Malvinas como causa nacional y popular se vertebró en la cultura política argentina en la primera mitad del siglo XX, en sintonía con la expansión del sistema educativo nacional. La ocupación del archipiélago por parte de los ingleses, en 1833, había dado origen a la gestión promovida por Rosas y del delegado de la confederación en Londres, Manuel Moreno, quienes habían planteado al gobierno británico una “transacción pecuniaria” para vender las Malvinas y saldar la deuda contraída en tiempos rivadavianos. Aunque algunos arguyeron que la “estratagema” ideada por Rosas buscaba obtener del gobierno inglés el reconocimiento de los derechos soberanos de la Confederación sobre las islas, la frustrada gestión oficial y la ausencia de otras posteriores, mostraron que el tema Malvinas no ocupaba un lugar relevante en la agenda oficial y que el litigio con los ingleses no tenía arraigo popular.
Sería a fines del siglo XIX cuando Malvinas ganaría vigor en la agenda pública a instancias de los exponentes del nacionalismo liberal. A esa altura, la competencia entre los nuevos y los viejos imperios europeos, las pasiones nacionalistas, los ajustes y desajustes de la inserción de las economías latinoamericanas en el mercado mundial, y la transformación de la sociedad argentina por el aluvión inmigratorio europeo, hicieron prever la puesta en marcha de un arsenal de leyes, instituciones y símbolos nacionales con el objetivo de “argentinizar” a los vástagos de los recién llegados. La escuela y el servicio militar obligatorio se convirtieron en usinas generadoras de sensibilidades patrióticas destinadas a crear canales de integración social, y afianzar identidades políticas con el estado nacional en detrimento de constelaciones identitarias (e ideológicas) afirmadas en otras patrias (europeas o latinoamericanas), o en identidades obreras (especialmente las consignas internacionalistas de los anarquistas).
La multiplicación de monumentos conmemorativos de los padres fundadores de la nacionalidad argentina se convirtieron en testimonios de esas urgencias, junto a a una rica producción escrita y estética. En ese clima la cuestión Malvinas fue recolocada en la clave política y cultural que justifica hasta hoy el reclamo argentino sobre el archipiélago.
Paul Groussac, el escritor francés que dirigió la Biblioteca Nacional, fue quien plasmó en su libro Les Isles Malouines (1898) el argumento de continuidad territorial de las islas con la Patagonia, la cual había sido incorporada a la jurisdicción estatal concluida la violenta campaña militar contra los indígenas. La originalidad de la tesis de Groussac radicó en que colocó a Malvinas como pérdida y como derecho, es decir, como territorio irredento que exigía ser reconocido y recuperado. Una interpretación que abandonaría el mundo reducido de los intelectuales para convertirse en causa nacional y popular en la década de 1930, cuando el nacionalismo liberal había perdido terreno a favor de vertientes nacionalistas antiimperialistas que cuestionaron la gravitación de Gran Bretaña en Argentina. Esa clave interpretativa condujo al líder socialista Alfredo Palacios a proponer en 1934 debatir la soberanía argentina sobre las islas en el Congreso nacional, después de haber denunciado el tratado bilateral de comercio de 1933, y en vísperas a la traducción del libro de Groussac que se convirtió en anticipo de la decisión del gobierno escolar de incluir el tema Malvinas como contenido obligatorio de enseñanza.
En 1978, cuando las dictaduras de Argentina y Chile habían militarizado sus fronteras por el litigio sobre el Beagle, los manuales escolares exacerbaron la tesis de la usurpación inglesa, por lo que no sorprende la centralidad de esa tradición escolar en la nacionalización de la cuestión Malvinas, y en la fervorosa adhesión social y política que el desembarco argentino en las islas despertó en 1982.
