La investigación comenzó en 2024, tras una denuncia del senador David Sáez. El chofer Emiliano Ávila aceptó su responsabilidad mediante un juicio abreviado y recibió un año de prisión en suspenso. La Fiscalía sostiene que existió un acuerdo entre varios trabajadores para sustraer combustible de la flota municipal. En paralelo, avanza otra investigación por presuntas irregularidades en la Municipalidad de Rivadavia.
Junín: un empleado municipal admitió el robo de combustible y fue condenado; otros seis irán a juicio.
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(Archivo Prensa Municipalidad de Junín)La causa por robo de combustible en la Municipalidad de Junín tuvo su primera resolución judicial. Uno de los siete empleados municipales imputados reconoció su participación en la maniobra, aceptó una condena mediante un juicio abreviado y evitó llegar a un debate oral. Se trata de Emiliano Ávila, quien se desempeñaba como chofer y recibió una pena de un año de prisión en suspenso, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años, según lo informado por la Fiscalía.
El acuerdo no pone fin a la investigación. Los otros seis imputados deberán enfrentar un juicio oral y público, cuya fecha todavía no fue establecida. El fiscal Mariano Carabajal, a cargo de los delitos complejos de la Zona Este, confirmó los avances durante una entrevista radial y explicó cuáles fueron las pruebas que permitieron sostener la acusación.
La investigación se inició en febrero de 2024, a partir de una denuncia presentada por el senador provincial David Sáez, luego de que se detectaran inconsistencias en el consumo de combustible de los vehículos municipales. Con el avance de las actuaciones, la Fiscalía reunió testimonios, documentación, pericias contables e intervenciones telefónicas durante más de seis meses. El expediente acumuló más de quince cuerpos.
Según explicó Carabajal, Ávila y su defensa solicitaron acceder al procedimiento de juicio abreviado, una herramienta que permite resolver una causa sin realizar el debate oral cuando el acusado reconoce el hecho y acepta la pena acordada con la Fiscalía, con la correspondiente intervención judicial.
En este caso, el empleado admitió que, junto con otras personas que continúan imputadas, participó de la sustracción de combustible perteneciente al municipio.
«Hay una persona que reconoció que acordó con otra de sustraer el combustible», explicó el fiscal, al referirse al alcance de esa admisión.
La condena fue de un año de prisión en suspenso por el delito de malversación de caudales públicos. Carabajal también hizo referencia a las consecuencias que tendrá el antecedente penal para el condenado y a la imposibilidad de volver a ingresar a la administración pública durante el período establecido.
El fiscal aclaró que la resolución penal no implica, por sí misma, la recuperación de los recursos sustraídos. Para eso deberán tramitarse las acciones correspondientes en el fuero civil.
La Municipalidad de Junín se constituyó como querellante en la causa y, según indicó Carabajal, existe una voluntad de reclamar la restitución de lo perdido.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el estado del parque automotor municipal involucrado en los hechos. Según Carabajal, los vehículos utilizados por los choferes tenían los cuentakilómetros fuera de funcionamiento.
«El parque automotor de esa área tenía todos los cuentakilómetros rotos», señaló.
Para la Fiscalía, esa circunstancia habría facilitado la maniobra, ya que impedía establecer con precisión cuántos kilómetros recorría cada unidad y, por lo tanto, dificultaba controlar si las cantidades de combustible cargadas guardaban relación con el trabajo realizado.
A esto se sumaron las pericias contables, que detectaron que el consumo de combustible prácticamente se había duplicado de un año a otro, pese a tratarse del mismo parque automotor.
Las intervenciones telefónicas también aportaron elementos a la investigación. De acuerdo con el fiscal, en las conversaciones aparecieron referencias a maniobras destinadas a justificar los gastos y a movimientos de dinero relacionados con viajes de acarreo.
La hipótesis judicial sostiene que varios choferes habrían actuado de manera coordinada para retirar combustible y encubrir las diferencias en los registros municipales.
La investigación también había puesto bajo análisis el posible uso de camiones municipales para realizar trabajos particulares y el cobro de esos servicios por fuera de la comuna. En julio de 2024, cuando se conoció la imputación de los primeros empleados, la Fiscalía estimaba un perjuicio que podía rondar los 20 millones de pesos mensuales.
Con la resolución de Ávila, la situación de los otros seis acusados deberá definirse en un debate oral y público.
Carabajal anticipó que la Fiscalía solicitará penas superiores a la acordada con el empleado que reconoció su participación. Incluso mencionó la posibilidad de que alguno de los acusados reciba una condena de cumplimiento efectivo, aunque aclaró que esa decisión dependerá de las pruebas que se expongan y de lo que resuelva el tribunal.
Por el momento, resta la designación del tribunal y la fijación de la fecha del debate.
Otro de los puntos consultados durante la entrevista fue la eventual participación de funcionarios municipales de mayor jerarquía. Sobre esto, el fiscal sostuvo que, hasta ahora, no se reunieron elementos suficientes para atribuirles responsabilidades penales.
De todos modos, no descartó que durante el juicio puedan surgir nuevos datos que permitan profundizar algún aspecto de la investigación.
Durante la misma entrevista, el fiscal Mariano Carabajal también brindó novedades sobre la investigación por presuntas irregularidades en la carga de combustible de la Municipalidad de Rivadavia.
En este caso, la denuncia fue presentada por el intendente Ricardo Mansur en diciembre de 2023, luego de una revisión interna que detectó anomalías en los registros de abastecimiento de vehículos oficiales durante la gestión anterior.
La presentación señalaba irregularidades en aproximadamente 17 vehículos, con cargas que excedían la capacidad de los tanques, abastecimientos fuera de los días y horarios habilitados y utilización de tarjetas correspondientes a unidades que estaban fuera de servicio. El municipio estimó inicialmente un faltante de unos 13.000 litros, equivalente a cerca de 10 millones de pesos de aquel momento.
En noviembre de 2024, la causa tuvo un contratiempo judicial cuando una jueza anuló los actos de imputación formal contra el concejal Juan Carlos Argüello y otros involucrados. La decisión se fundamentó en deficiencias en la descripción de los hechos atribuidos y en la necesidad de garantizar el derecho de defensa.
Ese antecedente dio lugar a versiones sobre un supuesto reinicio de la investigación. Sin embargo, Carabajal rechazó esa interpretación y aclaró que las pruebas reunidas no fueron anuladas.
Según explicó, lo que se ordenó fue realizar nuevamente las imputaciones, con una descripción más precisa de las conductas que se atribuyen a cada persona.
«Las pruebas siguieron vigentes, se siguieron colectando», aseguró.
El fiscal confirmó que en el expediente hay personas imputadas vinculadas tanto con la provisión de combustible en estaciones de servicio como con el ámbito municipal.
Carabajal señaló que la investigación se encuentra en una etapa avanzada y que la Fiscalía trabaja para concluir la producción de pruebas. No obstante, explicó que los tiempos también dependen de las medidas que soliciten las defensas y las demás partes.
