3 de abril de 2018 - 00:00

Género: igualdad laboral y salarial

El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso un proyecto de ley donde enuncia garantizar la igualdad salarial y la inserción de la mujer.

Si bien la discriminación se puede producir en cualquier ámbito de las relaciones humanas, una gran cantidad de dichas conductas se originan en el trabajo. Tratados internacionales y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo establecen el compromiso de los Estados partes a respetar y "garantizar" determinados derechos sin discriminación y les impone la obligación de "formular una política nacional encaminada a impedir la discriminación en materia de empleo y de ocupación".

En tal sentido, el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso un proyecto de ley donde enuncia garantizar la igualdad salarial y la inserción de la mujer en el ámbito laboral, modificando el artículo 172 de la ley de Contrato de Trabajo con el fin de establecer "la equidad de género y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida laboral".  

En cuanto a la igualdad que propugna establece licencias de 15 días corridos por nacimiento o adopción de los hijos para el caso del o la trabajadora que no haya gestado (introduciendo el tema de la igualdad de género) e incorpora específicamente licencias por violencia de género de hasta 10 días corridos por año calendario, entendiéndose por violencia de género contra el trabajador, sin distinción de género, toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.

Ya existe una amplia protección que prohíbe el trato discriminatorio en el ámbito laboral. La Constitución Nacional en el artículo 16 expresa que todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, y el artículo 14 bis nos habla de "retribución justa", "igual remuneración por igual tarea" y la "protección contra el despido arbitrario".

La ley de Contrato de Trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. No pudiendo el empleador, ya sea al tiempo de su contratación, durante la vigencia del contrato o con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador. Éste podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en los lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en el normal desarrollo de las tareas.

Además, el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador y en el caso de la mujer prohíbe que se consagre por las convenciones colectivas de trabajo o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación en su empleo fundada en el sexo o estado civil, aunque este último se altere en el curso de la relación laboral. Además de dichas normas se regula la protección de la maternidad, el matrimonio.

Fallos judiciales han condenado a empresas cuando la discriminación se produce en el proceso de selección de personal, donde sólo se contrataba hombres, a que en el futuro, contrate personal femenino hasta compensar en forma equitativa y razonable la desigualdad producida.

En caso de que se produzcan actos discriminatorios se pueden realizar las denuncias a Nivel Nacional en el Inadi, regulados por ley 23.592 y en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL) y en la provincia en la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social en oficinas especialmente creadas por Violencia Laboral, donde las denuncias pueden realizarse en forma anónima.

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