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El gobierno de los Kirchner se ha caracterizado por hacer del gasto una herramienta fundamental de su gestión. Bajo la excusa de la distribución del ingreso, la única herramienta utilizada ha sido el gasto y, paradójicamente, a la vuelta de 10 años, la pobreza ha vuelto a niveles muy elevados, el poder de compra de los salarios se ha debilitado notablemente y la el nivel de actividad entró en terreno negativo.
A la hora de buscar explicaciones, el ministro de economía, el ideólogo principal de actual ciclo, niega que el gasto público financiado con emisión monetaria genere inflación y atribuye la suba de precios a la acción de grupos económicos concentrados y la puja distributiva, explicación que solo pretende sacarse responsabilidades y tratar de derivar la mirada hacia otro lado.
Es real que los argentinos son expertos en inflación y cuando se sabe que aumenta la emisión monetaria presumen que se viene un proceso inflacionario y comienzan a ahorrar en dólares. Pero si bien la emisión monetaria ha sido la causa principal, hay otros elementos que contribuyeron a consolidar este proceso.
Hasta 2008, Argentina mantuvo artificialmente devaluada la moneda para dar competitividad a la economía, pero en ese momento no hacía falta, porque los precios de los productos exportables eran muy altos. Al tener la moneda devaluada por demás, se encarecían los bienes de importación y los exportables adecuaban su precio interno al internacional. Estábamos importando inflación.
El segundo factor acelerador fue la alteración de las mediciones del Indec. En aquellos años, la inflación real estaba cerca del 13% y el gobierno estaba dispuesto a que no pasara de un dígito. Para esto, alteró los sistemas de medición y, más allá del discurso negando el proceso, generó un proceso de desconfianza pero sobre todo de incertidumbre. Y ahí aparecieron las mediciones privadas.
El problema para los operadores económicos, ya sean empresarios o consumidores era no tener un dato certero y creíble. Las consultoras privadas aportaban datos pero todos sabían que no tenían la precisión del Indec, pero al alterarse los datos de este organismo, se quedaron sin referencias precisas y esto fue lo peor, porque cada uno comenzó a aplicar sus propias estimaciones y así se generaban aumentos “por las dudas”.
Fuerte gasto con emisión monetaria, moneda excesivamente devaluada y alteración de datos estadísticos se combinaron para espiralizar el proceso, que luego se siguió alimentando cuando las cuentas públicas dejaron de tener superávit y pasaron a tener déficit.
Los gastomaníacos no tienen límites
El gobierno de Néstor Kirchner gastaba a un ritmo muy acelerado, con la ventaja de que tenía menos gastos. En principio, los pagos de la deuda fueron muy pocos hasta que se negoció la porción en default. La incorporación de las retenciones a las exportaciones agrícolas y a los combustibles, le agregó recursos muy valiosos que, además, no debían coparticiparse.
Parte de los beneficios del gobierno vinieron de la decisión de prohibir los ajustes por inflación en los balances, lo cuales generaba y aún lo hace, ingresos ilegítimos por ganancias ficticias de las empresas.
El tema es que los gastomaníacos no eran solo Néstor y Cristina. Los presidentes del Banco Central (Redrado, Marcó del Pont, Fábrega y Vanoli) han sido funcionales a esta filosofía que, además, contaba con el criterio inicialmente impuesto por Roberto Lavagna, que no creía en la independencia del Banco Central. Lavagna, y sus sucesores en el ministerio de economía creían en las bondades del gasto público.
Los titulares del BCRA avalaron el uso reservas para el pago de deuda.
Lo notable es que uno de los más críticos de la inconsistencia monetaria y fiscal del gobierno era Axel Kicillof antes de llegar al mismo, pero una vez dentro, comenzó a disparar su teoría, que lleva a la práctica, además, para satisfacer los caprichos de la Presidenta.
Según datos oficiales, en los primeros 9 meses del año el déficit fiscal primario del sector público nacional ascendió a 64.719 millones de pesos, suma que cuadruplica al déficit del mismo período de 2013, que había llegado a 15.244 millones. Lo notable es que, pese a este aumento del gasto, la economía decrece un 2% y el desempleo crece, mientras la producción industrial retrocede un 7% y los indicadores de consumo también se retraen.
Los datos, también oficiales, son reveladores: el nivel de las erogaciones (sin pago de deuda) creció a una tasa del 44% anual, mientras los ingresos tributarios lo hicieron a una tasa anualizada del 34,2%. Un esfuerzo notable para sostener el relato a costa de acelerar la tasa de inflación.
El gobierno ya ha cubierto la capacidad del Banco Central para adelantar fondos vía emisión monetaria y ha adoptado una modalidad nueva de financiamiento a través de la emisión de nuevos bonos de deuda ajustables por dólar oficial, pero esta solo es una solución transitoria y peligrosa.
Es que mientras se apuesta a un virtual congelamiento del tipo de cambio con una inflación oficial cercana al 25%, se registra una revaluación internacional del dólar y una devaluación de las monedas nacionales, sobre todo en nuestra región. Esto agravará los problemas de competitividad de nuestras ya castigadas exportaciones y agregará nuevos factores que apuntalarán la caída del nivel de actividad.
Todas estas distorsiones no podrán ser corregidas por mayor gasto público y mayor emisión monetaria. Si se llegara a solucionar la situación con los holdouts el año próximo, tampoco podría esperarse que se pueda emitir deuda en el exterior a tasas razonables ya que no ha sido razonable la conducta de Argentina con el mercado mundial.
El gasto público debe manejarse con razonabilidad y no es la única herramienta de distribución del ingreso. Lamentablemente, están prevaleciendo razones ideológicas por sobre la prudencia técnica para manejar las variables.
Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes