dificultades administrativas que provocaba esa dispersión.
El expediente también daba cuenta de que el propio Poder Judicial tenía entonces un proyecto de “Reformulación Estructural de Gestión y Edilicia” que contemplaba la centralización de las dependencias de General Alvear.
La propuesta de Molero planteaba reunir en un mismo edificio oficinas administrativas y dependencias de distintos fueros. También proponía crear una Cámara Mixta de Competencia Múltiple para evitar que los alvearenses tuvieran que trasladarse hasta San Rafael para determinadas actuaciones.
Las gestiones continuaron posteriormente. En 2018 se avanzó con la donación de un terreno al Poder Judicial y en 2019 la Suprema Corte aceptó la cesión. Hubo nuevos intentos para poner en marcha el proyecto, aunque la construcción no llegó a concretarse.
La reactivación del reclamo también generó una controversia política dentro del oficialismo. La senadora de La Libertad Avanza Carolina Loparco cuestionó el “oportunismo” alrededor de las iniciativas y reivindicó a la concejal libertaria de General Alvear Florencia Morales como quien volvió a poner el tema en agenda este año.
El planteo se produjo en medio de las diferencias entre dirigentes vinculados al sector de Luis Petri y libertarios alineados con la conducción provincial de Facundo Correa Llano. Ponce y Marcolini pertenecen al radicalismo, aunque están identificados políticamente con el espacio de Petri.
Según Loparco, la iniciativa de Morales derivó en la Resolución 5753 aprobada por el Concejo. La senadora sostuvo que el 21 de agosto se enviaron correos a los legisladores para comunicarla, pero aseguró que algunas direcciones de representantes no oficialistas fueron consignadas incorrectamente y otras no fueron incorporadas.
Tres días después, Ponce presentó su proyecto. El diputado reconoce en sus fundamentos la resolución del Concejo y el pedido dirigido a los legisladores, aunque no menciona a Morales. La resolución de Marcolini tampoco hace referencia a la concejal.
“No estoy en contra de la unión de los pares para llevar gestiones a buen puerto, sin importar el partido político, pero sí estoy en contra del oportunismo”, afirmó Loparco.
La libertaria agradeció a Morales “por poner en agenda este tema tan importante para el pueblo de Alvear” y cuestionó las “chicanas, personalismos y oportunismo político” que, según sostuvo, aparecieron alrededor de las gestiones.
