El Tribunal de Apelaciones de Georgia determinó que el organismo estatal no firmó el contrato de alquiler ni intervino en la gestión del edificio.
La controversia comenzó en octubre de 2022 en el complejo Lakeside Vista Apartments, donde Francis residía y también trabajaba como consultora de arrendamiento.
Foto:
Bridget Francis enfrentó durante casi dos años la invasión constante de humo de marihuana proveniente del departamento vecino en un complejo residencial de Georgia. Pese a que el reglamento del edificio prohibía fumar, la situación deterioró su salud y la llevó a entablar una demanda contra el fondo de pensiones de maestros de California.
El reclamo legal de Francis no prosperó ante los tribunales. El Tribunal de Apelaciones de Georgia ratificó la desestimación de las acusaciones interpuestas contra el Sistema de Retiro de Maestros del Estado de California (CalSTRS), argumentando que la entidad goza de inmunidad soberana como organismo público.
La controversia comenzó en octubre de 2022 en el complejo Lakeside Vista Apartments, donde Francis residía y también trabajaba como consultora de arrendamiento. Según la presentación judicial, el nuevo inquilino del departamento contiguo fumaba cannabis de manera recurrente, provocando que el humo ingresara a su vivienda y le dificultara la respiración. Francis denunció que la administración del lugar ignoró sus reclamos sobre la conducta del vecino, así como sus solicitudes de remoción de moho y adaptaciones razonables.
En julio de 2024, tras meses de gestiones infructuosas, la demandante llevó el caso a la Justicia exigiendo responsabilidades por negligencia, angustia emocional, daños a la propiedad y rescisión de contrato. Entre los demandados incluyó a CalSTRS, sosteniendo que este fondo poseía una participación accionaria mayoritaria en Fairfield Residential, una de las empresas vinculadas al complejo, y que participaba activamente en sus negocios.
Los jueces del tribunal de alzada concluyeron que CalSTRS no formaba parte del contrato de alquiler firmado por Francis. Asimismo, determinaron que ningún representante del fondo público había negociado el arrendamiento ni participado en los intercambios de correos electrónicos con la administración del edificio.
En su fallo del 19 de octubre, el tribunal confirmó que la demandante no demostró que el organismo californiano hubiera renunciado a su protección de inmunidad soberana. Sin embargo, la corte de apelaciones ordenó corregir un aspecto técnico de la resolución previa: dictaminó que la desestimación debía registrarse “sin perjuicio”, lo que deja abierta la posibilidad de que Francis pueda presentar el reclamo nuevamente en la jurisdicción correspondiente.
