Una familia de Luján de Cuyo y otros tres hombres están imputados por asociación ilícita en hechos que incluyen estafas piramidales por montos millonarios en dólares. Ofrecieron un acuerdo para evitar el juicio, pero las víctimas lo rechazaron.
Estafa piramidal y asociación ilícita: el arreglo que proponen los Caroglio y por qué lo rechazarán las víctimas. Foto: Archivo
Foto:
Un manotazo de ahogado. Así definen, en los pasillos tribunalicios de Mendoza, algunos de los actores que son protagonistas de la mega causa por estafas millonarias y asociación ilícita que avanza en el Ministerio Público Fiscal de la provincia y que ya cuenta con la solicitud formal para que los hechos puedan llegar a juicio. Y es que a fines de la semana pasada, la fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Gabriela García Cobos oficializó el pedido de elevación a juicio contra siete hombres, todos imputados en esta primera causa por el delito de Asociación Ilícita.
Los imputados, y quienes ha pedido la fiscal que pasen a sentarse en el banquillo de los acusados ya en juicio, son los hermanos Giovanni, Gitan, Genaro y Caroglio, el padre de ellos - Daniel- y otros tres hombres, todos acusados formalmente por el mencionado delito de Asociación Ilícita.
El mismo jueves en que García Cobos hizo el pedido de elevación a juicio, por medio de sus abogados, los Caroglio y los otros tres imputados no perdieron el tiempo e insistieron a las víctimas con la posibilidad de un acuerdo extrajudicial y que, justamente, evite llegar al debate. No obstante, las víctimas (hay más de 140 denunciantes) rechazaron este ofrecimiento.
“El perjuicio de Generación Zoe que cuantificó la Justicia es de 700.000 dólares y un millón de pesos. Los Caroglio y sus socios ya van por 2 millones de dólares y 50 millones de pesos. ¿Se entiende que Cositorto es un poroto al lado de esta estafa? Las victimas queremos justicia, que el daño causado a cada uno de nosotros no quede impune. Sabemos que no tienen intención de devolver el dinero y no la tuvieron nunca, sino no estaríamos en estas instancias”, destacó a Los Andes un grupo de denunciantes en octubre del año pasado. Actualizado a la fecha, el piso de las estafas denunciadas ya ascendió a 4 millones de dólares.
Hace poco más de dos meses, mientras la causa continuaba su rumbo en Delitos Económicos, la familia Caroglio, Ignacio Manduca, Lucas Zalazar y Hans Breuer -siempre por medio de sus abogados- iniciaron contactos con los abogados de las víctimas.
Por medio de esas comunicaciones -y que llegaron hasta a plasmar en un documento, ya redactado y listo para ser firmado-, los imputados ofrecieron a los denunciantes un inmueble (terreno) ubicado en calle Olavarría S/N (Perdriel, Luján de Cuyo) y "la totalidad del dinero secuestrado en la presente causa penal, conforme constancias de autos, a disposición del Ministerio Público Fiscal" (según se desprende del escrito).
Si bien el ofrecimiento ya tiene tiempo, por distintas circunstancias se ha ido dilatando y nunca se ha llegado a una propuesta clara y concreta. El detalle es que el jueves por la tarde, horas después del pedido de García Cobos, hubo un ofrecimiento, prácticamente con ultimátum de parte de los abogados que defienden a los imputados por Asociación Ilícita. En ese mensaje, se avisaba que la firma del contrato de acuerdo sería el martes (mañana), porque si no se caería la propuesta.
"Siempre se ofrecen garantías de pago que en rigor son inexistentes porque, o bien son bienes embargados, o bien dependen de una compra de terceras personas que nunca se materializa", destacó uno de los abogados querellantes, Francisco Machuca. En ese sentido, destacó que pareciera ser que lo único que buscan es querer ganar tiempo, aunque en la práctica nunca se llegan a esclarecer las condiciones del resarcimiento y del terreno propiamente dicho.
Además de aclararse que la reparación a favor de las víctimas se realizará a través de la venta del inmueble y del dinero secuestrado en la causa penal, en la propuesta de acuerdo se especifica que "las víctimas firmantes, una vez acreditado el cobro del monto que les corresponda (...) manifiestan expresamente su voluntad de renunciar a toda acción penal derivada de los hechos investigados en esta causa". Y detallan que no habría posibilidad de reclamar por medio de acción penal particular, de constituirse como querellantes particulares, de iniciar una acción civil derivada del hecho y de constituirse como actores civiles en esta o cualquier otra causa relacionada.
En ese sentido, Machuca confirmó que no aceptarán el acuerdo, al menos no con las condiciones poco claras establecidas en el escrito.
"Muchas de las víctimas están en desacuerdo con el monto. Porque los imputados sostienen que muchas de las víctimas, durante mucho tiempo, cobraron sus ganancias. Entonces, lo que hacen al momento de calcular ellos cuánto deben devolver es descontar ese monto cobraron. Y, de lo que resta, sólo ofrecen el 50%. Es decir, por ejemplo, si pusiste 10 y cobraste 2, la diferencia es 8. Y ellos ofrecen 4, en dos pagos", explicó el abogado.
Mientras que Giovanni Caroglio está acusado oficialmente de ser el presunto jefe de la Asociación Ilícita, sus hermanos Gitán y Genaro mantienen imputaciones como organizadores. En tanto, Daniel Tomás Caroglio (padre de Giovanni, Gitán y Genaro), junto con Manduca, Zalazar y Breuer están señalados por la fiscal como miembros de esta asociación ilícita. Para ellos fue que García Cobos solicitó la elevación a juicio.
Se encuentran imputados desde julio de 2023, e, incluso, Giovanni, Genaro y Gitán están detenidos. Todos han sido señalados por más de 140 denunciantes como los artífices de millonarias estafas en dólares, divididas en dos grandes proyectos: un fondo de inversión y la venta de terrenos en el metaverso. El piso de las estafas está calculado en 4 millones de dólares (es el monto del que se tienen registros de movimientos), aunque la cifra podría ascender considerablemente.
"Juntarse con el objetivo final de delinquir, en este caso con estafas, ya es un delito. Y esto es lo que se pretende confirmar con la elevación a juicio de la causa por asociación ilícita. Si, además, después se comete la estafa, ese es otro delito. Y en otra causa (u otras causas) se investigarán esas estafas", destacó una fuente de la investigación a Los Andes hace unos días.
De acuerdo al criterio de la fiscal García Cobos, fundamentado en las pruebas recabadas hasta el momento y en las que se sustenta para solicitar la elevación a juicio, "Giovanni Caroglio, en calidad de jefe de los emprendimientos We are Capital y CriptoCountry, se confabuló -con vocación de permanencia- para formar parte de una banda criminal con los co-imputados Genaro Caroglio y Gitán Jalil Caroglio en calidad de organizadores".
La fiscal sostiene que los siete imputados se asociaron "para insertar en el mercado, el plan fraudulento consistente en la puesta en marcha de un 'sistema piramidal' de recaudación de fondos de alcance provincial, nacional e internacional, el cual en su inicio consistía en atraer a incautos inversores a ingresar su dinero y bienes en un supuesto Fondo de Inversión denominado 'We are Capital', cuya garantía de inversión era respaldada en la mayoría de los casos, con la entrega de un contrato de mutuo con la firma de Giovanni Caroglio y en otros con la firma de Gitan Jalil Caroglio, certificado por escribano público".
De acuerdo al contrato que firmaban los hermanos Caroglio con los "incautos inversores" -la fiscal utiliza este término-, los fondos invertidos serían utilizados exclusivamente para la compra y venta de contratos del NASDAQ a través de criptomonedas. Además, se les informaba a los inversores que recibirían entre 3% y 10% de interés o retorno mensual, durante un año, sin que dicha renta estuviera sometida a ninguna condición y con la posibilidad de recuperar el capital a los seis meses sin ningún tipo de penalidad.
Para García Cobos, los hoy imputados basaban la promesa del pago de los intereses y retorno prometido en la posibilidad de atraer más víctimas y, de ese modo, engrosar la base de la pirámide. De esta manera, se permitía perpetuar la estafa en el tiempo, prometiéndoles rentabilidades muy superiores a las del mercado financiero local.
Según la fiscal, los hoy imputados cumplían "abonando los supuestos intereses prometidos tan solo los primeros meses, con dinero proveniente de las inversiones de nuevas víctimas, pagos que de ningún modo estaban respaldados por inversiones legítimas que pudieran garantizar ese nivel de retorno, retroalimentando con esa metodología la maniobra fraudulenta".
De esta manera, cuando bajaba el flujo de nuevos inversores que se sumaban, se incumplía con los pagos prometidos.
"Asimismo, y a los fines de prolongar la existencia de la asociación criminal, se prometía a los empleados, que eran reclutados por los miembros de la organización para vender los mentidos productos, una comisión adicional de hasta 5% que se sumaba al 10% fijo que obtenían, si lograban mantener al inversor durante el mayor tiempo posible, procurando que sus víctimas no retiraran dinero de la organización. Para esto, los integrantes de la espuria asociación acordaron realizar acciones concretas para mostrar una solvencia extraordinaria", se explaya la fiscal en su solicitud.
La ostentación en las redes sociales de sus productos y estilos de vida, las lujosas oficinas en la Ciudad de Mendoza y en Puerto Madero (CABA) "a sabiendas de que el dinero recaudado de las víctimas no sería destinado a lo prometido" son otros de los fundamentos en que se basa García Cobos en su solicitud de elevación a juicio. "Tenían acordado de antemano el aprovechamiento de los fondos en beneficio propio", se explaya.
Cronológicamente hablando, las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza determinan que en diciembre de 2021 comenzaron con el incumplir del pago de los intereses mensuales prometidos -con distintas excusas-, mientras que en febrero de 2022 llegó el momento de las falsas promesas de devolución de las inversiones.
"Los miembros de la organización procuraban con ardides dinámicos que sus víctimas no reclamaran el dinero que habían entregado, permaneciendo en el engaño, bajo la falsa aseveración de que los problemas se solucionarían y el fondo seguiría funcionando con normalidad, para que de esa manera, con el despliegue de estos ardides secundarios no advirtieran que habían sido víctimas de una estafa, impidiendo a través de la manipulación, que acudieran a la Justicia, con la falsa esperanza de que pronto recuperarían el capital y los intereses", explica la fiscal.
Fue en este momento en que apareció el segundo mecanismo al que, según García Cobos, los Caroglio recurrieron para extender aún más el alcance de la asociación ilícita y con la que buscaron perpetuar las estafas. Se trata de "CriptoCountry", un emprendimiento de venta de lotes virtuales en el metaverso.
Con Giovanni, Gitan Jalil y Genaro Caroglio a la cabeza del proyecto, se les ofreció a muchos de quienes habían invertido en "We Are Capital" (WAC) y quienes reclamaban su dinero trasladar sus inversiones a este proyecto en lugar de insistir con la devolución en efectivo. Además, se captó a otros inversores ajenos y que no tenían vinculación con WAC.
"En el despliegue de esta maniobra, con la falsa promesa del desarrollo de un videojuego en un mundo virtual o metaverso, y como oportunidad de inversión, vendían a las víctimas, primero en una supuesta preventa, y luego mediante diversas ofertas, packs y programas de referidos entre otras maniobras, terrenos virtuales en distintas ciudades virtuales dentro de ese metaverso, a cambio de lo cual entregaban, también como garantía, en la mayoría de los casos, un boleto de compraventa Crypto Country, firmado por Giovanni Caroglio, con la firma ológrafa escaneada y el logo de Cripto Country, según el cual en el término de 90 días los compradores recibirían un Token No Fungible (NFT), representativo de cada terreno virtual adquirido en el supuesto metaverso", destaca la fiscal.
De acuerdo a la investigación, el negocio en la compra de los NFT o terrenos virtuales consistía en ofrecerles a las víctimas que podrían comercializar dichos NFTS denominados UTL (token creado por la supuesta empresa), por un precio muy superior al de compra, todo en un Marketplace que, según prometían, su puesta en funcionamiento era de inminente apertura, primero para febrero de 2022 y luego para agosto de 2022. Se les garantizaba que, con el incremento de valor de esos terrenos, las víctimas podrían recuperar su dinero.
No obstante, la fiscal destaca que esta circunstancia que nunca se dio, ya que para agosto del año 2022 y cuando se puso en funcionamiento -no el marketplace propio prometido y cuyo lanzamiento aplazaron en numerosas oportunidades, sino que tan solo se listaron los token sin valor en la plataforma OpenSea-, el montaje de la organización había desaparecido casi por completo, al igual que el contacto de los imputados con la mayoría de las víctimas, sin que se hubiera desarrollado tal metaverso que otorgaría valor a los supuestos terrenos virtuales, "habiendo creado tan solo un demo de un videojuego con una jugabilidad básica, sin ningún desarrollo tecnológico y sin ningún metaverso".
Con el objetivo de multiplicar la publicidad y difusión de este "supuesto desarrollo" (así lo define la fiscal), los hermanos Caroglio incluyeron, entre otras cosas, publicaciones en medios digitales (Ámbito Financiero, Infobae, Clarín, Forbes Argentina, El Cronista, entre otros) y publicidad a través de reconocidos influencers, como fueron Darío Barassi, Alex Caniggia, Pollo Álvarez, Sol Pérez, Flor Vigna y Floppy Tesour o, además del reconocido Youtuber Gerónimo Benavides, alias Momo.
Pero, además, CriptoCountry llegó a destinar fondos para sponsorear eventos como el “Coscu Army Awards 2021” organizado por el influencer Martin Perez Disalvo (alias Coscu). Asimismo, en su página web publicitaba falsamente que existían relaciones o acuerdos con supuestos partners como Bayer Munich, Totenham, Criptoro y hasta la Cámara Inmobiliaria Argentina, todo para dar mayor credibilidad al ficticio proyecto.
