El reciente proceso de privatización de la empresa que abastece de agua potable y cloacas al área metropolitana de Buenos Aires reabrió un debate que excede largamente la cuestión de quién opera el servicio. La discusión de fondo, y la que verdaderamente importa desde la perspectiva del ordenamiento institucional, es otra, y se refiere a qué nivel del Estado debe tener a su cargo la regulación de esa prestación y la definición de sus tarifas. Y allí aparece una anomalía que el país arrastra desde hace décadas y que convendría corregir.
Para comprender el punto conviene observar cómo funciona el resto del país. En la totalidad de las provincias argentinas, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, servicios como la distribución de electricidad al usuario final, el transporte urbano de pasajeros y la provisión de agua y saneamiento son competencia de los Estados provinciales y municipales. Son las jurisdicciones locales las que regulan esas prestaciones, fijan sus tarifas y responden ante sus propios habitantes por la calidad del servicio. Se trata de un esquema razonable, porque acerca la decisión a quienes efectivamente usan y pagan el servicio.
La única excepción a esa lógica es el área metropolitana de Buenos Aires, donde el Estado nacional asume roles que en el interior corresponden a los gobiernos locales. Esa particularidad tiene una explicación histórica, pero perdió su justificación hace ya mucho tiempo. Cuando la Capital Federal se transformó en Ciudad Autónoma en 1996, adquiriendo un estatus equivalente al de una provincia, el Estado nacional debería haber transferido en ese momento todas las competencias sobre luz, transporte y agua a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires, según correspondiera por el área atendida. Sin embargo, esa transferencia nunca se concretó del todo, y la Nación continuó administrando servicios que, por su naturaleza local, no deberían estar bajo su órbita.
En el caso específico del agua y el saneamiento, la regulación recae hoy sobre un organismo de composición tripartita, integrado por el Estado nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. La privatización de AySA, por su parte, avanzó con la apertura de ofertas económicas para la venta del 90% de las acciones actualmente en manos de la Nación; el 10% restante pertenece a los trabajadores. La presentación de la oferta más elevada todavía no equivale a una adjudicación formal. Pero más allá de quién opere la red, el esquema regulatorio conserva esa impronta centralista que lo distingue del resto del país, con la Nación sentada en una mesa en la que, siguiendo la lógica federal vigente en todo el territorio, no debería estar.
La magnitud del servicio en cuestión ayuda a dimensionar lo que está en juego. La empresa abastece de agua potable y cloacas a cerca de catorce millones de personas que habitan la Ciudad de Buenos Aires y veintiséis municipios del conurbano bonaerense. Hablamos, por lo tanto, de la prestación que atiende a la región más densamente poblada del país, con una infraestructura que demanda inversiones cuantiosas y decisiones tarifarias de enorme sensibilidad social. Que esas definiciones se tomen desde el Estado nacional, y no desde los distritos que reciben el servicio, constituye precisamente la distorsión que convendría enmendar.
La corrección que surge de este diagnóstico tiene dos componentes complementarios. Por un lado, la Nación debería transferir a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires su condición de autoridad concedente y las competencias regulatorias y tarifarias que hoy ejerce. Por el otro, debería retirarse del ente regulador tripartito, que pasaría a quedar exclusivamente bajo la órbita de esas dos jurisdicciones. Esa reorganización exige adecuar el marco legal y el contrato de concesión, pero no transferir acciones: el proceso de privatización contempla precisamente la venta de la totalidad de la participación estatal. De ese modo, serían la Ciudad y la Provincia las que, mediante un esquema bipartito, regularían la prestación y definirían las tarifas, con independencia de quién sea su operador.
Conviene aclarar que este planteo no se opone ni depende del proceso de privatización en marcha. Una cosa es quién produce el servicio, un rol que puede recaer en un operador privado, y otra muy distinta es quién lo regula y responde políticamente por él, una función que corresponde al Estado. Lo que se discute aquí no es la conveniencia de que el agua la provea una empresa privada, sino que el poder de regularla y de fijar sus tarifas quede en manos del nivel de gobierno adecuado. Esa distinción resulta central para no confundir dos debates que, aunque simultáneos, son de naturaleza diferente.
El trasfondo de esta discusión remite a una cuenta pendiente más amplia del federalismo argentino. El país mantiene numerosas superposiciones y zonas grises en el reparto de responsabilidades entre la Nación, las provincias y los municipios, que generan ineficiencias, diluyen las responsabilidades y encarecen la gestión pública. Ordenar quién hace qué, y hacer coincidir la responsabilidad de prestar o regular un servicio con la jurisdicción que lo recibe, es una tarea tan poco glamorosa como imprescindible. El caso del agua metropolitana es apenas un ejemplo, pero ilustra con claridad la dirección en la que debería avanzarse.
La conclusión es que trasladar la regulación del agua del área metropolitana a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires no es una cuestión meramente administrativa, sino un paso hacia un federalismo más coherente y transparente. Cuando quien decide sobre un servicio es el mismo nivel de gobierno que responde ante sus usuarios, mejoran los incentivos, se clarifican las responsabilidades y la ciudadanía sabe con precisión a quién reclamar. Después de casi tres décadas de una excepción que nunca debió prolongarse, parece llegado el momento de alinear el área metropolitana con la lógica que rige, con naturalidad, en todo el resto del territorio nacional.
