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Dos ex policías españoles, reclamados por la Argentina en el marco de una investigación por "crímenes de lesa humanidad" durante el franquismo, se negaron a ser extraditados ayer ante un tribunal de Madrid, a cuyas puertas las víctimas reclamaron "verdad y justicia".
El ex inspector Juan Antonio González Pacheco, 67 años, que integró la brigada político-social, apodado "Billy el Niño", y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, 74 años, implicado tras la dictadura en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "se han negado a ser extraditados", informó una fuente judicial tras su comparecencia en la Audiencia Nacional.
Tras este rechazo, será la Justicia española quien decida en una próxima audiencia si son entregados a Argentina. Pero de acordar su extradición, ésta precisaría aún de la aprobación del gobierno conservador de Mariano Rajoy. Ante una fuerte expectación mediática, González Pacheco y Muñecas Aguilar salieron del tribunal con los rostros cubiertos por bufandas y gafas oscuras.
Ambos están reclamados por presuntas torturas a detenidos cometidas durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) por la juez argentina María Servini de Cubría, quien en 2010 abrió una causa por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" en los años del franquismo y la guerra civil española (1936-1939).
Las asociaciones de víctimas, que denuncian 114.000 desapariciones forzadas durante ese período, acudieron a Argentina por las dificultades para llevar el caso ante la Justicia española, escudada en una ley de Amnistía de 1977 que, en un esfuerzo por allanar el camino hacia la democracia, cubrió "todos los actos de intencionalidad política" anteriores a ese año.
Un grupo de víctimas viajó esta semana a Buenos Aires para testificar ante la jueza Servini.
El jueves, a pocos metros de la Audiencia Nacional, otras exigían que se hiciera justicia.
"¡Verdad, justicia, reparación! ¡Ni olvido ni perdón!", gritaban varias decenas de personas tras una gran pancarta con las fotografías en blanco y negro de algunos de los desparecidos.
"Habría que juzgar a todos los criminales que aún viven", afirmaba Cipriano Herráez, de 86 años, sosteniendo una pancarta que decía: "Torturadores, Extradición". Su padre, alcalde de un pequeño pueblo de 130 habitantes en el centro de España, fue fusilado en 1936, cuando él tenía 9 años, explica.
"No sabemos dónde está enterrado", explica, pidiendo que "se ponga en los libros de texto de las nuevas generaciones lo que pasó aquí". "Era nada más que matar, matar, eliminar a todos los que no pensaban como ellos", asegura.
Mari Nieves Moral, de 60 años, vivió la cárcel franquista en su propia carne.
"Me detuvieron por asociación y propaganda", explica, precisando que pasó un año en prisión y salió gracias a la ley de Amnistía. A Billy el Niño "yo no le conocí" pero "malos tratos sí que recibí, era común", afirma.
