La investigación por el caso de trata de personas que quedó al descubierto tras un allanamiento en Rivadavia el 19 de octubre, hace exactamente un mes, sumó dos novedades relevantes: Por un lado una de las mujeres que había sido internada después del operativo, fue entrevistada en Cámara Gesell. Por otro, la Fiscalía convocó oficialmente a una intérprete para que comience a participar de las audiencias.
"A" (se preservan sus datos personales) es una de las mujeres que se encontraba en la vivienda allanada, como víctima. Es oriunda de Buenos Aires y ya estaba en ese domicilio de Rivadavia cuando "B", la mujer de Rosario que logró escapar, denunció el hecho en su ciudad natal.
Después del allanamiento del 19 de octubre, "A" fue trasladada al hospital, donde permaneció internada en estado delicado, con un cuadro de tuberculosis. Durante los primeros días se le había realizado a "A" una primera entrevista, en donde colaboró una persona usuaria de Lengua de Señas Argentina (LSA), pero esa usuaria no era intérprete profesional y que el encuentro tampoco fue grabado. Por eso, ahora se utilizó la Cámara Gesell y participó una interprete oficial, antes de que la mujer recibiera el alta médica.
La reciente realización de la Cámara Gesell representó un avance en la recolección de testimonios. En paralelo, la incorporación de una intérprete a las audiencias responde a uno de los reclamos que el grupo AllayMe viene planteando desde que tomó contacto con la Fiscalía: que las mujeres sordas puedan comunicarse y declarar con garantías, mediante profesionales capacitados para interpretar la lengua de señas y sus particularidades.
Vale recordar que AllayMe es un amplio grupo que acompaña a mujeres sordas y personas con discapacidad auditiva.
Dos víctimas identificadas en el expediente
De acuerdo con los datos que maneja AllayMe, hasta el momento el expediente contempla a dos nuevas víctimas: "D" y la ya mencionada "A". El grupo distingue esta situación de la denuncia que "B" realizó en Rosario, luego de escapar de la vivienda. Esa presentación está vinculada con los mismos hechos y personas.
La denuncia de "B" había cobrado relevancia después de que, según lo informado anteriormente, recibiera amenazas por videollamada tras la liberación de personas investigadas. La mujer amplió entonces su presentación en Rosario. El grupo de acompañamiento busca que las denuncias relacionadas con las mismas personas puedan ser vinculadas y analizadas en conjunto.
En cuanto a la situación procesal, hay tres imputados: Una mujer y dos hombres. Los tres permanecen en libertad, tienen prohibido salir del país y acercarse a las víctimas. Hay otras personas vinculadas a la investigación, cuya suerte aun no ha sido resuelta.
La Fiscalía tiene todavía un plazo extenso para avanzar con la investigación. Entre las medidas pendientes se encuentra el peritaje de los 13 teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos, cuyo contenido podría aportar información sobre el funcionamiento del grupo y los contactos entre sus integrantes.
El desafío de interpretar las denuncias
Uno de los problemas que enfrenta la investigación es la dificultad para reconstruir algunas de las formas de captación denunciadas. Desde AllayMe explicaron que buena parte de los contactos se habrían producido mediante transmisiones en vivo de TikTok, que no quedan registradas de manera permanente. Esto complica la obtención de pruebas y exige, según el grupo, un trabajo especializado para analizar y transcribir las comunicaciones en LSA.
Por eso, AllayMe pidió que tanto las víctimas como las personas imputadas cuenten con intérpretes profesionales y mediadores lingüísticos. El grupo sostiene que no alcanza con disponer de una persona que conozca la lengua de señas: es necesario que tenga formación específica, que pueda garantizar una interpretación fiel y que trabaje con mediadores cuando las diferencias lingüísticas o de comunicación lo requieran.
El intérprete especializado propuesto por AllayMe quedó asignado a la defensa, según explicó el grupo. Para las víctimas, en cambio, todavía se busca establecer un esquema de acompañamiento adecuado. El martes 24 de noviembre está prevista una reunión con el área de Acompañamiento a las Víctimas del Ministerio de Seguridad, en la que se planteará la necesidad de contar con profesionales especializados e independientes.
Un protocolo para que otras mujeres puedan denunciar
AllayMe también presentó ante la Justicia un protocolo destinado a establecer pautas de atención y comunicación para mujeres sordas que atraviesan situaciones de violencia y necesitan denunciar. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Sordas Sin Violencia, una organización que trabaja en el apoyo a mujeres sordas víctimas de violencia de género, y de la Asociación Argentina de Intérpretes de Lengua de Señas (AAILS), que presentó una nota de aval ante la Fiscalía.
El grupo AllayMe está integrado por referentes sordas, intérpretes y asesoras. Aunque todavía no cuenta con personería jurídica —el trámite está en curso—, sus integrantes vienen trabajando para que las necesidades de las mujeres sordas sean consideradas en las instancias judiciales y en los organismos de asistencia.
Según señalaron, hay otras mujeres que quieren denunciar a personas del mismo entorno por presuntos abusos y hechos de violencia, pero no se animan a hacerlo porque consideran que todavía no están dadas las garantías necesarias. De allí que el reclamo exceda la investigación en curso: buscan que existan condiciones de comunicación, acompañamiento y protección que permitan a otras posibles víctimas acercarse a la Justicia.
La intervención de una intérprete en las audiencias y la realización de la Cámara Gesell son pasos en ese camino. Para AllayMe, sin embargo, el desafío es sostener un trabajo coordinado entre la Fiscalía, los organismos de asistencia y las organizaciones especializadas, de modo que las mujeres sordas puedan ser escuchadas y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.