Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reforzaron el viernes sus alegatos para sostener que Cristina Kirchner fue la “jefa de una asociación ilícita” que llevó adelante un “plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos” del Estado, y ahora se espere que el lunes próximo finalicen sus presentaciones con los pedidos de condena para la vicepresidenta y el resto de los 13 imputados en la causa conocida como “Vialidad”.
“Fueron doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”, insistió Luciani al exponer de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Luciani repasó todos los elementos tendientes a ratificar su hipótesis, que indica que entre 2003 y 2015 existieron maniobras para direccionar los fondos destinados a la obra pública en Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
Al respecto, Luciani apuntó: “Todo muestra los beneficios garantizados a Lázaro Báez porque vemos, una vez más, que Lázaro Báez era Néstor (Kirchner) y Cristina Kirchner”. Para justificar sus planteos, el fiscal mostró mensajes entre Báez y el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, en los que, de acuerdo con su ponderación, se advierte que eran “contratistas contratantes, una misma parte”.
“Ahí está la plata que no pusieron en las rutas, en los bolsillos de quienes encabezaron la corrupción más grande en la historia de este país”, afirmó el fiscal, luego de señalar que Báez, con esas maniobras, se convirtió en “uno de los más grandes terratenientes del país”.
En tanto, Mola agregó que “la expresidenta tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel que dieron continuidad a estas maniobras delictivas”, y que “todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, que él era Néstor y Cristina Kirchner”.
Luciani aseguró que la compañía Austral Construcciones que fundó Lázaro Báez “fue creada para el direccionamiento y sustraer fondos ilegales del Estado”. “Cuando Cristina Fernández dejó el gobierno, la empresa desapareció, porque sólo podía subsistir bajo el amparo de la entonces presidenta”, advirtió el fiscal.
Mola incluso aprovechó para rechazar las denuncias públicas que realizó Cristina Kirchner, al señalar que las acusaciones contra su persona forman parte de una maniobra de persecución política y judicial. “El ‘lawfare’ no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción”, replicó el fiscal.
El próximo lunes Mola y Luciano formalizarán sus pedidos de penas para Cristina Kirchner, Lázaro Báez; López; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, entre otros.
El juicio continuará luego con la instancia de alegato de los abogados defensores y recién a fin de año se podría conocer la definición de los integrantes del TOF 2.
Audiencia sobre la causa Hotesur
En paralelo, el viernes se conoció que la Cámara Federal de Casación Penal fijó fechas de audiencia para octubre y noviembre con el fin de revisar el fallo que sobreseyó a los imputados del caso conocido como “Los Sauces-Hotesur”, entre los que también se encuentra Cristina Kirchner.
El presidente de la sala primera del máximo tribunal penal, Diego Barroetaveña, dispuso que la audiencia preliminar, preparatoria del trámite que se le dará a la discusión, se realizará el martes 4 de octubre, mientras que convocó a la audiencia de informes de las partes para el viernes 4 de noviembre a las 10.30.
Los abogados de los imputados, que fueron sobreseídos en 2021 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 se enteraron de la convocatoria mientras participaban, la mayoría de ellos, del juicio oral y público del caso Vialidad.
Esa superposición de juicios podría generar un eventual cambio en la fecha de la audiencia preliminar dado que el 4 de octubre cae martes y ese es uno de los días prefijados para las audiencias de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.
