El gobierno de Mariano Rajoy quedó del otro lado de la cornisa. El riesgo, su posibilidad concreta, de que caiga y se deban adelantar elecciones, es una buena noticia porque indicaría que las instituciones funcionan en España. No es seguro que suceda pero si así ocurriera se demostraría un valor adicional superior que es el de que existe finalmente un límite a la impunidad.
Lo que hace particularmente necesaria esa definición es por el calado de este escándalo de corrupción, considerado quizá el de mayor gravedad que experimenta el país desde el final de la dictadura franquista. Es decir, parte de lo peor que ha sucedido en la democracia española. El caso involucra, además, no sólo al presidente del Gobierno por haber cobrado dinero negro durante 11 años, sino a la totalidad del gobierno y de la cúpula del Partido Popular que es la cabeza del Ejecutivo.
Lo que ha dejado a la luz pública la investigación de la prensa española es que empresas privadas de servicios (en gran parte ligadas al negocio de la construcción), derivaban fondos caracterizables como sobornos que el tesorero del partido distribuía como sobresueldos a todos los miembros del directorio de la agrupación, incluyendo personajes de notable influencia como el ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato.
Eso sucedía en el apogeo de la burbuja inmobiliaria, un fenómeno que, al estallar, armó los cimientos de la actual crisis del país pero que incluyó una enorme franja de apetecible obra pública. La pregunta que se multiplica es qué es lo que pagó esa plata y qué tipo de acuerdos de conveniencia y trasiego de influencias se ofrecían a cambio.
El gobierno de Rajoy, al menos hasta ayer, reaccionó del peor modo denunciando trampas y conspiraciones y negando la validez de las pruebas que reunió, con forma ya de una alta montaña, la prensa de su país. No debería sorprender. Un dato notable es que las declaraciones de ingresos del presidente, presentadas en el Congreso, excluyen todo el período que va desde 1990 a 2008 y sólo están datadas desde 2010.
Este sistema de recaudación ha tenido, sin embargo, hitos demasiado gruesos como para haber transcurrido invisible dentro de una contabilidad que la segunda del partido, Dolores de Cospedal, acaba de definir sin red como transparente. Lo cierto es que el tesorero del partido Luis Bárcenas, que ha dado su apellido a este notable escándalo, escamoteó 22 millones de euros que aparecieron primero en Suiza y luego se habrían regado sobre un gigantesco emprendimiento rural en el norte de Argentina, armado por otro ex polémico contable del PP.
El diario El País sostiene en su investigación que “desde la etapa de la presidencia de José María Aznar hasta la de Rajoy incluida, los principales dirigentes del partido han cobrado un sobresueldo que ni el partido ni ellos declaraban al fisco”. Esta naturalización de la corrupción fue, según el mismo periódico, una idea de Aznar para no aparecer cobrando una abultada suma como presidente y escabullir como sobresueldo o gastos de representación la tajada que se ocultaba.
Frente a todas esas evidencias, Cospedal enhebró la idea de una mano negra pero lo hizo en un terreno fangoso. “Es bastante sorprendente que justo cuando empezamos a remontar ...”, dijo sugiriendo que España se encuentra resolviendo su crisis y que este intento pretendería sabotear ese camino.
Lo cierto es que esos logros no existen. Por el contrario, la crisis social en España no ha dejado de profundizarse. Es paradójico. Si Rajoy logra pergeñar alguna artimaña para eludir el abismo sobre el que se balancea, quizá tenga éxito debido a esa profunda transformación que ha hecho, su gobierno, de España.
La crisis en el país no es, como se supone, una consecuencia de medidas erradas que llevan a efectos negativos y este tremendo daño en el ingreso de las familias como estación final. Por el contrario, hay una visión detrás de este esquema y mucho de premeditado en esos resultados. El año pasado el Producto Bruto cayó 1,3% según datos oficiales. Pero la desocupación en el mismo período, se acentuó 3,6 veces más. ¿Por qué ocurre eso?
Entre otras razones, debido a que la reforma laboral liberó las manos de las empresas para ajustar sus plantillas hasta límites extremos. Un análisis del diario financiero Cinco Días lo pone en términos muy concluyentes. “Las empresas han ajustado hasta límites de estrés en muchos casos. La imposibilidad de hacerlo antes por el costo (indemnizatorio) provocaba que la empresas mantuvieran plantillas hinchadas. Ahora, en muchos casos se han excedido en el ajuste forzando una productividad hasta los límites”. En otras palabras, se hizo endeble el mercado laboral, se redujeron sueldos en forma geométrica y se dejó a su suerte a un remanente de desocupados que supera el 26%, sacrificados en el altar de una productividad con perfiles cuasi chinos.
La contraparte de esta paradoja, es que cuando la economía de la gente va mal, la impunidad de sus dirigentes es un trago que se vuelve mucho más amargo y difícil de tolerar. En los años de prosperidad era sabido que el rey cazaba elefantes o que su familia distaba de la foto de postal que se presentaba. Pero de eso no se hablaba.
Ahora que el derrumbe todo lo contamina, en medio de amantes que aparecen por las ventanas, se sabe que el yerno de Juan Carlos puede acabar en la cárcel hundido en su propio capítulo de corrupción y hasta arrastrar en el fango del proceso a su mujer, la infanta Cristina.
A Rajoy no le va diferente en ese camino. Si sorprende la enorme extensión temporal que ha tenido esta cadena de cobro de dinero negro, no debería asombrar que ahora y no antes alcance tal enorme impacto político.
Es que sucede cuando está siendo observado por un pueblo que tiene uno de cada cuatro trabajadores en la calle, y que muchos de ellos no saben cuándo los echarán de sus casas porque no pueden pagar la cuota que el banco, que ha salvado el gobierno con los impuestos de todos, le exige que rinda sin quejarse.