La medida podría alcanzar a hasta 200.000 personas que ingresaron con visas de turismo o negocios y luego pidieron asilo. De darse, sería la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos.
Trump prepara una revocación masiva de visas para extranjeros que solicitaron asilo en Estados Unidos.
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La administración de Donald Trump se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros que solicitaron o están solicitando asilo en Estados Unidos, en lo que podría convertirse en la mayor revocación masiva de este tipo de permisos en la historia del país.
Según documentos del Departamento de Estado obtenidos por la agencia AP y fuentes del gobierno estadounidense, la medida podría ser anunciada en las próximas semanas. El plan contempla revocar las visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 a personas que ingresaron a Estados Unidos como visitantes temporales y posteriormente solicitaron asilo para permanecer en el país.
La iniciativa será coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
"Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente", afirmó el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
El funcionario evitó precisar cuántas personas podrían resultar afectadas y señaló que la cifra será "dinámica", ya que el proceso se realizaría de "manera continua".
De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la eventual revocación de las visas no supondría automáticamente la deportación inmediata de sus titulares. En el caso de quienes tengan una solicitud de asilo pendiente, la mayoría sería reclasificada dentro del sistema migratorio, pero perdería su condición de visitante temporal con una visa de turismo o negocios.
Sin embargo, la medida podría tener un fuerte impacto sobre cientos de miles de personas y, de concretarse probablemente enfrentaría cuestionamientos y demandas judiciales.
Los documentos del Departamento de Estado indican que la revisión de los actuales titulares de visas B1 y B2 comenzó luego de que esa dependencia recibiera información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sobre personas que habían presentado solicitudes de asilo.
Las visas B1 se utilizan habitualmente para viajes de negocios, mientras que las B2 son otorgadas principalmente para turismo, visitas familiares o tratamientos médicos.
No obstante, por el momento no está claro cuántos titulares de estos permisos solicitaron asilo o se encuentran actualmente en proceso de hacerlo y, por lo tanto, podrían verse alcanzados por la medida.
Actualmente, quienes solicitan una visa B1 o B2 deben confirmar que no tienen previsto pedir asilo en Estados Unidos y demostrar que tienen la intención de regresar a su país de origen.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, defendió esta postura en una publicación en redes sociales y cuestionó a quienes, según sostuvo, utilizan visas de visitantes para ingresar al país y luego iniciar un trámite de asilo.
“La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas”, escribió. “El asilo no debería ser una laguna legal para eludir la ley de inmigración”.
Landau citó, entre otros casos, el de un ciudadano colombiano que ingresó al país en 2015 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, su administración endureció progresivamente las condiciones para obtener visas estadounidenses.
Entre las medidas aplicadas se encuentran mayores exigencias sobre el historial de redes sociales de los solicitantes, nuevas garantías económicas y restricciones directas para ciudadanos de determinados países.
En los últimos 18 meses, según los datos difundidos, el Departamento de Estado revocó alrededor de 175.000 visas a personas acusadas o condenadas por distintos delitos, desde conducir bajo los efectos del alcohol hasta delitos graves como violación o robo. También alcanzó a personas que se manifestaron públicamente contra determinadas políticas de Estados Unidos, especialmente en relación con Medio Oriente.
La administración Trump también avanzó contra el denominado “turismo de maternidad”, una práctica que, según el Gobierno, consiste en que mujeres extranjeras viajen al país para dar a luz y permitir que sus hijos accedan a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
Trump intentó en distintas oportunidades limitar ese derecho, pero sus iniciativas fueron rechazadas por los tribunales, incluida la Corte Suprema.
El endurecimiento de la política migratoria también alcanza al programa de visas laborales H-1B, utilizado por empresas estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros especializados, como científicos, médicos, ingenieros y desarrolladores informáticos.
Esta semana, el Gobierno volvió a proponer un cargo de 103.265 dólares para los empleadores que incorporen trabajadores mediante ese programa.
El Departamento de Seguridad Nacional justificó la iniciativa como un mecanismo para recuperar los costos administrativos del sistema de inmigración legal.
La propuesta retoma un intento anterior de Trump. En septiembre de 2025, su Gobierno había establecido una tasa de 100.000 dólares, pero un juez federal bloqueó la medida en junio tras una demanda impulsada por 20 estados gobernados por demócratas, que argumentaron que se trataba de un impuesto ilegal impuesto sin la autorización del Congreso.
