Las plataformas de apuestas deportivas y casinos online quedaron bloqueadas este martes en Brasil, junto con toda la publicidad vinculada a esta actividad, en cumplimiento de la prohibición dispuesta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las plataformas y toda su publicidad quedaron fuera de servicio este martes, diez días después de la prohibición dispuesta por Lula da Silva. Quedaron $1.330 millones de reales pendientes de devolución.
Desde hoy, dejaron de funcionar las plataformas de apuestas y los casinos online en Brasil.
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EFE/ Octavio Guzmán
Las plataformas de apuestas deportivas y casinos online quedaron bloqueadas este martes en Brasil, junto con toda la publicidad vinculada a esta actividad, en cumplimiento de la prohibición dispuesta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde hoy, cualquiera que intente ingresar a estos sitios son redireccionados a una página gestionada por el Gobierno brasileño, que informa sobre el bloqueo y ofrece distintas opciones para los usuarios afectados.
“Acceso bloqueado. La plataforma a la que usted intentó entrar está fuera de servicio por determinación de la Medida Provisoria N° 1.394/26”, indica el mensaje oficial. La normativa establece la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos digitales en Brasil desde el 25 de septiembre de 2026.
La página también incluye enlaces para solicitar la devolución del dinero remanente, denunciar plataformas irregulares que continúen operativas y acceder al sistema público de salud en caso de necesitar asistencia por problemas relacionados con el juego.
El plazo para que los usuarios solicitaran voluntariamente el retiro de sus fondos venció este lunes. Sin embargo, el Gobierno informó que todavía quedaban 1.330 millones de reales, unos 266 millones de dólares, pendientes de ser retirados.
La mayoría de las cuentas tiene montos pequeños. Según los datos oficiales, cerca del 92% de las cuentas tienen menos de 10 reales, mientras que más del 96% no supera los 25 reales.
La devolución continuará mediante un mecanismo coordinado entre las empresas operadoras, los bancos y las autoridades estatales.
Entre el 7 y el 8 de octubre, las compañías deberán informar a las entidades bancarias los datos de los usuarios que todavía tengan dinero a favor. Luego, entre el 9 y el 14 de octubre, los bancos realizarán la devolución directamente a los titulares.
En caso de que surjan inconvenientes técnicos o administrativos, los fondos quedarán bajo custodia de un banco estatal desde el 14 de octubre, con el objetivo de completar posteriormente las restituciones.
La decisión de Lula generó rechazo en la industria de las apuestas y también en el ámbito deportivo, particularmente en el fútbol profesional brasileño, donde las casas de apuestas se convirtieron en uno de los principales anunciantes y patrocinadores.
El Flamengo sostuvo que la prohibición "afecta de lleno" al deporte en todas sus categorías y solicitó a la Corte Suprema una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la normativa.
Este lunes, imágenes del entrenamiento difundidas por la televisión oficial del club carioca mostraron a los jugadores cubriendo con cinta adhesiva negra las marcas de las casas de apuestas que aparecen en sus camisetas.
La medida también fue cuestionada por asociaciones civiles vinculadas al juego responsable. Estas organizaciones advirtieron que la prohibición podría llevar a los usuarios hacia plataformas clandestinas, en lugar de eliminar las apuestas.
Por ese motivo, también solicitaron al Supremo Tribunal Federal que suspenda los efectos de la medida hasta que el Congreso brasileño analice el texto o hasta que el propio tribunal resuelva el caso.
Las apuestas deportivas fueron legalizadas en Brasil en 2018, durante el Gobierno de Michel Temer, y reguladas formalmente en 2023.
Durante 2025, el sector movilizó más de 220.600 millones de reales, equivalentes a unos 44.000 millones de dólares, a través de 85 empresas que contaban con licencia para operar legalmente.
Ese mismo año, el Estado brasileño recaudó cerca de 9.000 millones de reales, unos 1.800 millones de dólares, en impuestos vinculados con esta actividad.
