28 de junio de 2018 - 00:00

Hubo acuerdo: habrá dos reuniones semanales por el aborto legal

Los legisladores contrarios al proyecto aceptaron que sea tratado sólo por tres comisiones. El 1 de agosto se firmarán los dictámenes.

Tras varios días de incertidumbre, el Senado finalmente le dio el puntapié inicial al debate sobre la legalización del aborto, que empezará formalmente el martes de la semana que viene en un plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales, que se reunirán dos veces por semana.

Como la fecha acordada para firmar dictámenes es el miércoles 1 de agosto y para el debate en sesión, el miércoles 8 de agosto, en el Senado ya avisaron que "no habrá vacaciones" porque durante todo julio deberán abocarse a la discusión de este proyecto de ley, pudo saber Los Andes.

De esta manera se iniciará el tramo final de un debate histórico que concluye con la sesión del 8 de agosto.

“El martes será la primera reunión del plenario, sobre todo para informar cómo va a ser el tratamiento. La idea es que se reúnan todos los martes y miércoles hasta el 1 de agosto”, explicó un vocero a este diario.

En total, serán nueve reuniones del plenario antes de la firma de los dictámenes. Durante esas nueve reuniones se estima que habrá una ronda de invitados como en Diputados pero con menos integrantes (fueron 738 los disertantes).

Entre los expositores invitados por los senadores se descuenta que estará el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien, según pudo saber Los Andes, ya está preparando un informe sobre el costo de la legalización, que sería negativo porque actualmente a las provincias les salen más caras la atención y las internaciones por abortos clandestinos mal realizados.

Acuerdo

El plenario finalmente estará conformado por tres comisiones y no cuatro, luego de que en la sesión ordinaria de ayer los senadores aprobaron por unanimidad una propuesta de consenso entre los promotores del proyecto, encabezados por Miguel Pichetto, y los antiabortistas, liderados por Gabriela Michetti.

La vicepresidenta había girado el proyecto a Salud, Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, esta última presidida por el antiabortista Esteban Bullrich, finalmente quedó afuera luego de una dura negociación con los promotores del aborto legal.

No habrá receso invernal para la Cámara Alta. Los plenarios arrancan el martes y hay que firmar dictamen antes de la sesión del 8 de agosto.

El plenario está conformado por 38 senadores, es decir la mitad más uno del total de la cámara. De todas maneras, en las reuniones también podrán intervenir los senadores que no integran estas comisiones, pero no podrán firmar dictámenes.

La cantidad de firmas en comisiones no incide en la votación en el recinto, sino solamente en el orden en que se tratan los asuntos.

Si el rechazo al aborto legal reuniera más firmas en comisiones, en la sesión se debatiría en primer lugar, antes del dictamen favorable.

Pero todo puede pasar: en 2010, durante el tratamiento de la ley de matrimonio igualitario, el dictamen de rechazo reunió más firmas que el dictamen a favor, pero en el recinto finalmente se convirtió en ley.

Senadores cordobeses quieren cambios

Los tres senadores por Córdoba, Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado, de Cambiemos, y el justicialista Carlos Caserio, dejaron de lado sus banderías políticas y decidieron trabajar juntos por la legalización del aborto, aunque con cambios al proyecto ya aprobado por Diputados.

Los tres tienen dudas sobre el costo de la ley sobre los presupuestos de las provincias, los municipios y las comunas, que son las responsables de los hospitales.

El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, ya ha dicho en Diputados que la legalización del aborto permitirá reducir los costos que actualmente afronta el sistema de salud para la atención y las internaciones como consecuencias de abortos mal realizados, de manera clandestina.

Martínez, Rodríguez Machado y Caserio también quieren eliminar el castigo a los médicos que dilaten la realización de un aborto legalmente autorizado, aún cuando en la propia ley se incluye la objeción de conciencia previa.

También piden objeción de conciencia institucional, para que puedan excusarse las clínicas confesionales, pese a que el proyecto aprobado les permite no hacerlo aunque sí las obliga a encargarse de la derivación de la paciente a otro establecimiento.

También quieren bajar el plazo permitido a 12 semanas, es decir con menor desarrollo embrionario al votado en Diputados (14 semanas).

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