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El ministro de Salud, Ginés González García, anunció esta tarde formalmente la actualización del protocolo de aborto no punible, una guía sobre cómo deben actuar las instituciones y los profesionales de la salud para atender a las pacientes que, por las causales previstas en el Código Penal, pidan realizarse un aborto. Y sostuvo que este manual debe ser de aplicación "en cualquier lugar de la Argentina".
Aunque no lo dijo específicamente, la aseveración pareció estar destinada a los gobernadores de algunas provincias que no adhirieron al protocolo y teniendo en cuenta casos de niñas embarazadas a las que se les negó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pese a que habían sido violadas, motivo por el cual el aborto es no punible según la ley penal Argentina desde hace casi un siglo.
"Esta guía de procedimientos es para sistematizar y para que en cualquier lugar de la Argentina se cumpla de igual manera y con igualdad de derechos a cualquier habitante de nuestro país", dijo el ministro en una conferencia de prensa en la que anunció el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la ILE.
González García sostuvo que "lamentablemente el combate contra el protocolo que han hecho algunas provincias, la propia Nación argentina, el propio presidente [Mauricio Macri] recientemente involucrado, ha generado además de una confusión cierta intimidación sobre los profesionales que tienen que cumplir con la ley".
Al respecto, afirmó que el protocolo sirve para que estos profesionales "tengan todo el respaldo del Gobierno nacional y de la ley".
Sobre la aplicación en las provincias, González García dijo que "en un país federal mucho depende de que se adhieran o no", pero señaló que confía en que "mayoritariamente se adhieran".
"Lamentablemente algunas provincias grandes, sobre todo Buenos Aires, que es muy determinante de lo que pasa en el país, por su cantidad de habitantes, por ejemplo, no aprobaron al protocolo", planteó, y de esta manera criticó a la gestión de la gobernadora macrista María Eugenia Vidal.
Sostuvo que "sin prejuicio de que va a haber seguramente algunas organizaciones antiderechos que van a cuestionar", lo que el gobierno de Alberto Fernández está haciendo es "dar un instrumento sanitario para que se cumpla, no solo con la ley, sino con los derechos de las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción del embarazo".
El funcionario señaló que el protocolo se publicará este mismo viernes en el Boletín Oficial y se refirió a la objeción de conciencia, que pueden invocar algunos médicos para excusarse de prácticar abortos permitidos por la ley.
"Obviamente somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser la objeción de conciencia una coartada institucional para que no se cumpla con la ley. Lo que establece la ley es que respeta la objeción de conciencia pero [una paciente] no puede quedarse sin respuesta institucional", aseveró.
Sostuvo que "hay instituciones que colectivamente han intentado hacer esto", es decir impedir la realización de la ILE, cuando en realidad deben cumplir la ley, que establece que deben "permitir y hacer disponible" el aborto "para quien esté en esta situación permitida por la ley".
"Lo que nosotros no queremos es que esto, como lo van a querer tomar algunos, se convierta en un combate. Esto no es un combate, ni una búsqueda de votos, ni una decisión que se toma para ganar una elección. Esto claramente es cómo se ejercita un derecho y cómo se cumple con la ley", aseveró tajante.
En relación con el acceso al aborto no punible, González García dijo que siente que el país ha evolucionado y que "estamos peor que antes", y cuestionó que en las provincias "se utilice a la Justicia para incumplir la ley", en alusión al caso de "Lucía", la niña tucumana de 12 años que quedó embarazada tras ser violada por su abuelastro y a la que el Gobierno provincial le impidió realizarse un aborto, pese a que lo habían solicitado ella y su familia en el marco de la ley.
"Además de lo que digan la ley y el protocolo, puedo garantizar mi compromiso personal de actuar en esas circunstancias. Obviamente, de hecho, por ejemplo en el caso de Tucumán, aunque no tenga ningún tipo de función he tenido siempre contacto con los médicos acusados y eventualmente con parte del Gobierno, de tal manera que esa locura no siguiera. Pero convengamos que no es una cosa fácil y realmente yo siento que es muy absurdo lo que pasa, porque se usa a la Justicia para que no se cumplan las leyes", cuestionó.
