Estados Unidos repudió el juicio a la Corte impulsado por el Gobierno y pidió “respetar las instituciones”

Estados Unidos pidió este martes “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes” en la Argentina ante el juicio político a los miembros de la Corte Suprema que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.

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Un portavoz de la cancillería estadounidense le aseguró al diario Clarín que siguen de cerca el avance de Fernández contra los magistrados del máximo tribunal y dejó un mensaje contundente para el Ejecutivo argentino: “Estamos al tanto de estos informes. Hacemos un llamado a todos los actores en la Argentina a respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”.

El Departamento de Estado, a cargo de Antony Blinken, recibe información de manera periódica de lo que ocurre en América Latina y en otras partes del mundo, por lo que el primero de enero pasado fue notificado de la decisión que había tomado Fernández contra la Justicia.

El Gobierno busca que el Congreso investigue “las conductas” de los jueces del Tribunal, que fallaron a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación, una decisión que dará más caja al alcalde opositor y futuro candidato presidencial Horacio Larreta. Quiere comenzarlo lo ante posible en sesión extraordinaria.

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La respuesta del gobierno de Biden a la ofensiva contra la Corte Suprema es la última reacción luego de una ola de rechazos que recibió el Gobierno nacional por este tema.

Días atrás se publicó un durísimo informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, que advirtió que la ofensiva hacia los jueces por parte de las autoridades argentinas “socava el estado de derecho”.

La propia directora en funciones para la Américas de la organización, Tamara Taraciuk, dijo en una entrevista que les preocupaba “enormemente” las “medidas y la “retórica hostil” de las autoridades argentinas contra el Poder judicial y que el pedido de juicio político a la Corte es “un muy grave ataque a las instituciones democráticas” y “un atropello al estado de derecho”.