El Gobierno de Mendoza intimó a la empresa concesionaria del Aconcagua Arena por el incumplimiento de los plazos establecidos para las obras de remodelación del estadio y prevé aplicarle una multa por las demoras.
La empresa incumplió el plazo de seis meses y pidió una prórroga. El Ejecutivo analiza el descargo y las sanciones previstas en el contrato.
La firma atribuyó las demoras a problemas de importación y fabricación de materiales. El Ejecutivo analiza si le otorga una prórroga.
Foto:
El Gobierno de Mendoza intimó a la empresa concesionaria del Aconcagua Arena por el incumplimiento de los plazos establecidos para las obras de remodelación del estadio y prevé aplicarle una multa por las demoras.
La firma presentó un descargo y solicitó una prórroga, que actualmente se encuentra bajo evaluación de las áreas legales de la provincia.
El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, confirmó a Los Andes que el plazo de seis meses previsto para completar las primeras intervenciones venció el pasado 26 de septiembre sin que los trabajos estuvieran terminados.
"Nosotros, como estipula la ley y el pliego, intimamos a la empresa", explicó el funcionario, quien detalló que la concesionaria tuvo cinco días para presentar las explicaciones correspondientes.
La firma Perfeta Producciones S.A., vinculada al empresario Marcelo Fígoli, obtuvo la concesión del estadio por 20 años y asumió un compromiso de inversión de $3.677 millones para realizar mejoras en las instalaciones.
La empresa respondió dentro del plazo establecido con un escrito de más de 100 páginas en el que expuso los motivos de los retrasos.
Según precisó Chiapetta, la documentación incluye comprobantes de pagos por aproximadamente $1.800 millones, correspondientes a la adquisición de equipamiento de climatización y trabajos de canalización, entre otras intervenciones.
También solicitó una extensión del cronograma original para finalizar las obras. El pedido está siendo analizado por los equipos jurídicos de la Subsecretaría de Deportes y del área de Licitaciones del Gobierno provincial.
El contrato de concesión fue firmado el 26 de marzo de este año y contemplaba una serie de inversiones destinadas a mejorar las condiciones del estadio cubierto del Parque General San Martín, tanto para espectáculos musicales como para actividades deportivas.
Una de las principales intervenciones consistía en instalar un sistema de climatización compuesto por 34 equipos de aire acondicionado, que debían colocarse sobre la cubierta del edificio para garantizar condiciones adecuadas de temperatura en el interior del recinto.
Otro de los trabajos centrales era el acondicionamiento acústico, mediante la colocación de paneles fonoabsorbentes en el techo y las paredes. La propuesta técnica establecía que estos elementos debían cubrir aproximadamente el 75% de la superficie prevista en la parte superior del estadio.
El proyecto también incluía la construcción de dos palcos VIP de 52 metros cuadrados cada uno y la remodelación de unos 1.110 metros cuadrados del subsuelo para incorporar cuatro locales gastronómicos, un patio de comidas y sanitarios.
A estas intervenciones se sumaba la reorganización del estacionamiento, con la instalación de dos nuevas torres de iluminación para mejorar las condiciones de uso del predio.
Según el cronograma presentado por la concesionaria, estas cinco intervenciones debían completarse dentro de los primeros seis meses, plazo que ya se encuentra vencido.
Entre las razones que presentó la concesionaria para justificar los retrasos figuran las dificultades para importar los equipos de aire acondicionado, los trámites aduaneros y los inconvenientes con la fabricación de los paneles destinados al acondicionamiento acústico.
"Los argumentos son la importación, los aires que vienen del exterior, las cuestiones de aduana y la fabricación de los paneles de sonorización, que se demoraron en la empresa de fabricación", detalló Chiapetta.
Frente a esta situación, el Gobierno analiza las sanciones contempladas en el contrato. El subsecretario explicó que el procedimiento prevé una multa y la posibilidad de conceder una prórroga razonable, aunque la decisión definitiva dependerá del dictamen de los abogados y de las autoridades encargadas de las contrataciones.
"Está contemplada esta primera instancia de una multa y una prórroga razonable", sostuvo el funcionario, quien aclaró que todavía no se definieron las condiciones de una eventual extensión del plazo.
En ese sentido, manifestó que la intención del Ejecutivo es que las instalaciones puedan habilitarse cuanto antes.
"Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo. Vamos a ver qué prórroga se da, si es que se da, dentro de un plazo lo más corto posible para poder abrir", expresó.
En paralelo al procedimiento iniciado por el Gobierno, otra de las empresas que participó de la licitación y quedó segunda en el orden de mérito presentó un reclamo ante la Subsecretaría de Deportes, en el que advirtió sobre presuntos incumplimientos de las obligaciones contractuales.
La presentación fue realizada a fines de septiembre y solicitó una inspección técnica para constatar el estado de los trabajos, acompañada por registros fotográficos y un informe sobre los porcentajes de avance de cada intervención.
En el escrito se sostiene que las obras comprometidas no se habían ejecutado dentro del plazo previsto y que, hasta ese momento, la única actividad visible en el predio era la instalación de un obrador provisorio.
Entre los cuestionamientos se menciona la falta de colocación de los equipos de climatización y de los paneles acústicos, además de la ausencia de avances en determinados trabajos de obra civil.
La presentación también plantea posibles causales de rescisión vinculadas al incumplimiento del cronograma y a la falta de inicio de las obras dentro de los primeros 90 días posteriores a la firma del contrato.
Por estos motivos, la firma reclamante solicitó que se deje sin efecto la concesión y se evalúe la posibilidad de adjudicarle la explotación del estadio, para lo cual manifestó su disposición a mantener su propuesta y elevar el canon mensual ofrecido a $12 millones.
Además, pidió información sobre el estado de pago del canon que debe abonar la actual concesionaria, la vigencia de los seguros y las garantías contractuales.
Consultado sobre este planteo, Chiapetta indicó que la respuesta oficial también quedará en manos de los abogados del Ejecutivo provincial. "Primero hay que responderla y después se le explicará como lo estimen los abogados del Gobierno", señaló.
Respecto de los pasos que podrían adoptarse si la empresa vuelve a incumplir los plazos, el subsecretario evitó anticipar posibles medidas y explicó que primero deberá resolverse el pedido de prórroga.
"Hay que ver el plazo, si es que se da, cuánto tiempo se da y después ver cómo va avanzando eso y van dictaminando los abogados", concluyó.
