El proyecto habilita la creación de sociedades que podrán administrar hasta 200 vehículos. Esto ya ocurre hoy, pero en forma encubierta.
Los taxis deberán ser más nuevos y más equipados
Foto:
La Ley de Movilidad redactada por la secretaría de Servicios Públicos, que conduce Natalio Mema, establece una serie de cambios para los taxis y remises y habilita la llegada de Uber a la provincia. Esas novedades apuntan, en primer lugar, a su estatus jurídico, porque ya no serán considerados un servicio público sino "de interés general".
Esto obedece a que no deben cumplir, como sí lo hacen los micros, con recorridos y horarios, entre otros, fijados por el Estado, ni tampoco están destinados "a satisfacer necesidades colectivas y masivas de la sociedad", concepto clave que define al transporte público de pasajeros según el texto.
Pero también habrá fuertes cambios destinados a la calidad del servicio que reciben los pasajeros: todos los autos deberán tener levantacristales eléctricos en las cuatro puertas, aire acondicionado y calefacción, algo esto último que parece obvio pero que no siempre funciona hoy.
Además, deberán renovarlos antes. Así, los taxis podrán tener como máximo ocho años de uso y diez si funcionan a GNC; ahora se permiten hasta 10 y 12 años, respectivamente. Cuando se renueve la flota, se seguirá permitiendo el recambio por usados, pero de hasta 5 años de antigüedad (contra los 7 años actuales).
Además, la calidad y funcionamiento de los autos deja mucho que desear.
El año pasado sólo se incorporaron 24 cero km y en este 2018, apenas uno. Los taxistas culpan a la tarifa baja por esto, pero también hay otra razón detrás: en octubre de 2016 dejó de fabricarse el Corsa Classic, el preferido de los taxistas por su bajo costo. Ese modelo suma 895 de los 1.456 autos pintados de negro y amarillo en la provincia.
Cuando se otorguen nuevos permisos, la unidad deberá ser sí o sí 0 km. Y se mantiene la exigencia de motores 1.4 litro como mínimo, considerando que con esa cilindrada hoy son más potentes que los de antaño.
En el caso de los remises, la antigüedad máxima permitida es de cinco años, que se estiran a seis si funciona a GNC (hoy el límite son seis y siete años respectivamente). Para renovarlos, podrán incorporarse usados pero de hasta tres años. Y el motor deberá ser de al menos 1.6 litro.
Deberán instalar en el vehículo los sistemas de seguimiento satelital y de seguridad que determine el Estado, y entregar ticket al usuario emitido por el reloj tarifador.
Unos y otros deberán estar adheridos a servicios de radiollamada y también de aplicaciones para celulares (como Tango Taxi) para que los clientes puedan solicitar el servicio.
Entre las obligaciones que tendrán los propietarios figura mantener las unidades en perfecto estado de funcionamiento y también de "higiene", algo obvio pero que no siempre se da ahora.
Además, deberán instalar en el vehículo los sistemas de seguimiento satelital y de seguridad que determine el Estado (resistidos actualmente) y entregar ticket al usuario emitido por el reloj tarifador.
Las “empresas” de taxi y remises
Las mandatarias son otra novedad de la ley relacionada con la administración del servicio y legalizará una situación que se da de hecho hoy: una persona que administra una flota de decenas de taxis o remises, cuyas licencias están a nombre de otros que se los ceden a cambio de un "alquiler" mensual.
Hoy hay grandes jugadores que ponen taxis a nombre de familiares o terceros porque la ley les impide superar una cantidad de permisos o bien alquilan coches a quienes no los pueden explotar, pero después nunca asumen su posición de control.
Basta mirar el registro de la secretaría de Servicios Públicos para comprobar que hay personas que tienen 4, 5 y hasta 10 licencias, pero también hay un apellido, no precisamente de los más usuales, que se repite 46 veces, aunque con distintos nombres.
Una vez aprobada la ley, se darán seis meses de plazo para "blanquear" las situaciones actuales. Esto permitirá al Gobierno identificar a los grandes jugadores del negocio, tratar directamente con ellos y controlar que cumplan las reglas vigentes, tanto para la prestación del servicio, como impositivas, laborales y previsionales. El titular y el mandatario de cada permiso serán solidariamente responsables en caso de incumplimientos.
Con esto se pretende también terminar con el trabajo en negro en el sector: los "peones" de taxi trabajan a porcentaje (generalmente es el 30%) pero no figuran en ningún registro.
Las mandatarias deberán ser sociedades y podrán manejar desde 10 hasta 200 autos. Aquellas que superen los 40 deberán tener un auto de repuesto propio cada 10, para remplazar a los que se rompan, con el fin de que el servicio no se resienta.