La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Karen Reichardt, presentó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto para establecer un régimen nacional destinado a regular criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales de compañía.
La iniciativa presentada por la diputada Karen Reichardt (LLA) generó cuestionamientos de sectores proteccionistas, que rechazan equiparar las exigencias para criaderos comerciales con las aplicadas a refugios y hogares de tránsito.
Karen Reichardt presentó en Diputados su proyecto para regular criaderos y refugios de mascotas.
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La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Karen Reichardt, presentó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto para establecer un régimen nacional destinado a regular criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales de compañía.
La iniciativa propone fijar presupuestos mínimos para el funcionamiento de estos establecimientos y contempla aspectos vinculados con el alojamiento, la alimentación, la higiene, la atención veterinaria y el bienestar de los animales. Además, reconoce a los animales como seres sintientes.
El proyecto incorpora como referencia los estándares internacionales conocidos como las “Cinco Libertades”, que abarcan aspectos relacionados con la alimentación, la salud, la seguridad, la posibilidad de desarrollar comportamientos propios de cada especie y la protección frente al miedo y el sufrimiento.
“Queremos establecer reglas claras y condiciones mínimas de cuidado para proteger a los animales y acompañar a quienes trabajan responsablemente en su rescate, atención y bienestar”, afirmó Reichardt durante la presentación.
La propuesta generó críticas entre sectores de la comunidad proteccionista, que interpretan que la regulación podría terminar legitimando el comercio y la explotación de animales en lugar de avanzar hacia una prohibición.
Uno de los argumentos planteados apunta a que la iniciativa contempla dentro de un mismo marco regulatorio a criaderos comerciales, organizaciones no gubernamentales, refugios y hogares de tránsito, pese a las diferencias que existen entre sus actividades.
Los proteccionistas cuestionan particularmente que se establezcan exigencias edilicias y de fiscalización similares para quienes desarrollan una actividad comercial y para quienes realizan tareas voluntarias de rescate y cuidado de animales abandonados.
También sostienen que, frente a la presencia de animales en situación de calle, las políticas públicas deberían priorizar la castración masiva y la adopción responsable, antes que la regulación del mercado de compraventa de animales de determinadas razas.
La iniciativa fija requisitos generales para la habilitación, funcionamiento, fiscalización y control de los establecimientos y de las personas que desarrollen actividades relacionadas con la cría, guarda, alojamiento temporal, tránsito, rescate, rehabilitación y refugio de animales de compañía.
Entre las medidas previstas aparecen mecanismos de identificación y trazabilidad, protocolos sanitarios y de emergencia, límites de capacidad para evitar situaciones de hacinamiento y la obligación de contar con un director técnico veterinario.
El texto también contempla disposiciones específicas de acuerdo con el tipo de establecimiento involucrado. En el caso de refugios y hogares de tránsito, establece la esterilización de los animales antes de su adopción y promueve mecanismos destinados a fomentar la adopción responsable.
Otro de los aspectos regulados es el transporte de animales de compañía. El proyecto fija condiciones mínimas relacionadas con la seguridad, la ventilación, la higiene y el espacio disponible durante los traslados, con el objetivo de disminuir situaciones de estrés y prevenir riesgos.
La propuesta incorpora además un régimen de sanciones para los casos en que se detecten incumplimientos de las disposiciones establecidas. Los fondos obtenidos mediante las multas, según el proyecto, deberán destinarse a programas y acciones vinculados con la protección, el bienestar, el cuidado y la tenencia responsable de animales.
Reichardt planteó que uno de los objetivos centrales es reducir las diferencias existentes entre las regulaciones de las distintas jurisdicciones y avanzar hacia un marco nacional común. De acuerdo con la legisladora, ese esquema permitiría fortalecer los mecanismos de fiscalización y contribuir a la prevención del maltrato animal, al establecer parámetros mínimos aplicables a las distintas actividades vinculadas con animales de compañía.
