La Provincia extendió por un año la contratación con Clisa Interior para adquirir dos millones de raciones alimentarias.
La medida fue oficializada mediante un decreto publicado este viernes. El servicio contempla cuatro comidas diarias para los internos y también incluye al personal penitenciario.
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El Gobierno de Mendoza autorizó la prórroga del contrato con la empresa Clisa Interior S.A. para la provisión de alimentos destinados al Servicio Penitenciario Provincial. La medida contempla la adquisición de dos millones de raciones alimentarias, con un gasto estimado de $32.350 millones, que se distribuirá entre los ejercicios presupuestarios de 2026 y 2027.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1930, firmado el 15 de septiembre por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La contratación tiene como objetivo garantizar las cuatro comidas diarias de las personas privadas de la libertad alojadas en los establecimientos penitenciarios de Mendoza.
También incluye la alimentación del personal que cumple guardias de 12 y 24 horas, además de los cadetes que realizan su formación bajo la modalidad de internado.
De acuerdo con la documentación oficial, la extensión del servicio tendrá una duración máxima de un año o hasta que se agoten las dos millones de raciones previstas, según cuál de esas condiciones se cumpla primero.
El decreto establece que cada ración alimentaria tendrá un valor de $16.175,35, de acuerdo con la última actualización de precios aprobada por el Ejecutivo provincial en abril de este año.
Sobre esa base, la Dirección General del Servicio Penitenciario realizó una estimación de los recursos necesarios para afrontar la continuidad del contrato durante los próximos dos ejercicios.
Para lo que resta de 2026 se contempló la adquisición de 564.024 raciones, por un monto total de $9.123.285.608,40. Esta partida será financiada con recursos del presupuesto vigente del Ministerio de Seguridad y Justicia.
En tanto, para 2027 se proyectó la provisión de otras 1.435.976 raciones, con una erogación estimada de $23.227.414.391,60.
De esta manera, el costo total previsto para la prórroga asciende a $32.350.700.000, aunque el decreto también habilita a los organismos administrativos correspondientes a realizar ajustes en las imputaciones presupuestarias de acuerdo con el consumo efectivo de alimentos.
La distribución de las raciones contempla distintas modalidades de prestación. Mientras que las personas privadas de la libertad, los agentes penitenciarios con guardias de 24 horas y los cadetes internados reciben el racionamiento completo, para los trabajadores que cumplen turnos de 12 horas se establece una media ración.
La relación contractual que ahora se prorroga tiene su origen en una contratación autorizada por el Ejecutivo en febrero de 2025.
Posteriormente, mediante el Decreto 914/2025, el Gobierno adjudicó a Clisa Interior S.A. la provisión de cuatro millones de raciones alimentarias para los distintos establecimientos del Servicio Penitenciario Provincial.
El servicio original fue previsto por un período aproximado de dos años o hasta el agotamiento de las raciones contratadas. Sin embargo, el pliego de condiciones particulares también contemplaba la posibilidad de extender la prestación por un año adicional.
Durante la ejecución del contrato se produjeron modificaciones en los valores acordados. En ese marco, el 8 de abril de 2026, a través del Decreto 677, el Ejecutivo aprobó un convenio de adecuación de precios, reconocimiento de deuda y pago celebrado entre la Provincia y la empresa.
Ese acuerdo había sido firmado el 7 de enero por la ministra Mercedes Rus, en representación del Gobierno provincial, y Daniel Emir Sat, apoderado de Clisa Interior.
El valor unitario utilizado para calcular la nueva prórroga corresponde precisamente a la última adecuación de precios aprobada en ese procedimiento.
Ante la proximidad de la finalización de la prestación, las autoridades administrativas del Servicio Penitenciario solicitaron avanzar con la extensión prevista en el contrato.
La decisión fue comunicada a la empresa adjudicataria, que manifestó formalmente su conformidad para continuar brindando el servicio durante un año más.
La continuidad del contrato fue analizada por la Dirección Legal y Técnica del Servicio Penitenciario, que emitió un dictamen favorable a la solicitud presentada por las áreas administrativas.
El organismo fundamentó su posición en el artículo 132, inciso j, de la Ley 8706 de Administración Financiera, que permite prorrogar contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios bajo determinadas condiciones.
La normativa establece que esta posibilidad debe encontrarse prevista expresamente en el pliego original y que solo puede utilizarse una vez. En el caso de los contratos plurianuales, la extensión no puede superar un año adicional.
Asimismo, la legislación determina que las prórrogas no pueden operar de manera automática, por lo que requieren la correspondiente autorización administrativa.
En el expediente, los organismos jurídicos consideraron que la contratación reunía los requisitos establecidos y recomendaron avanzar con la firma del decreto.
El Ejecutivo también autorizó a los servicios administrativos del Ministerio de Seguridad y Justicia a realizar las imputaciones presupuestarias correspondientes a ejercicios futuros, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 8706.
Por último, se estableció que los organismos responsables podrán modificar la imputación preventiva registrada para 2026 en función del consumo real de raciones alimentarias durante la ejecución del servicio.
