El hermano del ‘Rengo’ Aguilera anuncia que se entregará si la Justicia federal le da “garantías”

Desde la clandestinidad y sintiéndose perseguido por la Justicia Federal, la Policía de Mendoza y hasta por algunos medios de comunicación, Diego Aguilera (46) -hermano del famoso Daniel “El Rengo” Aguilera, líder la hinchada de Godoy Cruz- sostiene que quiere entregarse pero si le dan garantías de ser sometido a un proceso justo en el que se pueda defender.

Prófugo desde junio del año pasado y buscado por la Policía, Diego “Asesino” Aguilera ha presentado recientemente en Buenos Aires dos pedidos de amparo: el primero, en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso de la Nación y el segundo en la Procuraduría de Violencia Institucional.

Para la Justicia federal mendocina, Diego Aguilera es el presunto líder de una organización criminal dedicada al comercio de drogas y por eso se lo investiga también por lavado de activos. Escuchas telefónicas que se encuentran en la causa evidenciarían “el lugar de liderazgo que tendría sobre el resto, como así también que era él quien impartía órdenes a los demás miembros de la banda”.

“De la investigación llevada a cabo surge que Diego Aguilera –nombrado en la causa como “Negro”, “El Uno”, “El jefe” o “Diego”- es el líder de la banda junto con su hijo Diego Enzo y su hermano Walter, quienes contaban con la ayuda de sus principales allegados: Leandro Abuin alias “Jata”; Nelson Arias alias “Pepe Rosquita”; Diego Lucero alias “el Narigón”; Valentín Gaete alias “Mampurri” o “Chileno”; Darío Henríquez alias “Lechuga”; y Jesús Aguilar”, se puede leer en el expediente judicial.

Entre el 5 y el 9 de abril de 2020 el juez federal Marcelo Garnica y el fiscal Fernando Alcaraz ordenaron un megaoperativo realizado por la Policía de Mendoza para desbaratar una banda dedicada al comercio de estupefacientes que tenía como centro de operaciones el barrio La Gloria de Godoy Cruz, lugar de residencia del clan Aguilera, con ramificaciones en distintos departamentos del Gran Mendoza.

El resultado fue el allanamiento de unas 40 viviendas -ubicadas no sólo en Godoy Cruz sino también en Capital, Las Heras y Maipú- fue el arresto de 18 personas, entre ellas, Enzo Aguilera, hijo de Diego, presunto mano derecha de la banda.

Además se logró secuestrar 15 kilos de cocaína, cinco kilos de marihuana y unos 50 frascos de esta droga, además de unas 15 armas de distinto calibre y 1.000 municiones. En relación al presunto lavado de activos, se decomisaron 2.100.000 pesos y 53.000 dólares (en total, unos 8 millones de pesos) además de unos 15 vehículos, algunos de alta gama y camionetas 4x4.

Según una fuente judicial consultada por Los Andes, hoy la causa cuenta con 18 personas procesadas y la acusación fiscal se realizará en breve, cuando se completen algunas pericias que ya fueron solicitadas.

Además de Diego, se encuentran prófugos su hermano Walter (32), Leandro Abuín (31), alias “Jata”, Raúl Lucero (41) y Alejandro (40), todos con pedido de captura.

La palabra de Aguilera

“Confieso mi voluntad de sometimiento al debido proceso legal que debe imperar, pero no lo haré sin ejercer el derecho a defensa que me corresponde”, afirma el prófugo a través de documentos jurídicos.

Luego advierte de una suerte de conspiración entre la Policía, la Justicia y algunos medios de comunicación que no sólo le imputan potenciales delitos sino que estigmatizan a su familia y hasta el barrio que los vio nacer. “Este ‘modus operandi’ no es novedad para la barriada. La estigmatización y acusación desmoralizada e inhumana para con la humilde población barrial tiene origen y finalidad tristemente alcanzada”, sostiene Aguilera.

Según su opinión, no estarían respetando las garantías constitucionales ya que la interacción del sistema acusatorio entre fiscal y juez no se estaría cumpliendo. Esto en relación a la acusación fiscal que se realizaría en breve.

Además “Asesino” fundamenta que esas garantías que exige para él no se estarían cumpliendo con alguno de los 18 imputados. “Me baso en todas las negatorias resolutivas y demás decisiones tomadas para con los procesados en esta causa”, afirma.

A modo de ejemplo, enumera la solicitud de acercamiento familiar de una de las imputadas, María Belén Del Río, quien fue trasladada al penal de Marcos Paz; la negativa de domiciliaria para Elda Piantini; el desinterés por la salud de Nelson Arias y Leonardo García, detenidos en Cacheuta; y otras peticiones solicitadas por los detenidos y mantenimientos de libertad desestimados.

Aguilera también sostiene que en la causa se han incluido escuchas telefónicas entre sus familiares y su abogada y que las mismas han sido utilizadas cuando se dictaron las prisiones preventivas de los acusados.

“El juez mantuvo siempre su inquebrantable razón diagnosticando la detención de una súper banda delictiva que debe ser juzgada como tal, imponiendo él una culpabilidad sin artero sustento y también una jerarquía punitiva prematura, sin respetar el principio de inocencia que debiese existir en todo proceso judicial”, concluye el pedido de amparo.