La justicia le negó la prisión domiciliaria al policía que está condenado por uno de los casos de "gatillo fácil" más recordados de los últimos años: el asesinato del joven Jonathan Chandía (20), ocurrido en 2006.
La justicia le negó la prisión domiciliaria al policía que está condenado por uno de los casos de "gatillo fácil" más recordados de los últimos años: el asesinato del joven Jonathan Chandía (20), ocurrido en 2006.
Por ello, el policía Juan Carlos Oruza (39) deberá seguir cumpliendo la condena de prisión perpetua que se le dictó en 2008.
Ayer, el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento le negó el beneficio de prisión domiciliaria a Oruza durante una audiencia oral que se realizó en el penal de Boulogne Sur Mer.
La defensa del uniformado había solicitado la domiciliaria aduciendo problemas de salud del condenado pero el juez lo desestimó porque no se acreditó debidamente que el hombre estuviera enfermo como par gozar de una domiciliaria.
De la audiencias participaron algunos familiares de Jonathan, un joven que trabajaba en una gomería y en sus ratos libres daba clases de hip-hop. La familia se mostró en desacuerdo con el pedido del policía que, finalmente, no prosperó.
Gatillo fácil
A las 23.30 del 28 de mayo del 2006, Jonathan Chandía, su hermano y un amigo caminaban por la calle Boulogne Sur Mer de Godoy Cruz (hoy Corredor del Oeste), cuando fueron interceptados por el móvil 1469 de la Policía de Mendoza que buscaba a los autores de un robo en el barrio Bancario de Godoy Cruz.
Del vehículo bajó el oficial Juan Carlos Oruza y el agente Nicolás Alvarez, quienes con sus armas y a los gritos los requisaron sin que opusieran resistencia.
Luego los tiraron al piso y allí Oruza le dio un tiro a Jonathan. Luego impidieron que los socorrieran. A pesar de esto, el hermano de la víctima logró pedir ayuda pero esto provocó que los efectivos lo golpearan duramente.
Lo cierto es que la víctima fue llevada al Hospital Central, donde murió minutos después.
De inmediato comenzó un desprolijo operativo policial que habría tenido la venia de los superiores. Oruza "plantó" un arma en la escena del crimen y se levantaron las pruebas antes que llegara el fiscal Luis Correa Llano, quien descubrió de inmediato que no se trataba de un enfrentamiento sino de un caso de abuso policial.
La situación llevó a que el entonces gobernador Julio Cobos expulsara a Héctor Quiroga, jefe de la Policía, de su cargo. Incluso Cobos debió testificar por escrito en el proceso, afirmando que la cúpula policial le ocultó la verdad.
En setiembre de 2011, la Justicia condenó al Estado provincial pagar, en concepto de daños y perjuicios, más de 200 mil pesos a la familia de la víctima.