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El flamante rey de España, Felipe VI, se enfrentará mañana a la primera grave crisis de su reinado, cuando la justicia confirme el procesamiento de su hermana Cristina por los delitos de blanqueo y cooperación en la causa en la que se investiga a su esposo, Iñaki Urdangarín.
La decisión del magistrado José Castro se conocerá probablemente mañana, según lo anunció en primera página y con gran despliegue el diario El Mundo, pero también desde el viernes pasado han comenzado a adelantar acontecimientos similares varias web periodísticas digitales.
La imputación en diciembre de 2011 de Iñaki Urdangarín, esposo de Cristina, investigado por presunta malversación de dinero público, y después la de la infanta el pasado enero, provocaron un escándalo que contribuyó a hundir la popularidad del rey Juan Carlos, antes de su abdicación el 2 de junio
Las consecuencias del denominado “caso Noos” constituyen uno de los primeros problemas a los que deberá hacer frente el nuevo monarca, Felipe VI, tras su proclamación el 19 de junio.
En respuesta al escándalo, Felipe VI había prometido, en el discurso con motivo de su jura ante el Parlamento, una "monarquía íntegra, honesta y transparente".
El juez de la Audiencia de Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, hará público mañana miércoles el auto en el que presentará la lista de personas que permanecen imputadas y propone que sean juzgadas, anunció este lunes el tribunal.
La decisión no corresponde sin embargo al juez instructor, sino que será tomada por el tribunal provincial, una instancia superior, una vez examinados los diferentes recursos.
Se indica que tanto el auto del juez Castro como el recurso del fiscal que se opone a la imputación sosteniendo que la Infanta no sabía nada las andanzas de su marido, ya están listas. También se espera que se opongan Hacienda y la Fiscalía de Estado que tienen la misma argumentación.
En los sondeos, casi el 80 por ciento de los consultados opinan que es imposible que la Infanta no estuviera involucrada y que desde la Casa Real se manipuló la influencia de altas instancias del estado para evitar que Cristina vaya a la cárcel.
La infanta, de 49 años, habría, según el magistrado, cooperado con su esposo, imputado junto a su ex socio Diego Torrres por haber presuntamente malversado más de seis millones de euros de dinero público mediante el Instituto Noos, una sociedad sin ánimo de lucro que presidió entre 2004 y 2006 y que firmó varios contratos con gobiernos regionales para la organización de actos relacionados con el deporte.
Impacto para Felipe VI
Cristina era vocal en la junta de Noos, además de ser propietaria al 50% con Urdangarín de la empresa Aizoon, que el juez sospecha fue utilizada como pantalla para blanquear el dinero malversado.
En su declaración ante el magistrado, Cristina, que apareció serena y sonriente ante la prensa, afirmó no tener "nada que ver" con los negocios de su marido y haber participado en Noos y Aizoon porque Urdangarín se lo pidió y ella "confiaba" en él.
Con la abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación de su hijo como Felipe VI, Cristina, al igual que su hermana mayor Elena, salió automáticamente del círculo restringido de la familia real.
Este incluye a partir de ahora al rey, a la reina Letizia y a las dos hijas de ambos, Leonor y Sofía, de 8 y 7 años respectivamente, así como a Juan Carlos y Sofía, que mantienen el título de “reyes” con carácter honorífico.
Cristina ya estaba, desde finales de 2011, alejada, al igual que su esposo, ex medallista olímpico de balonmano de 46 años, de todas las actividades oficiales de la familia, primera medida que habían tomado la Casa Real para intentar evitar que el escándalo se propagase.
A este título, la infanta Cristina estuvo ausente el jueves de la ceremonia de proclamación de su hermano ante diputados y senadores reunidos en el Congreso, en Madrid.
Pese a este distanciamiento, queda por ver qué impacto, en el caso hipotético de que fuese enviada a juicio, puede tener el escándalo en la popularidad del Felipe VI, y si la inesperada abdicación de Juan Carlos I logró crear un cortafuegos susceptible de preservar a su hijo.
Cierran causa por genocidio en Tíbet
Madrid. La justicia española decidió ayer archivar una causa por presunto “genocidio” en Tíbet contra altos dirigentes chinos, entre ellos los ex presidentes Hu Jianto y Jiang Zemin, tras una reforma de la justicia universal que limita su aplicación, informó una fuente judicial.
El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial del país, decidió “por 9 votos a 7, el sobreseimiento de la causa que se seguía contra dos ex presidentes y otros seis ex altos cargos del gobierno chino”, informó la fuente. Los magistrados consideraron que “conforme a la reforma de la ley de justicia universal, España no tiene jurisdicción para perseguir unos hechos tipificados como genocidio y lesa humanidad porque los ocho querellados no son españoles, ni residen habitualmente en España”, precisó.
Valiéndose del principio de justicia universal, por el que España se consideraba competente para perseguir este tipo de crímenes si no habían sido objeto de una causa en el país concernido, el denominado Comité de Apoyo a Tíbet presentó en 2006 una querella contra Jiang Zemin, Hu Jintao, el ex primer ministro Li Peng y otros cinco ex altos responsables chinos.
En noviembre la Audiencia Nacional emitió una orden de detención internacional contra cinco de ellos -incluidos Jiang y Li- por considerar que existían “indicios de su participación” en campañas de represión en Tíbet en los años 1980-1990.
