15 de mayo de 2018 - 00:00

Presos con preventiva también podrán trabajar

La ley hasta ahora sólo obligaba a los condenados, pero un decreto de Cornejo extendió esa modalidad a los detenidos que esperan sentencia.

A un año de haber sido sancionada la ley que obliga a los presos con condena a trabajar o a estudiar, el Poder Ejecutivo extendió su alcance e incluyó a los "procesados", es decir, aquellos internos que están detenidos preventivamente hasta tanto queden condenados o absueltos. Según explicaron, el objetivo es sumar a las actividades a la población más "revoltosa" y que, a su vez, aquel que es detenido sepa "que va a la cárcel a trabajar".

La medida alcanzaría a un total de 1.666 presos, que incluye 1.360 provinciales y 336 federales. El decreto, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial y que entra en vigencia a partir del 1° de agosto, establece que los detenidos preventivamente ingresen a un "Régimen Anticipado Progresivo en la Pena Voluntario", con la finalidad de que empiecen a transitar las distintas fases de ejecución de la pena, lo que incluye el trabajo y la educación.

"Sirve para que todas las personas con un proceso judicial en marcha, sin estar todavía condenadas, puedan voluntariamente empezar a adaptarse a las normas de la ley de Ejecución Penal (8.465) sin que se vea afectado el principio de inocencia", definió Ignacio Mulet, director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia.

El funcionario dijo que con este régimen “se busca la resocialización y la adaptación del detenido a las normas del sistema penitenciario, las cuales son dispersas”.

En total, en Mendoza hay alrededor de 4.757 personas privadas de la libertad y 3.091 tienen sentencia, cuyo régimen los obliga a realizar o aprender algún oficio o actividad. En cambio, las 1.666 restantes están transitoriamente en la cárcel, a la espera de que se resuelva su proceso. El plazo máximo en esta condición es hasta 18 meses, con la posibilidad de que se extienda un año más. Justamente, este segmento de presos se quedan sin ningún marco normativo que regule su vida en la cárcel.

"Se encuentran sometidos a una serie de normas dispersas y se les aplica supletoriamente la de los condenados", justifica el decreto que firmó ayer el gobernador, Alfredo Cornejo.

Opción en vez de obligación

"Los procesados no están obligados a trabajar porque el régimen está establecido para los condenados. El tema es que los procesados también puedan trabajar del mismo modo que los condenados y que esta actividad también se compute en sus registros", explicó el titular de Seguridad, Gianni Venier.

Según la explicación del ministro, de ser condenado el detenido, el tiempo que trabajó antes de la sentencia será contemplado en su expediente. 

“Si trabajó 8 meses antes de la condena, ese tiempo se va a tener en cuenta. De esta manera, cuando la persona va a la audiencia de libertad condicional o ante medidas de libertad durante el proceso, queda evidenciada su voluntad de trabajo, que comenzó antes del proceso”, explicó Venier. A su vez, le corresponderá proporcional del dinero por su trabajo.

Contención a los más “revoltosos” 

Así como la modificación a la ley 8.465 buscó eliminar la ociosidad en las cárceles, a partir de la obligación a estudiar o trabajar, este decreto busca contener a la población más revoltosa.

Es que según explican, los detenidos preventivamente son los más inquietos en las unidades de detención, si se tiene en cuenta que la expectativa de estos internos está en salir o en las promesas que les hacen sus abogados.  “Queremos que el que entre a la cárcel sepa que viene a trabajar”, señaló Venier.

En cambio, con respecto al objetivo en los condenados, el mismo Cornejo apuntó al éxito de la ley al considerar que en el 2017 no hubo ningún interno muerto en ocasión de riña.

En las cárceles se trabaja en diferentes oficios, entre los que se cuenta la herrería, la carpintería, el textil.  

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