Ese dinero puede trasladarse a períodos posteriores del mismo tributo, aunque también existen procedimientos administrativos para solicitar compensaciones o devoluciones.
La industria reclama cambios en las retenciones
En diálogo con Los Andes, Badaloni manifestó su respaldo al proyecto legislativo y cuestionó las dificultades que, según sostiene, enfrentan las empresas para recuperar los importes acumulados.
"Estamos 100% de acuerdo. Las cámaras lo vienen planteando hace cinco años", afirmó el dirigente industrial, quien señaló que los trámites necesarios para recuperar esos fondos pueden extenderse durante varios meses.
Según explicó, uno de los principales inconvenientes aparece cuando las empresas acumulan créditos tributarios que no logran utilizar, mientras deben continuar afrontando otros vencimientos.
"Vos armás un reclamo y te puede salir seis meses después. Si esperaste doce meses para que te devuelvan el dinero, esa devolución, que casi nunca te dan, es a valor histórico. Pero si te atrasás en pagar una patente, no pagás el valor histórico, sino el actualizado", cuestionó.
Mauricio Badaloni, representante de Cuyo en la UIA y expresidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM),
Ramiro Gómez / Los Andes.
Para Badaloni, esta situación genera una diferencia en el tratamiento financiero de las obligaciones entre el Estado y los contribuyentes.
"Si vos me debés, no me podrías seguir reteniendo. Pero, por otro lado, me deberías dar la posibilidad de compensar contra un nuevo tributo o impuesto", señaló.
En ese sentido, consideró que el proyecto representa un avance, aunque planteó que debería complementarse con mecanismos de devolución y reconocimiento de intereses cuando existan demoras en los reintegros.
"Si el Estado tiene un porcentaje que te cobra de interés por mora, también debería reconocer intereses por la deuda que mantiene con nosotros", expresó.
El representante regional de la UIA también pidió revisar los sistemas de anticipos y percepciones, al considerar que afectan el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas.
A su entender, la acumulación de importes retenidos por encima del impuesto determinado puede incrementar la carga financiera efectiva de los contribuyentes, incluso cuando las alícuotas legales permanecen sin modificaciones.
Qué propone el proyecto de Griselda Petri
La iniciativa presentada por la diputada radical, acompañada por otros legisladores, plantea crear un Régimen Digital de Compensación de Saldos a Favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
El mecanismo funcionaría mediante los servicios electrónicos de ATM. Los contribuyentes podrían consultar cuánto dinero tienen disponible, seleccionar el tributo que desean cancelar e indicar el importe que buscan aplicar.
Una vez realizadas las verificaciones automáticas, la operación quedaría registrada sin necesidad de iniciar un expediente individual ni obtener una autorización administrativa adicional.
El proyecto también contempla los créditos fiscales acumulados con anterioridad a su eventual entrada en vigencia, siempre que correspondan a períodos no prescriptos.
Griselda Petri, diputada de la UCR.
Prensa Petri
Además, establece que las compensaciones producirían efectos desde la presentación electrónica válida. De esta manera, las demoras posteriores atribuibles a la administración no generarían intereses adicionales sobre el importe utilizado.
La propuesta no modifica las alícuotas de Ingresos Brutos ni elimina los mecanismos de recaudación anticipada. Tampoco establece un nuevo procedimiento para devolver dinero, sino que busca simplificar su utilización para cancelar otras deudas tributarias.
La respuesta del Gobierno y los cambios que ya aplicó ATM
Desde el Gobierno provincial relativizaron la necesidad de avanzar con una nueva legislación, aunque las explicaciones brindadas sobre el funcionamiento de los mecanismos actuales fueron escuetas.
Ante la consulta de Los Andes, en el Ejecutivo provincial calificaron la iniciativa como una "solución para un 'no problema'", al señalar que desde el año pasado, cuando ATM detecta saldos a favor, se interrumpen las retenciones y se realiza la devolución correspondiente.
Incluso plantearon que la propuesta impulsada desde el sector identificado con Luis Petri favorecería "a las grandes empresas, no a las pymes". Sin embargo, desde el Ejecutivo no aportaron mayores precisiones sobre los plazos de devolución, los montos reintegrados ni la cantidad de contribuyentes que accedieron a esos procedimientos.
La postura oficial se apoya en las modificaciones introducidas mediante la Resolución General 29/2025 de ATM, que comenzó a regir el 1 de mayo de ese año.
La normativa redujo de seis a tres la cantidad de declaraciones juradas consecutivas con saldo a favor necesarias para acceder a la exclusión del SIRCREB, bajo las condiciones establecidas. También incorporó a contribuyentes de muy bajo riesgo fiscal entre los sujetos excluidos y modificó las alícuotas aplicables a determinadas actividades económicas.
Según los datos incluidos en los fundamentos del proyecto, la cantidad de contribuyentes alcanzados por el sistema pasó de 33.148 a 20.679, una reducción del 38%.
No obstante, la resolución distingue entre la exclusión de futuras recaudaciones y la utilización de los saldos existentes. Su artículo 9 establece que los créditos generados pueden trasladarse a las siguientes liquidaciones de Ingresos Brutos, sin establecer un mecanismo general de compensación digital con otros tributos.
Los cuestionamientos por la carga impositiva de las pymes
Más allá del proyecto legislativo, Badaloni extendió sus observaciones al esquema tributario que enfrentan las empresas mendocinas, particularmente en el acceso al financiamiento.
El integrante de la UIA cuestionó las alícuotas de Ingresos Brutos aplicadas a determinadas operaciones financieras y el costo adicional que representa el Impuesto de Sellos en los contratos bancarios.
Según planteó, estas cargas pueden representar un obstáculo para las pequeñas y medianas empresas que necesitan obtener créditos para sostener sus actividades. En ese marco, pidió avanzar con una reducción más amplia de Ingresos Brutos y revisar los tributos que gravan la formalización de operaciones comerciales.
También vinculó estos reclamos con la discusión del Presupuesto 2027, al considerar que una disminución más profunda de la presión tributaria debería acompañarse de una revisión del gasto estatal.
"Creemos que esa ley debería salir por amplia mayoría o por unanimidad, porque lo que está haciendo es corregir un defecto que ocasiona la percepción anticipada", concluyó.
El dirigente insistió en que, además de habilitar las compensaciones, debería revisarse el sistema de recaudación anticipada para evitar que continúen generándose saldos a favor difíciles de recuperar.