El PJ condiciona la aprobación del Presupuesto y asegura que Suárez “esconde números”

Con la finalización esta semana de las exposiciones sobre el Presupuesto 2023 de funcionarios del Poder Ejecutivo y dirigentes de los poderes Legislativo y Judicial, el oficialismo se abocará en los próximos días a encarar la discusión fina de la pauta de gastos, con la finalidad de tener el acompañamiento de la oposición a las tres leyes económicas (se suma Avalúo e Impositiva) para el último ejercicio de la gestión de Rodolfo Suárez.

El Presupuesto para el año que viene no presenta a simple vista complicaciones para el oficialismo, ya que no tiene déficit, mantiene un tope a impuestos patrimoniales por debajo de la inflación estimada por entidades financieras y hasta no pide la herramienta del roll over, que ha sido sin dudas un punto de debate y complicación constante entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, a la par no se advierte al momento una aprobación fácil por parte del Frente de Todos, ya que la fuerza opositora entiende que el Gobierno “esconde números”.

No obstante, el radicalismo niega las acusaciones y sumas que hace el peronismo, aguarda y asegura que en el transcurso del debate “se llegarán a consensos”. Además sostiene que los intendentes peronistas “están pensando en obras importantes para Mendoza”.

A pesar de esto, en el Frente de Todos condicionaron incluso la posibilidad de acompañar al Ejecutivo en la solicitud por U$S 282 millones que pidieron para realizar 4 grandes obras públicas, que son U$S 130 millones para un paquete de trabajos en el Gran Mendoza para eficientizar el uso del agua; U$S 22 millones para la segunda etapa de la doble vía del Este (Rivadavia - Junín - San Martín); U$S 15 millones para el acueducto ganadero Monte Comán - La Horqueta; y U$S 115 millones para la ampliación de la traza del Metrotranvía hacia el sur (Luján) y el norte (Las Heras).

“Deben blanquear el superávit con el que va a cerrar Mendoza este 2022″, expresó Nicolás Aroma a Los Andes. El contador, muy cercano a los hermanos Alejandro y Adolfo Bermejo, es uno de los principales asesores que tiene el peronismo, y junto con el jefe de bloque de la Cámara Baja, Germán Gómez, que responde a los hermanos Félix; más Mercedes Derrache, contadora santarrosina y una de las personas de confianza de la intendenta Flor Destéfanis, son quienes están llevando adelante los principales análisis sobre la pauta de gastos.

La principal sospecha es sobre el superávit que presenta Mendoza para el año que viene, del cual en el peronismo sostienen que será mayor al que prevé el ministro de Hacienda, Víctor Fayad. “Calculamos de forma conservadora que no será menor a $80.000 o $100.000 millones”, sostiene Aroma, quien asegura que esto es resultado de una situación de “crecimiento económico e inflación que hace que los recursos se ajusten más rápido, así como también las transferencias por coparticipación.

No obstante, el PJ dice que el aumento de recursos “no se ve complementado en los gastos o inversiones” de la provincia, y apuntan principalmente a salarios “rezagados” respecto a la inflación; mientras que ocurre “lo mismo” con las inversiones públicas, en la cual denuncian subejecución en el orden del 35% según los últimos datos que tienen de la Ejecución Presupuestaria.

De la misma manera se pronunció Derrache, quien dijo que “se proyecta un 2022 con amplio superávit. Si le sumas los 31.000 millones del 2021, llegamos a un número que te sorprendería ¿Para qué más deuda? ¿Para qué el roll over ? Sinceren las finanzas”, sostuvo en la red social Twitter.

¿Endeudamiento en duda?

Sobre esta base es que para el PJ “cambia y modifica todo el análisis del Presupuesto”, y es por eso que también ponen en manto de dudas a las obras que el Gobierno quiere realizar con financiamiento externo.

“Mendoza debe ir a una política de desendeudamiento. Con el superávit alcanza para pagar las deudas del año que viene e incluso afrontar las obras públicas sin pedir nuevos créditos”, esgrimen desde la Cámara Baja en el peronismo, y ponen en duda, al menos por ahora, el voto positivo necesario para el endeudamiento.

Sin embargo, desde el radicalismo creen que serán los intendentes del PJ quienes torcerán el brazo de los peronistas por ahora rebeldes. “Maipú ya hizo su presentación para las obras hídricas. Estamos en la misma sintonía que ellos, pensando en obras que puedan impactar para las próximas décadas”, acotaron.

En tanto, respecto a las críticas del PJ, indicaron que “exageran” el superávit, y agregaron dos cosas: por un lado, que se dará en estos meses un “fuerte crecimiento” de la obra pública (como ha planteado Mario Isgró, de Infraestructura); y que se viene una nueva negociación salarial con los gremios, en la cual también “se debe incluir el aguinaldo de diciembre”.

También habló otro diputado radical, quien expresó que “no se entiende de dónde sacan esos valores de superávit”. “Lo proyectado cómo remanente es de $19.000 millones. Inclusive estuvimos analizando el comportamiento de la recaudación y el saldo de caja cuando fue el ministro Fayad a la Legislatura”, acotaron.

De igual manera, se esperan dos sesiones de la comisión de Presupuesto por lo menos, y la UCR aguarda votar en Diputados entre la última semana de octubre y la primera de noviembre, si no haya contratiempos.

Terminan las exposiciones, arranca la negociación

Este viernes se dieron turno en el Anexo de Diputados los principales referentes de Fiscalía de Estado, el ministerio Público Fiscal, el ministerio Público de la Defensa, Tribunal de Cuentas, oficina de Ética Pública y la Suprema Corte de Justicia; quienes no sólo solicitaron -algunos- un mayor presupuesto para su área, como fue el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay sino que también explicaron a los diputados presentes de la comisión de Hacienda y Presupuesto qué harán con los recursos en el 2023.

En lo que corresponde a la Suprema Corte, para el año 2023 se prevé un plan de inversión centrado en dos ejes referidos a la “gestión judicial electrónica, abierta y eficiente”, y a “un plan de infraestructura”, detalló Garay.

“Estamos abocados a un proyecto que nos permitirá mejorar el servicio de justicia no sólo en infraestructura, como el Centro Cívico de Tunuyán; sino también en mejorar y profundizar la inversión en tecnología, que hasta hoy nos ha venido a ‘cambiar la cabeza’ al Poder Judicial y a mejorar el servicio a la ciudadanía”, expresó.

En este sentido, marcó la necesidad de “profundizar el desarrollo en innovación, que nos va a llevar a microdesarrollos”, y puso algunos ejemplos: “Les permitirá a los ciudadanos desde litigar sin gastos y sin trámites específicos, a divorciarse de forma rápida u homologar convenios laborales sin esperar los tiempos que hoy se demoran”.

De esta manera, pidió mayores recursos a la Legislatura, y expresó que la partida anual del Poder Judicial “es casi igual que la que se invertirá para ampliar el Metrotranvía”.