Intervención estatal en el mercado

Si se recorre la historia, los congelamientos de precios en Argentina, siempre derraparon en violentas políticas de ajustes para restablecer precios relativos. Mientras tanto, crearon ficciones monetarias con la idea de generar en la población sensaciones de falsa riqueza. Luego, la realidad, el despertar del sueño, produjo protestas populares. Cuando uno se ha sentido rico no quiere que le muestren otra cara, aunque sea la verdad porque vivir con la verdad a muchas personas les resulta agobiante y prefieren que les den ilusiones, aunque en su interior sepan que no es real.

Ocurrió con el congelamiento de precios en la época de José Gelbard que en el año 1973 impuso una situación que no sólo alteró los precios relativos sino que, a su vez, generó un profundo déficit fiscal que terminó estallando en el Rodrigazo para corregir los desequilibrios de mercado y fiscales. Cuando se lanzó el Plan Austral, en 1985, además de crear una nueva moneda, se dispuso un congelamiento de precios, tarifas y salarios. No obstante, las distorsiones generaron deslizamientos y obligaron a una reformulación con el Plan Primavera en 1988. Pero nuevas distorsiones en el sistema de precios y un creciente déficit fiscal generaron fuga de capitales y desembocaron en la hiperinflación de 1989. Cuando asumió Carlos Menem se estableció una lista de precios máximos para 300 productos y a los dos meses hubo otro pico hiperinflacionario, hasta que llegó la convertibilidad.

Todos los programas de estabilización basados en congelamientos de precios han fracasado aunque suelen provocar algún efecto positivo en los primeros meses y cuando generan estampidas o desabastecimiento se utiliza el camino fácil de echarle la culpa al sector empresario. No obstante, estos programas han conseguido estirarse en el tiempo usando una fórmula que es la de prohibir la indexación de los contratos. Esto se hizo en el Plan Austral usando el “desagio” que era una fórmula para descontar en los precios la expectativa inflacionaria. Otro tanto ocurrió con la convertibilidad, donde se estableció una regla específica que prohibía el uso de cualquier tipo de cláusula indexatoria. Esta norma fue una de las que no se derogó cuando se le puso fin a la convertibilidad, la mantuvo el kirchnerismo y, extrañamente, el actual gobierno la derogó y, para colmo, introdujo fórmulas de indexación en las tarifas de servicios públicos y en algunos convenios laborales estatales.

Hoy el gobierno enfrenta una situación de emergencia y ha planteado algunas medidas de control de precios en no más de 64 marcas, lo que implica un control simbólico. Esto significa que hace falta ganar la confianza de los mercados para bajar expectativas y evitar una espiralización de proceso y para ello puede contribuir el congelamiento de tarifas, aunque el ajuste de este año ya había terminado según la planificación previa.

Lo que el gobierno no podrá controlar serán los pecios sujetos a variables internacionales, como los valores de las materias primas alimentarias o las del petróleo. Para esto, es necesario que se den señales de política fiscal y monetaria consistentes porque ya no solo se trata de los precios, sino de recuperar niveles de actividad perdidos por la decisión de usar la tasa de interés como herramienta contra la inflación. Esta herramienta ha demostrado no ser útil sino que, al contrario, alimentó más expectativas al contabilizar el stock de Leliq, que son los instrumentos usados para 
absorber liquidez, por los que se pagan tasas muy elevadas que, a su vez, comprometen el patrimonio del Banco Central.

Vale recordar la historia ocurrida en el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando en un momento se produjo un fuerte aumento del precio de la hacienda en el mercado de Liniers e impactó de lleno en el precio de las carnicerías. Cuando subía la carne vacuna era seguida por el precio del pollo por lo cual el entonces Secretario de Comercio, Ricardo Mazzorin, tuvo la iniciativa de importar pollos congelados de Hungría y Polonia para generar una baja del precio del pollo que indujera a una baja de precio de la carne vacuna. El resultado fue pésimo, los pollos quedaron en cámaras porque ninguna avícola los quería vender, se pudrieron y todo fue pérdida para el Estado. Es el ejemplo más claro de los daños que el Estado genera cuando quiere alterar los precios de mercados libres.