Después de archivar la primera denuncia, el Ministerio Público cambió de postura y consideró que la Justicia española puede investigar las acusaciones de dos exempleadas del cantante.
Giro en la causa contra Julio Iglesias: la Fiscalía española avaló investigarlo por presunta agresión sexual.
Foto:
La Fiscalía española dio un giro en la causa contra Julio Iglesias y avaló la posibilidad de abrir una investigación por presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas del cantante, casi nueve meses después de haber archivado la primera denuncia.
Según informaron este jueves fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía emitió un informe favorable para que la Audiencia Nacional de España pueda intervenir en el caso y analizar los hechos denunciados por las dos mujeres, quienes aseguran haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos mientras trabajaban en propiedades del artista.
Las presuntas agresiones habrían ocurrido en 2021, en residencias de Iglesias ubicadas en Bahamas y República Dominicana, es decir, fuera del territorio español.
Esa circunstancia había sido uno de los principales argumentos para rechazar la primera denuncia presentada en enero. Sin embargo, el Ministerio Público modificó ahora su criterio y consideró que la Audiencia Nacional puede tener competencia para investigar.
La decisión no implica que se haya iniciado formalmente una investigación judicial, ya que será un juez quien deberá determinar si corresponde abrir las pesquisas.
Las dos mujeres sostienen que fueron víctimas de agresiones sexuales, acoso y malos tratos mientras trabajaban en propiedades del cantante durante 2021.
De acuerdo con los testimonios recogidos por la organización Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, las denunciantes afirmaron que Iglesias las habría agredido y acosado sexualmente.
Además, aseguraron que el artista revisaba regularmente sus teléfonos celulares, les impedía salir las viviendas donde trabajaban y les exigía jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin días de descanso ni contrato.
En septiembre, las denunciantes difundieron una carta abierta en la que reclamaron que la Justicia les "reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia".
ONG Women's Link Worldwide, representante de las denunciantes, estimó que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España".
Por su parte, el cantante español, de 83 años, rechazó las denuncias y negó haber cometido los hechos que le atribuyen sus exempleadas. Calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” y aseguró que nunca abusó, coaccionó ni faltó el respeto a ninguna mujer.
