25 de abril de 2018 - 00:00

Aída Kemelmajer sobre el aborto: “Espero que se respete la autonomía de la mujer”

La prestigiosa jurista expresó su posición sobre el tema. Dice que debería legalizarse durante los 3 primeros meses de embarazo.

“Si partimos de absolutos nunca nos vamos a poder poner de acuerdo con el otro, porque no se puede argumentar”, fue una de las frases con las que la reconocida jurista Aída Kemelmajer abrió su disertación ayer sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Facultad de Derecho de la UNCuyo. En este ámbito manifestó que espera que el Congreso Nacional apruebe un proyecto que respete la autonomía de la mujer, al tiempo que opina que ésta no es absoluta sino que depende del desarrollo del feto.

Kemelmajer, quien lucha por la despenalización del aborto desde hace más de tres décadas, planteó que el debate parece oponer visiones del mundo irreconciliables. Sin embargo, resaltó que tanto quienes están en contra del aborto como quienes defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo comparten la mirada de que es una decisión trágica y que se trata de una práctica que debe ser evitada.

"Nadie discute que la protección del feto es un bien relevante", planteó.

Para analizar la problemática desde un punto de vista jurídico y determinar si es inconstitucional despenalizar el aborto (como opinan algunos) o, por el contrario, lo es considerarlo un delito (su posición), tomó como referencia una sentencia de Brasil de noviembre de 2016. En este país, al igual que en el nuestro, está penalizada la interrupción voluntaria del embarazo. Pero el juez de la Corte brasileña Luis Roberto Barroso estableció que considerarlo un delito durante los tres primeros meses del embarazo es inconstitucional.

En su argumentación, continuó la jurista mendocina, el juez brasileño señaló que en el primer trimestre tiene que primar la autonomía personal de la mujer y sólo debe dar como motivo para interrumpir el embarazo la propia voluntad. Esto, porque en esta etapa el feto es incipiente y de otro modo es plantear que la mujer "está para" o tomarla como si sólo fuera un útero.

Aída Kemelmajer se mostró conmocionada con el hecho de que algunas legisladoras -mujeres- señalen que cuando la mujer decide interrumpir el embarazo sin consultar a su compañero, esposo o amante está “violando los derechos del padre”. Así, lanzó que están considerando que la propiedad del cuerpo de la mujer es del hombre, como ocurría con el derecho romano.

Kemelmajer se mostró también preocupada por el hecho de que el ministro de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti se haya expresado en contra del fallo FAL de la Corte, que interpretó de modo amplio un artículo del Código Penal y fijó que no es punible el aborto cuando el embarazo es producto de una violación, con independencia de la capacidad mental de la víctima. Y también, en contra de otro fallo de 2001 que autorizó la inducción del parto de un feto anancefálico (sin cerebro).

"En Argentina ha llegado el momento de los legisladores. Quisiera que el debate termine con un proyecto que respete la autonomía de la mujer", resaltó.

Pero también planteó que, en su opinión, esta autonomía no debe ser absoluta, sino estar limitada por el desarrollo del feto y que el tiempo -sean 12 o 24 semanas- se debe discutir.

"En los primeros meses el feto depende absolutamente del cuerpo de la mujer", señaló.

A la hora del debate, uno de los alumnos de Derecho le consultó cómo esto era compatible con el artículo del Código Civil que fija que la vida comienza desde la concepción. Kemelmajer señaló que también la Convención Internacional de Derechos Humanos menciona que la vida debe protegerse a partir de este momento, pero indicó que esa protección debe entenderse de modo progresivo.

Otra de las preguntas de los asistentes se refirió a la objeción de conciencia. La jurista planteó que debe estar incluida en la normativa porque no se puede obligar a un médico a administrar una pastilla o hacer un procedimiento que, desde su punto de vista, está en contradicción con el ejercicio de la Medicina.

Pero indicó que los profesionales que trabajan en hospitales públicos deben explicitar esta objeción y que quede asentada, de modo que el Estado busque otros médicos que no tengan esa objeción para poder asegurar la prestación del servicio. Esto, porque al reconocer el derecho a interrumpir el embarazo también se debe asegurar que este pueda ser ejercido por todas, tengan o no los medios para pagarlo.

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