No hay una ley que lo regule, pero defensores de los animales señalan que se los pone en condición de objetos cuando son seres “sintientes”.
Más críticas a la exposición y venta de mascotas
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La venta de animales en pet shop no está regulada a nivel provincial ni nacional. Estos negocios que ofrecen distintas especies las mantienen en el lugar en jaulas, espacios acotados en los que además muchas veces tienen a varios animalitos en un mismo espacio, amontonados en exposición. La situación es cuestionada desde hace tiempo por defensores de derechos de los animales.
Las redes sociales son la otra vidriera, en la que quienes sin pertenecer a estas organizaciones toman fotos y denuncian las malas y penosas condiciones que -consideran- sufren estos animales.
Tal el caso de Evelyn, quien en el grupo de Facebook “Mendocinos en Alerta” advirtió que en la tienda de un centro comercial se mantenía a un perro caniche sin agua, que estaba muy inquieto y se quejaba. Lo cierto es que hay una especie de vacío legal al respecto, porque no está prohibida la exhibición y venta de animales.
Oscar Mellado, abogado especializado en Derecho Animal, destacó que “regulaciones hay muy pocas y aisladas”.
“Hay que tener en cuenta que hay sufrimiento del animal porque está encerrado y fuera de su hábitat”, manifestó. Desde su punto de vista, si se considera que el animal es un ser “sintiente” y sujeto de derecho, no puede tratarse como objeto y estar a la venta en un comercio.
Desde la secretaría de Ambiente informaron que la regulación de estos comercios corresponde a los municipios. En su caso, se encargan del control de la fauna autóctona de la provincia y animales incautados provenientes del tráfico y la venta ilegal.
Explicaron que la competencia de los municipios proviene de la habilitación municipal para el funcionamiento del comercio. Dado que no puede prohibirse la venta, las comunas deberían regular las condiciones en que se mantiene y vende a los animales a través de ordenanzas.
Sin embargo, de acuerdo a lo que señalaron varios referentes, éstas no existen o están frenadas en la Justicia, como en el caso de Godoy Cruz.
A fines del año pasado, esta comuna aprobó el una ordenanza que prohibe la exhibición de mascotas con fines comerciales. Pero en enero, tropezó con una medida judicial interpuesta por un empresario, por la cual su aplicación quedó en suspenso. Actualmente el caso se encuentra en la Suprema Corte de Mendoza a la espera de alguna resolución.
“Lamentablemente Godoy Cruz iba a ser el departamento pionero”, señaló Denise Pizzolato, abogada especializada en Derecho Animal, quien refirió que el resto de las comunas están a la espera de saber cómo se resuelve este caso para replicarlo. Y agregó que incluso se ha mostrado interesada en el proyecto una municipalidad de otra provincia.
César Catáneo, presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz y autor de aquel proyecto, detalló que la intención era evitar el sufrimiento animal.
“No se puede prohibir la venta de animales porque no está establecido por ley, salvo la fauna silvestre, autóctona o en peligro de extinción; entonces como no puedo meterme con la actividad comercial, la estrategia fue reducir el sufrimiento animal y que sólo fuese posible la venta por catálogo”, explicó.
Esto implicaba que los animales permaneciesen en los criaderos y que además hubiese un control de ellos y de la trazabilidad de cada uno de los ejemplares desde su nacimiento.
El concejal agregó que él mismo hizo llegar el proyecto a los concejos deliberantes del Gran Mendoza pero que no han tenido avances.
Pobres controles
Más allá de la imposibilidad de evitar la venta en los pet shop como pretenden los animalistas, el asunto es por otra parte qué controles se realizan hoy sobre esta práctica inevitable.
Catáneo señaló que las áreas de Fiscalización y Control son las encargadas de verificar las condiciones en que funcionan estos comercios, sin embargo desde las organizaciones señalan que la realidad indica que los animales no se encuentran bien cuidados.
El concejal de Godoy Cruz explicó que es muy difícil detectar situaciones que ameriten sanciones y que cuando éstas son denunciadas, las demoras implican que al llegar las inspecciones ya han sido modificadas.
Por otra parte, dijo que cuando en casos excepcionales se aplica una multa, se paga y vuelven a replicarse las mismas conductas. Además, aseguró que es imposible tener un inspector en la puerta de cada local.
Jennifer Ibarra, de la Fundación Cullunche, subrayó que “hay bastante falta de control” y agregó como ejemplo que “además de las condiciones en que están los animales, dentro de lo que es la ley de ejercicio de la profesión (los pet shop) deberían tener un veterinario y no todos los tienen”.
Por otro lado, dijo que además hay venta de zooterápicos (como antiparasitarios, anticonceptivos o anabólicos) y que hasta se colocan vacunas en estos comercios, cuando no debería hacerse sin un veterinario.
¿Deben ser los animales sujetos de derecho?
El único resguardo legal al que puede apelarse hoy en defensa del bienestar animal es la ley nacional 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales.
El problema es que es de 1954 y claro, el contexto social ha cambiado. Además, es muy acotada. Vinculado a la venta de animales lo que puede tomarse es el artículo 1, que expresa que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.
Más abajo, en el inciso 1 del artículo 2, detalla que será considerado acto de maltrato no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos, así como otras cuestiones vinculadas a su explotación para el trabajo. El abogado Oscar Mellado destacó que desde aquel entonces ha cambiado la mirada y la sensibilidad social respecto de los animales.
“Hay muchos aspectos que no se contemplan en esa ley. Por otra parte, hay varios proyectos en el Congreso para modificarla y que los animales sean considerados sujetos de derecho, pero hay muchos intereses detrás e implicaría abordar el tema de la matanza de animales para consumo”, señaló la letrada Denise Pizzolato.