Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con una discapacidad reconocida del 50% y movilidad reducida, fue desalojada de la vivienda en el distrito madrileño de Retiro, en España, en la que residía desde 1956.
Centenares de personas y agentes antidisturbios se enfrentaron en las puertas del inmueble en el distrito de Retiro.
España: desalojaron a una mujer de 87 años con discapacidad, tras 70 años en su casa de Madrid
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Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con una discapacidad reconocida del 50% y movilidad reducida, fue desalojada de la vivienda en el distrito madrileño de Retiro, en España, en la que residía desde 1956.
El lanzamiento judicial, ejecutado en un cuarto intento impulsado por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones, se concretó cerca de las 13 del miércoles y requirió la asistencia de personal sanitario, que retiró a la mujer en camilla para su traslado en ambulancia a un centro hospitalario.
Desde las primeras horas de la mañana y tras una acampada efectuada durante la noche, unas 400 personas se concentraron frente a la propiedad para intentar bloquear el paso de la comisión judicial.
El operativo policial incluyó el despliegue de más de diez furgones de agentes antidisturbios, quienes desmantelaron el campamento e ingresaron al portal tras derribar la puerta a mazazos.
Durante la intervención se registraron enfrentamientos, cargas policiales y el empleo de gas pimienta para dispersar a los manifestantes. A Maricarmen no se le concedieron días adicionales para recoger sus pertenencias, por lo que solo pudo retirar lo imprescindible.
La vivienda fue alquilada en 1956 bajo un contrato de renta antigua por el padre de Maricarmen, cuando ella tenía 17 años. Tras el fallecimiento del titular original, el contrato se subrogó a su madre y, a la muerte de esta en 2005, la titularidad pasó a Maricarmen.
El conflicto se inició cuando Urbagestión adquirió el inmueble en 2018 y cuestionó la validez jurídica de esa segunda subrogación.
La defensa de la inquilina argumentó que el contrato inicial fue firmado únicamente por el padre debido a las restricciones legales que enfrentaban las mujeres casadas en España en aquella época. Sin embargo, en marzo pasado el Tribunal Supremo falló a favor de la compañía y consideró extinguido el contrato.
Hasta el momento del desalojo, la anciana abonaba una Renta de 440 euros mensuales. La empresa le propuso firmar un nuevo contrato por 1.650 euros al mes o la compra del piso por 250.000 euros, montos que la pensionista no podía asumir.
El procedimiento se llevó a cabo a pesar de los requerimientos de organismos internacionales e instituciones públicas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU había solicitado cautelarmente la suspensión del desalojo para evitar "daños irreparables".
A nivel estatal, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana intentó mediar para adquirir la propiedad. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ofreció a Maricarmen una plaza en una residencia, oferta que la mujer rechazó manifestando su deseo de permanecer en la vivienda que compartió con sus padres.
Asimismo, el Sindicato de Inquilinas señaló que el lanzamiento se produjo mientras continúa encallado el real decreto sobre vivienda, cuyo borrador habría permitido suspender el procedimiento.
