El envejecimiento de la población constituye uno de los desafíos más profundos y menos atendidos que enfrentan las finanzas públicas contemporáneas. A medida que crece la proporción de adultos mayores dentro del total de habitantes, las erogaciones destinadas a sostener a ese segmento, fundamentalmente las jubilaciones y la cobertura de salud, se incrementan de manera inexorable. El problema no reside únicamente en ese aumento, sino en lo que ocurre cuando la respuesta estatal se demora, porque postergar la adaptación del sistema a la nueva realidad demográfica obliga, tarde o temprano, a desatender otras funciones esenciales del Estado que compiten por los mismos recursos escasos.
La experiencia europea reciente ofrece una advertencia que conviene tomar en serio. Francia atraviesa en la actualidad una severa crisis fiscal, con una deuda pública que supera el 100% de su producto y un déficit que excede el 5% del mismo, al punto de que su costo de financiamiento en los mercados llegó a ubicarse por encima del de países como Portugal, España, Grecia e Italia, tradicionalmente considerados más frágiles. Entre las causas de ese deterioro sobresale el crecimiento persistente del gasto previsional, cuyo peso fue minando la solvencia del Estado. Lo más revelador es que los sucesivos intentos de reforma chocaron una y otra vez con una fuerte resistencia social, hasta el extremo de que buena parte de la conflictividad que hoy se observa en ese país se vincula, de manera directa o indirecta, con el rechazo a modificar el régimen jubilatorio.
La Argentina transita por un sendero inquietantemente parecido, aun cuando su magnitud y su contexto difieran. Si se observa la evolución del gasto público de las últimas décadas, surge con claridad que las erogaciones vinculadas a la vejez, es decir las jubilaciones y el sistema de salud para los adultos mayores, crecieron de forma muy superior al resto del gasto estatal. Tomando como referencia el promedio de la década de 1980, hacia mediados de los noventa el gasto en vejez ya se ubicaba muy por encima de ese punto de partida, y continuó escalando hasta alcanzar su máximo alrededor de 2017. El resto de las erogaciones públicas, en cambio, se movió con mucha mayor moderación a lo largo de todo ese período.
El proceso de ordenamiento fiscal encarado en los últimos tiempos permite dimensionar la asimetría con todavía mayor nitidez. Tras el ajuste reciente, el gasto no vinculado a la vejez quedó apenas un 5% por encima del nivel que registraba en los años ochenta, medido como porcentaje del producto, una diferencia relativamente acotada. El gasto destinado a los adultos mayores, por el contrario, se mantiene alrededor de un 73% por encima de aquel punto de comparación. Esa brecha es la que ilustra, mejor que cualquier otro indicador, hasta qué punto la dinámica demográfica fue inclinando la balanza del gasto público hacia las erogaciones asociadas a la vejez, en detrimento del resto de las funciones estatales.
Conviene recordar cómo se llegó hasta aquí, porque la historia explica buena parte del presente. La última reforma estructural del sistema previsional data de 1993, cuando se buscó contener el fuerte incremento del gasto que se había desatado a partir de 1980. Desde entonces, administraciones de signos políticos muy diversos optaron por una salida tan efímera como perjudicial, que consistió en licuar el valor real de los haberes a través de la inflación y de sucesivas manipulaciones de la fórmula de movilidad. El sistema de salud para los jubilados, por su parte, nunca fue adaptado a la transformación demográfica desde su creación en 1971, y en los hechos su cobertura terminó restringiéndose mediante la derivación de buena parte de los pacientes hacia los hospitales públicos provinciales.
Frente a este diagnóstico, existe un conjunto de reformas posibles que apuntan a reordenar el sistema sin desatender a quienes dependen de él. Una alternativa consiste en migrar hacia un esquema de cuentas nocionales, en el que el haber de cada persona guarde relación con los aportes realizados a lo largo de toda su vida laboral y con la expectativa de vida al momento del retiro, de modo que las prestaciones resulten financieramente sostenibles. Otra línea pasa por transformar la pensión derivada en un beneficio de carácter voluntario, financiado mediante una contribución específica de quien desee acceder a ella. También se plantea permitir que los trabajadores conserven, una vez jubilados, la cobertura de salud de la que gozaban como activos, y ajustar las prestaciones médicas obligatorias al financiamiento efectivamente disponible.
La tentación de posponer estas decisiones, confiando en que el crecimiento económico y una eventual reforma laboral generarán por sí solos los recursos necesarios, constituye un error de enorme gravedad. La elevada informalidad del mercado de trabajo argentino limita de manera estructural la capacidad de recaudación del sistema, mientras que la presión demográfica opera en sentido contrario, empujando los costos siempre hacia arriba. Esa combinación vuelve ilusoria la expectativa de que la mera expansión de la actividad alcance para equilibrar las cuentas de la seguridad social sin cambios de fondo en su diseño.
La conclusión que se impone es tan incómoda como ineludible. Las reformas orientadas a contener el crecimiento del gasto en la vejez no son una opción entre varias, sino una condición necesaria para preservar la salud de las finanzas públicas en el largo plazo. Cada año que se demora su implementación equivale a postergar, en los hechos, el financiamiento de otras áreas igualmente prioritarias, desde la educación y la infraestructura hasta la seguridad. La enseñanza que dejan tanto la experiencia francesa como la propia historia argentina es que las reformas previsionales nunca resultan sencillas ni populares, pero que esquivarlas no hace desaparecer el problema, sino que lo agrava y encarece su resolución futura.
