31 de enero de 2018 - 00:00

Piden mayor compromiso del Estado para detectar casos de abuso sexual

La titular de la Asociación Accionar destaca la falta de concientización y visibilización de la problemática.

Tan grave como el tráfico de personas o la utilización de niñas y niños en conflictos armados, la explotación sexual infantil reviste uno de los delitos más graves y aberrantes contra la integridad de las víctimas que, en medio de un contexto de extrema vulnerabilidad, son sometidas por adultos (entregadores y consumidores) que aparecen como los responsables de un delito del que poco se habla.

De hecho, el caso de las dos niñas de doce años que fueron halladas en el auto de Lucas Fernández (30), el empleado judicial de la Fiscalía de Santa Rosa, con signos de haber sido drogadas y abusadas sexualmente desde hace tiempo, dejó al descubierto que Mendoza no está exenta de esta grave problemática que  atenta contra todos los derechos humanos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes explotados.

De hecho, las secuelas físicas y psicológicas que deja en la persona que es violentada de este modo son comparables a la tortura: es una de las formas más aberrantes de esclavitud.

Detrás de cada suceso con estas características, explica Vilma Jilek, presidenta de la Fundación Accionar, hay un adulto que facilita, otro que consume y un Estado ausente.

Se suma además, la indiferencia de una sociedad que no siempre está dispuesta a denunciar cuando se perciben irregularidades de esta magnitud.

La Justicia, detalla Jilek, también cumple un rol fundamental, ya que debe ser ella quien condene con todo el peso de la ley a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de un/a menor.

“Lo que está sucediendo con los niños y niñas es inaceptable. Nunca se ha visto tanta crueldad y falta de compromiso para cuidar la infancia. Es obligación de los padres y madres cuidar de sus hijas e hijos y, en lugar de hacerlo, los entregan y los usan como objetos”, denuncia  Jilek para quien ya no es sorpresa la falta de estadísticas y seguimiento de la problemática por parte de los organismos estatales que tienen a cargo el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Por eso, Jilek insiste en la importancia de la prevención desde el ámbito familiar y la escuela. Agrega que “hay que estar dispuesto a colaborar y denunciar en la fiscalía más cercana cuando un vecino o familiar nota que hay un niño o niña en esta situación”.

La titular de Accionar, además, recalca que es fundamental que la sociedad tome conciencia de la magnitud de este delito y pide que se endurezcan las penas tanto para “los entregadores como para quienes atentan contra la integridad de los niños”.

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