Hay una causa penal por estafa y otra civil por 30 familias que compraron lotes en un área de ese departamento del Este mendocino que terminó siendo tierra fiscal.
Un barrio completo dice que fue estafado porque le vendieron tierras fiscales, en Mundo Nuevo, Junín.
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Mientras un estudio jurídico avanza con la denuncia penal contra quien vendió los lotes y también con un expediente civil, para tratar de darle derecho sobre la tierra y los servicios a las 30 familias que compraron de buena fe, las familias que ya viven allí intentan superar la precariedad en la que se encuentran.
Viviana, Sonia y Pamela son vecinas, madres y denunciantes del extraño caso ocurrido en el distrito de Mundo Nuevo, en Junín.
Cada una de ellas, con sus familias, compró uno de los treinta lotes que comenzaron a ofertarse por Internet en 2019 y hasta 2023.
Cada una pagó montos distintos, en acuerdos diferentes. Como si el precio de la venta se hubiera puesto de acuerdo al momento y la posibilidad de pago del comprador.
Cada una cuenta un relato muy parecido. Son tres de las siete familias que ya viven en el loteo, que tiene un servicio eléctrico y de agua absolutamente precario y hasta riesgoso. Son tres de las 18 familias que denunciaron la maniobra de estafa, ya que las tierras que compraron son tierras fiscales, del Estado provincial.
Son tres de las 30 familias que compraron, doce de las cuales no denunciaron porque creen todavía en quien les vendió esos lotes, que resulta ser un vecino de allí mismo, que vive junto a ese loteo y del que parte una línea eléctrica improvisada “cuyos cables se funden todo el tiempo y que nuestros maridos se arriesgan a cambiar”, dice una de las tres mujeres.
El expediente penal 71580/24 está iniciado con una denuncia de estafa, firmada por 19 de los vecinos del loteo y patrocinado por las abogadas Gisel y Daniela Jofré.
La primera indicó que en ese expediente, “antes de que comenzará la Feria, se tomaron otros dos testimoniales y ahora estamos a la espera de la imputación”, e indicó que “desde la Fiscalía han prestado toda la colaboración posible”. Luego acotó que “pretendemos que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes”.
En tanto, la abogada Daniela Jofré, sostuvo que “en el fuero civil se ha iniciado una acción orientada a la regularización de los servicios públicos esenciales —como luz y agua— ante las cooperativas proveedoras. Cabe destacar que estas cooperativas, que se encuentran en una etapa organizativa y de expansión, son sumamente exigentes en cuanto a los requisitos técnicos, legales y administrativos que deben cumplir las familias solicitantes. Esta situación ha hecho que el avance de la demanda civil resulte más lento, a pesar de los esfuerzos realizados”.
Además, Jofré indicó que “actualmente son 30 las familias afectadas por esta situación, de las cuales nuestro estudio jurídico representa legalmente a 19. Nos encontramos trabajando arduamente para cumplir con cada uno de los requerimientos establecidos por las cooperativas, así como para lograr la formalización de la titularidad de cada una de las parcelas”.
Asimismo, indicó que “reafirmamos nuestro compromiso con las personas afectadas, brindando acompañamiento jurídico y técnico para lograr el ordenamiento necesario, la regularización dominial, y el acceso pleno a los servicios básicos, en el marco de un proceso justo y transparente”.