Este martes el juez federal Ariel Lijo le concedió una prórroga de 15 días al exfuncionario Manuel Adorni para presentar la justificación de sus bienes en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
El exfuncionario judicializó un pedido de más tiempo para reunir documentación tras un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, quien detectó inconsistencias patrimoniales.
Este martes el juez federal Ariel Lijo le concedió una prórroga de 15 días al exfuncionario Manuel Adorni para presentar la justificación de sus bienes en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
El pedido fue hecho por el fiscal federal Gerardo Pollicita, donde desde la fiscalía dijeron que Adorni registra 43 millones de pesos de gasto por encima de sus ingresos en la función pública y alrededor de $400.000 dólares cuyo origen se desconoce.
El lapso original para presentar el escrito vencía este 26 de agosto, pero ahora Adorni tendrá 15 días más, que se cuentan en días hábiles judiciales.
El abogado de Adorni, Matías Ledesma, justificó que necesitaba interrumpir el plazo actual para obtener la documentación y archivos que el fiscal Pollicita mencionó en el requerimiento de justificación de bienes.
“La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, expresa el requerimiento del fiscal.
En ese sentido, señala que “hubo un incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde que él asumió en la función pública en diciembre de 2023 y hasta que renunció en junio de este año.
Si la justificación que presenta el exvocero es considerada insuficiente por los investigadores, Adorni será citado a indagatoria. En la intimación, el fiscal enumeró 20 preguntas que Adorni debería responder, entre ellos, el origen de los dólares declarados, las operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero.
Además de explicar el financiamiento de las obras realizadas en su propiedad ubicada en el country Indio Cuá. Uno de los puntos claves se refiere a los 245 mil dólares que le abonó al contratista Matías Tabar para remodelar dicha vivienda.
Por otro lado, el pedido incluye preguntas sobre la compra y mejoras realizadas en el inmueble del barrio de Caballito, los ingresos no alcanzados o exentos del impuesto a las Ganancias, el dinero usado para los viajes al exterior, alquileres temporarios y gastos escolares.
La fiscalía también pidió detalles de la operatoria con criptoactivos y en particular, el origen del capital con el que el exfuncionario afirmó haber iniciado su inversión en bitcoin.