Así fue el ataque a la fiscal Ríos que dejó en evidencia el sistema de seguridad del Polo Judicial

El ataque que sufrió ayer la fiscal de Homicidios Claudia Ríos dentro de una sala de debates del Polo Judicial –agresión en la que también resultaron con heridas leves un empleado judicial y una pasante- dejó en jaque al Servicio Penitenciario que depende del Ministerio de Seguridad provincial, responsable de brindar seguridad en el flamante edificio que es controlado por la Corte de Mendoza.

Fue la propia fiscal quien evitó que el preso Hugo Eduardo Arredondo (37) la lesionara con un arma blanca “casera” que extrajo de su campera ya que, al ver comprometida su vida –el arma blanca era “grande”, según explicó un testigo que estaba en la sala- se defendió arrojándole gas pimienta al agresor.

Gullé sobre el ataque a la fiscal Ríos: “Estamos investigando cómo ingresó con una ‘chuza’, le tiró una puñalada al cuello”

El hecho se produjo ayer por la mañana y hacia el mediodía el procurador Alejandro Gullé, jefe del Ministerio Público Fiscal, ofreció una conferencia de prensa en la que explicó que el caso judicialmente está siendo investigado por Andrea Lazo, otra de las fiscales de Homicidios.

“Se estaba llevando adelante una audiencia contra tres imputados, uno de los cuales tenía una condena de prisión perpetua, otro con condena de 12 años, y un tercero purgaba una condena por 5 años. En un cuarto intermedio, el preso que registra condena perpetua se abalanza con un arma blanca sobre la fiscal Claudia Ríos”, detalló Gullé, indicando que todo lo sucedido ha quedado registrado en las cámaras de seguridad del Polo Judicial.

Así fue el ataque a la fiscal y a los empleados

Según explicó un testigo que estaba adentro de la sala, la situación se generó ayer a las 10.15, cuando el juez Mauro Perassi ordenó un cuarto intermedio en el debate por tentativa de homicidio que se celebraba en la sala 15 del Polo Judicial, donde habitualmente se hacen los debates de juicio por jurados y donde había cinco penitenciarios custodiando a los tres detenidos.

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El cuarto intermedio se realizó sin desalojar la sala, por lo que los detenidos Lucas Garro (27) y Jorge Bracamonte (32) solicitaron ir al baño. Primero llevaron a uno y luego a otro. El debate estaba a punto de continuar, por lo que se les sacó las esposas a los detenidos, que estaban sentados a unos dos metros de la defensora oficial Ximena Morales, a cinco metros del juez Perassi y a unos cinco metros de la fiscal Ríos. Detrás de la fiscal se encontraban tres pasantes.

“Fue todo en tres segundos. El detenido se levantó, pasó frente a la defensora y se fue directo a la fiscal. Para mí, la intención no era escapar del lugar sino atacarla”, explicó la fuente consultada.

Pero la fiscal fue más rápida y evitó la agresión tirándole gas pimienta en la cara a Arredondo, que en ese momento perdió el arma, que quedó en el piso. Pero con los penitenciarios detrás, el hombre saltó la valla que separaba el escritorio de la fiscal con los asientos reservados al público. Allí estaban sentadas las tres pasantes, que comenzaron a gritar y a tratar de escapar, pero la puerta estaba cerrada, tal como debe ser en los debates.

En ese momento, Arredondo tomó del cuello a una de las jóvenes - pero “no con intención de hacerle daño sino sólo para salir porque ella no resultó herida”, según el testigo- y salió de la sala al pasillo, donde perdió el equilibrio y cayó junto a la joven. En ese momento dos penitenciarios y dos empleados del Poder Judicial se trabaron en lucha con Arredondo y lograron reducirlo.

“Suponemos que se les ha pasado (el arma blanca durante la requisa); de alguna manera ha ingresado. Él venía desde Almafuerte, ingresó por el edificio Estrada y el ducto de traslado. Se supone que los revisan totalmente. Se está investigando todo. Le pedimos a la fiscal que no viniera a hablar. Han declarado ella y la chica lesionada. Vamos a investigar todo”, adelantó Gullé.

El jefe de los fiscales aseguró que en el ingreso común al edificio sí hay detectores de metales pero admitió no saber si en el ducto por donde ingresan los imputados cuente con esa medida de seguridad. “Vamos a intentar retocar los protocolos de seguridad. Voy a pedir una reunión con el presidente de la Corte y el titular de la penitenciaría. Si es necesario generar un sumario lo haremos. No tengan dudas”, sentenció.

El Servicio Penitenciario, en la mira

La gran pregunta que todos se hacían ayer, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público fiscal, es cómo logró Arredondo llegar a la sala del Polo Judicial llevando un arma blanca. Es que, en principio, Arredondo estaba detenido en Almafuerte y desde allí, previo ser requisado, fue llevado a la “Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, edificio que pertenece al Servicio Penitenciario, es decir al Ministerio de Seguridad de Mendoza.

En teoría, en ese momento tendría que haber sido requisado nuevamente para luego conducirlo con custodia penitenciaria a través del ducto de circulación de detenidos (conocido en el ambiente como “presoducto”) que lleva directo a las salas de debate, cuyo edificio es jurisdicción de la Corte de Mendoza.

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Según indicaron desde el Ministerio de Seguridad, fue el juez Perassi quien ordenó que se le quitaran las esposas a los reclusos “ya que debía respetarse la Constitución y no vulnerar los derechos de los imputados”, pese a la advertencia de los penitenciarios de no hacerlo debido a la peligrosidad de los internos con que trataba.

Así las cosas, los que han quedado en la mira de la Corte son los responsables del Servicio Penitenciario porque son los encargados de brindar seguridad en todo el recorrido.

Es más, en los pasillos del Polo Judicial, algunos opinaban que Garro podría haber llegado al Polo Judicial armado, en tanto que otros iban más allá y plantaban la hipótesis de que podría haber “una ayuda” de algún uniformado, tanto para facilitar el arma o bien para hacerse los “distraídos” en el caso que un preso le pasara el cuchillo a otro.

Más allá de las sospechas, ni bien la noticia llegó a oídos de los integrantes de la Corte se ordenó tratar del tema con la máxima autoridad carcelaria, Eduardo Orellana, quien tenía que visitar a los supremos por otros temas que quedaron rezagados.