A pesar de ser el último de su gestión, el gobernador Pérez no perdió ni un poco de su soberbia y mandó un proyecto de Presupuesto que no parece tener instancias de negociación y promete volver a complicar la convivencia política en Mendoza.
Foto:
A pesar de ser el último de su gestión, el gobernador Pérez no perdió ni un poco de su soberbia y mandó un proyecto de Presupuesto que no parece tener instancias de negociación y promete volver a complicar la convivencia política en Mendoza.
Desde el punto de vista constitucional, en materia presupuestaria, el gobernador propone una pauta de ingresos y egresos que se deben corresponder con acciones de gobierno. Desde ese punto de vista, y considerando que es el ejecutivo el que tiene a su cargo la gestión, merecería ser aprobado aunque a los legisladores no les guste.
Pero cuando para cumplir dicho programa de gobierno el Ejecutivo debe tomar deudas, el problema se complica. La Constitución dice que debe contar con la aprobación de los 2/3 del Senado, y es ahí donde la oposición puede hacer valer su peso obligando al ejecutivo a que mejore las asignaciones presupuestarias.
Ya en 2014 el gobierno estuvo sin presupuesto hasta pasado junio, dado que el gobierno pretendía que se le autorizara un nivel de endeudamiento que la oposición juzgó excesivamente altos. Además, dadas las condiciones financieras del país, se consideraba inoportuno el endeudamiento por los altos costos que habría que afrontar.
La realidad muestra que la Provincia pidió autorización a la Nación para tomar 1.000 millones y Kicillof solo les autorizó 400. Pero cuando fueron al mercado solo consiguieron 250 millones y a corto plazo. No son buenas épocas para gastar más de lo que ingresa, salvo que uno pueda emitir moneda, lo que no es el caso de las Provincias o municipios.
Problemas con las pautas
El gobierno tomó las mismas pautas básicas del presupuesto nacional e hizo sus proyecciones sobre la misma base. Se calculó una inflación del 15%, el dólar oficial a $ 9,50 y, aunque no lo específica con claridad, están calculando una tasa de crecimiento del 2%.
Tomar estas pautas, no reales, genera un problema. Es que cuando la Nación subestima sus ingresos, lo hace para manejar el excedente haciendo uso de los súper poderes y de esa manera manejar los gastos discrecionales, que son casi tan importantes como lo que se coparticipa.
Pero la provincia, por más que se refugie en la excusa de un empalme metodológico, jamás podrá empalmar con la Nación porque el gobernador no tiene esos súper poderes y cualquier excedente que tenga en los ingresos debería pedir autorización legislativa para poder gastarlo.
La inflación oficial cerrará el año con un 25% aproximadamente. Si hay crecimiento, como prevé el proyecto, la inflación no bajará, pero si hay recesión no es esperable que baje al 15% ya que las condiciones de política monetaria establecida por el Banco Central están para alimentarla y no para bajarla.
No obstante, se podría decir que estos números son opinables y cada uno tiene su propio método para hacer estimaciones. De la misma forma se puede opinar respecto del dólar oficial.
El gobierno lo calcula en $ 9,50 repitiendo lo de la Nación. El gobierno nacional se empeña en advertir que no habrá maxi devaluaciones y hasta emite bonos a 1 año de plazo ajustables por dólar oficial, como ofreciendo al mercado un seguro de cambio.
Pero todos se acuerdan cuando en 2001 se sancionó la ley de intangibilidad de los depósitos, 30 días después tuvieron que poner el corralito.
Frente a estos antecedentes y ante la realidad que muestra cómo sigue subiendo el precio del dólar en el mundo y se devalúan todas las monedas de la región, mientras bajan los precios de las materias primas, es complicado predecir cuánto tiempo aguantará el gobierno sin tener que tocar la paridad cambiaria. Lo ideal sería hacerlo en forma paulatina, para evitar saltos bruscos.
Con estos antecedentes, también es opinable la previsión respecto del valor del dólar, pero en ambos casos surge como preciso establecer mecanismos de consulta para generar revisiones si fuera necesario.
Gastos y deuda bajo la lupa
Cuando se presentó el Proyecto, el ministro de Hacienda explicaba que se trataba de un presupuesto equilibrado, con leve superávit y por lo tanto no requería de endeudamiento. A lo sumo podían requerir hacer uso de autorizaciones anteriores no utilizadas.
Realmente no sabe muy bien qué quiso decir el ministro en este aspecto porque tanto en 2013 como en 2014 no se utilizaron todas las autorizaciones. Solo de este año hay pendiente de utilización $ 750 millones, pero mucha de la deuda tomada es de corto plazo.
En el articulado del proyecto van apareciendo requerimientos para tomar deuda. En algunos casos para capitalizar al Fondo de la Transformación, Mendoza Fiduciaria y Cuyo Aval. También hay una extraña solicitud para poder endeudarse para hacer frente a la deuda flotante, que ha venido creciendo y es la deuda que el gobierno tiene con los proveedores.
En definitiva, ha sido la postergación de la obra pública y la demora a los proveedores lo que le ha permitido al gobierno funcionar al no poder tomar créditos. Esta deuda flotante, ya se calcula en más de 800 millones de pesos.
Otro tema que ha sido objeto de discusiones ha sido el referente a la cantidad de personal. El gobierno hoy reconoce tener en plata cerca de 100.000 empleados, contando todas las reparticiones, y del nuevo presupuesto, se prevé que un 49% se gaste en sueldos, lo que limita mucho el poder acción autónoma de cualquier gestión.
No obstante, los artículos 34 y 35 contienen la posibilidad de aumentar la dotación personal pero con autorización del gobernador. En ningún caso se plantea hacerlo con el formato concursos abiertos y públicos, lo que significan ingreso de personas ya determinadas en forma arbitraria.
Falta definir los aumentos salariales que saldrán de las futuras paritarias. El gobierno colocó un 10% preventivo, para luego ser ajustado una vez que finalicen las negociaciones con el sector sindical.
Como dijimos al principio de este análisis, si realmente no hay necesidad de endeudarse, los presupuestos deben ser aprobados porque en ellos está la acción de gobierno de quienes detentan el Poder Ejecutivo.
Pero la deuda queda para los que vienen y para toda la sociedad. Por ese motivo es dable escuchar las quejas de la oposición para que el Ejecutivo haga los replanteos necesarios para reajustarse.
Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes - [email protected]