La ley que sanciona a los padres "antivacuna" rige desde 1983
Ante el rebrote del sarampión, el Gobierno de Mendoza quiere una ley que multe a los padres. Pero la Ley Nacional ya existe. Cómo se aplica
La ley que sanciona a los padres "antivacuna" rige desde 1983
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El proyecto del Ejecutivo de Mendoza para sancionar a los padres que deciden no vacunar a sus hijos, o por omisión olvidan aplicar el calendario de vacunación, es noticia en todo el país ante el rebrote del sarampión. El Gobierno de Alfredo Cornejo quiere que los padres y tutores mendocinos que no vacunen a sus hijos o menores a cargo paguen hasta $7.600 o hagan trabajos comunitarios.
El artículo 1 dice que "la vacunación de los habitantes del país a efectos de su protección contra las enfermedades prevenibles por ese medio, se realizará en toda la República de acuerdo a las disposiciones de esta ley, que el Poder Ejecutivo reglamentará para todo el territorio de la República. La autoridad sanitaria nacional determinará la nómina de las enfermedades a que alude el párrafo anterior y la mantendrá actualizada de acuerdo a la evolución del conocimiento científico sobre la materia y a las condiciones epidemiológicas de todo o parte del país".
La ley prevé vacunar de forma compulsiva a los menores, aunque en la práctica no se cumple porque es difícil llegar a la instancia del castigo y se debe iniciar un engorroso proceso judicial. A los únicos que les afecta de forma inmediata, en este momento, es a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, ya que el calendario debe estar al día para que la ANSES dé el beneficio.
Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones de la provincia,l aseguró a Los Andes que la ley vigente se aplica, aunque esto no sucede en los plazos que quisieran ya que los procedimientos administrativos y de la Justicia enlentecen los tiempos.
"No buscamos la sanción sino la vacunación, la legislación vigente faculta a la autoridad a la vacunación compulsiva, esto por beneficio grupal por sobre la decisión individual", sostuvo.
De acuerdo al marco legal el personal de salud tiene la obligación de notificar cuando detecta un niño no vacunado. A partir de allí se da intervención al Órgano Administrativo Local (OAL) que intentará informar a los padres para que comprendan la situación. De no lograr el objetivo se transfiere a la Justicia para que falle en función de la norma. En caso de aplicarse una pena, deberá cumplirse pero igualmente se hará la vacunación compulsiva.
" Las vacunaciones a que se refiere esta ley son obligatorias para todos los habitantes del país", dice el artículo 11.
"Los que deben someterse a las mismas de acuerdo a lo que determine la autoridad sanitaria nacional con respecto a cada una de ellas. Los padres, tutores, curadores y guardadores de menores o incapaces son responsables, con respecto a las personas a su cargo, del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior".
"Los actos u omisiones que impliquen transgresiones a las normas de esta ley y/o de sus disposiciones reglamentarias serán sancionados con multa de CINCUENTA PESOS ARGENTINOS ($a.50) a CINCO MIL PESOS ARGENTINOS ($a.5.000) sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir. En el caso del Artículo 10, además de la sanción de multa que correspondiere, se procederá a cancelar la autorización concedida para aplicar las vacunas a que se refiere esta ley",
Este artículo demuestra que las multas ya existen, aunque no son persuasivas.
" La falta de vacunación oportuna en que incurran los obligados por el Artículo 11 determinará su emplazamiento, en término perentorio para someterse y/o someter a las personas a su cargo, a la vacunación que en cada caso corresponda aplicar, sin perjuicio, en caso de incumplimiento, de ser sometidos los obligados o las personas a su cargo a la vacunación en forma compulsiva".
"Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar por intermedio del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, los montos de las sanciones de multas, tomando como base del cálculo la variación semestral registrada al 1 de enero y al 1 de julio de cada año en el Indice de Precios al por mayor-Nivel General- que elabore el Instituto Nacional de Estadística y Censos, o el organismo que lo reemplazare", dice el artículo 18 de una Ley que ya tiene más de 35 años