Un peligroso inmueble abandonado y utilizado como aguantadero ubicado en el distrito San José, en Guaymallén, fue totalmente demolido como respuesta a reiterados reclamos de los vecinos.
La propiedad presentaba antecedentes de incendios y venta de drogas y fue derribada tras continuas denuncias vecinales. La medida forma parte de la aplicación de la Ley Antiaguantaderos.
Un peligroso inmueble abandonado y utilizado como aguantadero ubicado en el distrito San José, en Guaymallén, fue totalmente demolido como respuesta a reiterados reclamos de los vecinos.
La propiedad se encontraba en un estado edilicio sumamente precario y representaba un foco constante de inseguridad para los vecinos de la zona, quienes denunciaban el uso del espacio para actividades ilícitas y la permanencia de personas ajenas al barrio.
El deterioro del lugar se había agravado tras un incendio reciente, desencadenado según testimonios vecinales por disputas vinculadas a la comercialización de estupefacientes.
A pesar del inminente peligro de colapso de la estructura y de los daños provocados por las llamas, el lote continuaba siendo utilizado como punto de reunión clandestino y registraba periódicos intentos de usurpación, lo que impulsó la actuación de las fuerzas de seguridad y cuadrillas operativas para eliminar los riesgos de derrumbe y clausurar los accesos de forma definitiva.
El procedimiento se ejecutó al amparo de la Ley Provincial 9727, normativa enfocada en actuar sobre bienes inmuebles deshabitados, en ruinas o utilizados para la comisión de delitos. Con esta acción en Guaymallén, la provincia ya supera las 25 intervenciones concretadas bajo este marco legal.
Entre las actuaciones realizadas hasta la fecha se cuentan 15 demoliciones completas de edificaciones con fallas estructurales graves o uso delictivo, cuatro operativos de tapiado físico para impedir reingresos y seis medidas preventivas orientadas principalmente a desalojar ocupaciones irregulares.
En forma paralela a las tareas de remoción de escombros y saneamiento del terreno que se completan en el predio de San José, la aplicación de la ley mantiene más de 70 expedientes en trámite en distintos municipios mendocinos.
Dichos expedientes avanzan en etapas de evaluación técnica y administrativa para resolver futuras intervenciones en propiedades que vulneren la seguridad o la salubridad pública.
