El juez Lino Mirabelli imputó al mendocino extitular de la empresa estatal y a otros nueve acusados por la presunta contratación irregular de servicios de logística y el cobro de retornos.
Facundo Leal, expresidente de ARSAT.
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La Justicia Federal dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Facundo Leal, extitular de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), en el marco de una causa que investiga una compleja trama de corrupción y retornos en contrataciones públicas.
La resolución, firmada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, contempla la traba de un embargo por $3.000 millones sobre los bienes del exfuncionario y alcanza a otros nueve imputados, entre exgerentes de la compañía estatal y directivos privados.
De acuerdo con la investigación judicial, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 se montó un esquema para favorecer de manera sistemática a la firma privada Argentina Logistic Services (ALS). A través de 16 órdenes de compra de almacenamiento, transporte y logística, ARSAT abonó a esta compañía la cifra de USD 1.695.667,44 y $32.210.287,09.
Las maniobras investigadas incluyeron el direccionamiento directo de adjudicaciones, la simulación de competencia mediante presupuestos apócrifos enviados desde casillas de correo ficticias, sobreprecios y la facturación de servicios nunca realizados.
Asimismo, los peritajes revelaron que una de las supuestas empresas competidoras invitadas a cotizar pertenecía a familiares de los propios ejecutivos de ALS, mientras que otra firma desmintió haber participado del proceso licitatorio. A cambio de estas concesiones, los funcionarios públicos habrían percibido beneficios económicos consistentes en dinero en efectivo y financiamiento de viajes.
El expediente penal se originó en enero de 2024 tras la denuncia por el robo de cables de fibra óptica y materiales de cobre en un predio de San Fernando que ARSAT le alquilaba a ALS.
Las pesquisas determinaron que el depósito no cumplía con los requisitos de seguridad establecidos en el pliego licitatorio: el cerco electrificado no funcionaba, las cámaras de seguridad no grababan y el lugar contaba con un único vigilador por turno, lo que habría facilitado el hurto del equipamiento.
Al profundizar la investigación sobre los vínculos comerciales, la Justicia concretó allanamientos en las propiedades de Facundo Leal, donde se secuestró una suma superior a los 2,4 millones de dólares en efectivo. En su vivienda del complejo Torres Thays en Mendoza se incautaron USD 1.787.600 guardados en valijas, estuches de raqueta y medias.
En tanto, en su departamento del barrio porteño de Palermo se hallaron USD 803.754, divisas de otros países, equipos de espionaje profesional y diversos estupefacientes, entre los que se contabilizaron ketamina, cocaína, cristal MDMA, marihuana y pastillas sintéticas.
El magistrado procesó a Leal por negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
Pese a que el fiscal Fernando Domínguez solicitó su prisión preventiva, el juez dispuso mantenerlo en libertad dentro de este expediente. No obstante, el exfuncionario permanece bajo arresto domiciliario en el marco de una causa paralela por tenencia y comercialización de drogas.
La medida judicial también alcanzó al exsubgerente de compras de ARSAT Gerardo Boschín y a los exfuncionarios Pablo Pagani, Juan Andrés Navarro y Juan Antonio Álvarez. Por parte del sector privado, fueron procesados el presidente de ALS, Fernando Paredes, los directivos Diego Padilla, Gastón Padilla y Sofía Varela Vizgarra, el intermediario Santiago Pando y la propia empresa ALS como persona jurídica.
