El máximo tribunal ya puede pronunciarse y dejar firme el futuro de la expresidenta, sentenciada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner - Archivo
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El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, sostuvo el reclamo del fiscal general Mario Villar y pidió que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión -es decir, el doble de su pena-, al sumar el delito de jefa de una asociación ilícita en la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el que se conoce como el caso Vialidad.
“El fiscal general (Villar) explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, señaló Casal, quien también apoyó que se revoquen las absoluciones del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; y del expresidente de Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro.
Agregó que “efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna”.
Tras este dictamen, los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya se encuentran en condiciones de resolver la causa Vialidad, que inicialmente tuvo a CFK con una pena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Argentina atraviesa un año electoral en 2025 y la expresidenta podría ser candidata en la provincia de Buenos Aires o en las elecciones legislativas nacionales, por lo que su destino depende de lo que disponga el máximo tribunal como sentencia firme.
La Corte, además de la situación de la titular del Partido Justicialista, tendrá para resolver la del resto de los condenados en el juicio, entre ellos el empresario Lázaro Báez; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, José Periotti; y cinco exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz.
Además de duplicar la sentencia, confirmada allá por diciembre de 2022, Casal pidió que se decomise a los condenados sea de $5.321.049.272,42.
Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, reclama en la Corte su absolución. Adelantó que si el máximo tribunal confirma la condena acudirán a organismos internacionales. También, recusó al juez Lorenzetti, algo que la Corte también deberá resolver.