Un llamado al 911 alertó sobre una mujer que habría sido trasladada desde Buenos Aires y obligada a ejercer la prostitución. Al llegar al domicilio denunciado, la policía encontró a otras siete personas sordas. Las ocho fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica y prestar declaración con asistencia de intérpretes de lengua de señas.
Comisaría 13° de Rivadavia.
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Un operativo policial realizado durante la tarde-noche del domingo en Rivadavia derivó en una investigación por un presunto caso de trata de personas, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la posible explotación sexual de una mujer que habría sido trasladada desde Buenos Aires.
Sin embargo, al llegar al domicilio señalado, los efectivos encontraron una situación que amplió el alcance de la denuncia inicial: en el lugar había ocho personas sordas, entre ellas la mujer mencionada en el aviso que había ingresado al sistema de emergencias.
De acuerdo con la información preliminar, la alerta indicaba que la mujer habría sido traída desde Buenos Aires hasta Mendoza y obligada a ejercer la prostitución. A partir de esa denuncia, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso un operativo para verificar lo ocurrido.
Cuando los policías llegaron a la vivienda, constataron la presencia de las ocho personas. Ante esa situación, se realizó un allanamiento y se dispuso el traslado de todas ellas al hospital, donde comenzaron a recibir atención y a ser examinadas por el cuerpo médico.
Además de la evaluación sanitaria, las autoridades comenzaron a tomar declaración a las personas encontradas en el domicilio. Para esa tarea se requiere la intervención de especialistas en lengua de señas, con el objetivo de garantizar una comunicación adecuada y obtener sus testimonios sobre las circunstancias en las que se encontraban.
La asistencia resulta clave para establecer la situación de cada una de las personas, conocer cómo llegaron a esa vivienda y determinar si existieron situaciones de explotación, coerción o vulneración de sus derechos.
Por el momento, la denuncia que originó el procedimiento se refiere a una posible explotación sexual, pero las circunstancias del caso deberán ser establecidas a partir de las medidas dispuestas por la Justicia y de los testimonios que se obtengan durante la investigación.
El procedimiento quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar las responsabilidades que pudieran corresponder y establecer si los hechos encuadran en el delito de trata de personas u otras figuras penales.
La investigación continúa mientras las ocho personas reciben asistencia médica y se procura reconstruir lo sucedido.
