Mediante una nota, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresó su "preocupación institucional" del impacto que podría tener que la expresidenta cumpla su condena en el departamento de calle San José 1111.
El Gobierno porteño presentó una nota advirtiendo las consecuencias de que Cristina Kirchner cumpla prisión domiciliaria en Constitución.
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NA / Damián Dopacio Mientras el Tribunal Oral Federal N.º 2 evalúa el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nota formal para advertir sobre las consecuencias negativas que podría generar el cumplimiento de la condena de la expresidenta en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Monserrat.
La presentación, impulsada por la Procuración General porteña por instrucción del jefe de Gobierno Jorge Macri, expresa la "preocupación institucional" ante el impacto que podría tener una custodia permanente sobre la movilidad urbana, la seguridad y la prestación de servicios en una zona de alta densidad y circulación constante.
Según detalla el escrito publicado por Infobae, desde que se confirmó la condena por corrupción en la causa Vialidad, se registraron cortes de calles, ruidos molestos y una sobrecarga operativa para las fuerzas de seguridad. El documento adjunta informes técnicos que señalan que una vigilancia sostenida alteraría de forma significativa la vida cotidiana en el macrocentro porteño, afectando a vecinos, escuelas y comercios.
Por ello, la Ciudad pidió que, en caso de concederse el arresto domiciliario, se implementen "medidas excepcionales" con intervención conjunta de autoridades nacionales y locales, para garantizar el orden público y el normal funcionamiento urbano.
En paralelo, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron este martes que debe rechazarse el pedido de prisión domiciliaria y que Cristina Kirchner debe cumplir su condena de seis años en una unidad del Servicio Penitenciario. Argumentaron que no existe justificación médica que impida su detención en una cárcel y que la edad no obliga automáticamente a concederle el beneficio, ya que la ley establece que “podrá” otorgarse.
También desestimaron los argumentos vinculados a su seguridad personal, indicando que esos riesgos pueden ser neutralizados en las unidades que propuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No obstante, si el tribunal resuelve otorgarle el beneficio, los fiscales solicitaron que se impongan “estrictas normas de control y seguimiento”.
La decisión final está ahora en manos del Tribunal Oral Federal 2, que podría pronunciarse en las próximas horas.
Mientras tanto, el peronismo organiza una marcha masiva en apoyo a la expresidenta, encabezada por Máximo Kirchner y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Se estima la participación de entre 500.000 y un millón de personas, en una caravana que partiría desde su domicilio hasta los tribunales federales de Comodoro Py. Hay dos recorridos en análisis: uno por avenidas San Juan, 9 de Julio y Libertador, y otro bordeando el Paseo del Bajo y la Casa Rosada.
Desde el entorno organizador aseguran que se tratará de una movilización "histórica", convocada bajo un llamado a la unidad dentro del espacio político. En la Ciudad, por su parte, se preparan para un operativo de seguridad de alto impacto. “Estamos expectantes, pero listos”, dijeron fuentes oficiales.